El pingüe negocio que hacen los dueños de las AFP con la complicidad del Estado chileno

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Denuncian en la Contraloría General de la República impedimento para acceder a la información pública en la Municipalidad de Las Condes y campaña orquestada para bajarle el perfil al futuro dictamen de la investigación sumaria que está desarrollando esa entidad de control y fiscalización en la Dirección de Obras de ese municipio con ocasión de los 19 permisos de edificación otorgados con normas derogadas.

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Abogado de vecinos afectados y Agrupación Defendamos la Ciudad insisten en que el permiso de construcción otorgado por el municipio de Las Condes es ilegal.

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Santiago crece y para ello tiene subsidios y bajos intereses. Los suelos agrícolas se respetan a veces. Y las empresas aprovechan la confusión entre planificación urbana y especulación inmobiliaria. Ahora sí que Santiago está en un hoyo negro.

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Asegura que se cumplió con la ley en venta de terreno fiscal en Las Condes.

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A raíz de la controversia existente con ocasión de la norma urbanística a aplicarse para tal propósito, solicitan a la Contraloría General de la República un dictamen aclaratorio.

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OTÓN GUTIÉRREZ Ministra Rommy Schmidt informó que se investiga si hubo irregularidad o negligencia de Víctor González en el trámite.

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Organización ciudadana y vecinos de una comunidad de Las Condes denunciaron hoy día en la Contraloría una connivencia entre el Seremi de Bienes Nacionales del gobierno pasado y una sociedad de inversiones que desea construir un edificio de 17 pisos en la calle Rosario Norte de esa comuna sin que el titular del proyecto cuente con la superficie mínima predial de 1.500 m2 contemplada en el Plan Regulador Comunal respectivo.

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Mientras no se enmiende la ley General de Urbanismo y Construcción, las ciudades se van a seguir destruyendo en beneficio de los edificios de departamentos en altura. El Director de Obras de Chillan así lo demuestra y la ley le da la razón. Lea la entrevista al autoritario Director de Obras de Chillán, publicada en www.diarioladiscusion.cl

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Conozca con lujo de detalles en www.privatizaciones.cl el resultado de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre las privatizaciones de las empresas del Estado durante el período 1973-1990.

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Las acciones de un privado denunciadas por la agrupación intentan que el Fisco de Chile le transfiera un predio del Estado, con el cual podrá edificar en altura.

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En conferencia de prensa efectuada hoy en la mañana, la Federación Aérea de Chile y la agrupación “Defendamos la Ciudad”, dieron a conocer nuevos antecedentes sobre las actuaciones inconsultas de las autoridades del gobierno pasado, cuyas consecuencias se hacen sentir hoy día.

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Agrupación "Defendamos la Ciudad" se reunió con el Intendente Metropolitano Víctor Barrueto para tratar esa materia y otras.

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La agrupación ambientalista Defendamos la Ciudad denunció una apropiación indebida de parques públicos amparada por las autoridades sectoriales en beneficio de privados, y llamó al Gobierno a interceder para recuperar los terrenos que aún se encuentran sin edificar y obtener compensaciones para la ciudad en el caso de los sitios ya perdidos.

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Director de la Agrupación Defendamos la Ciudad, que había objetado el negocio inmobiliario ante la Contraloría, expresó su disconformidad con la resolución, pero se manifestó confiado en que será rectificada en instancias superiores.

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Los socios del mencionado estadio, a través del abogado y socio Pedro Foncea, se hicieron parte en el juicio a favor del dictamen de la Contraloría porque ellos hicieron valer sus derechos adquiridos en orden a utilizar las dependencias recreacionales y deportivas de esa instalación. El Consejo de Defensa del Estado asumió la posición jurídica de la Contraloría General de la República.

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Por Ramón Del Piano. Como el urbanismo está al final de un encadenamiento de decisiones políticas – no al principio – estas líneas seguirán esa idea en las que el estado es subsidiario y en que privados bien informados, actúan seguros y certeros en la ejecución de dichas tareas.

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A raíz de denuncia formulada por organización ciudadana en la Contraloría General de la República, en contra de la Municipalidad de Pudahuel, Seremi de Vivienda y Urbanismo, Conama y Corema Metropolitanas, organismos de la Administración del Estado que se coludieron para "interpretar a su amaño" las normas legales del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y Plan Regulador Comunal de Pudahuel con el propósito de hacer realidad la consecución de un negocio inmobiliario privado en un área verde protegida por el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), dicho órgano superior de fiscalización dejó sin efecto todos los permisos otorgados por los mencionados servicios públicos.

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La discusión acerca de cómo debe cambiar la fisonomía de las ciudades ha dejado fuera a los principales actores: sus habitantes. Cambiar los planes reguladores se ha convertido en un gran negocio, que ninguna comuna está dispuesta a dejar escapar.

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