Defendamos la ciudad

Jorge Molina Sanhueza El máximo tribunal rechazó la apelación interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado y la Agrupación Defendamos la Ciudad, confirmando lo razonado por el tribunal de alzada capitalino. La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó ayer un dictamen del tribunal de alzada capitalino, lo que permitirá que el Club Deportivo Universidad Católica (CDUC) podrá vender los terrenos de Santa Rosa de Las Condes e iniciar así un proyecto inmobiliario de 30 millones de dólares, en contra del criterio de los socios de la entidad y la Agrupación Defendamos la Ciudad (ADLC). Así da cuenta el fallo -de poco más de media página- al que tuvo acceso La Nación que rechazó la apelación interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El predio donde están ubicadas las dependencias de CDUC fue donado en 1970 por el Estado a la Universidad Católica para que los educandos lo usaran en actividades deportivas. Sin embargo, durante la dictadura militar la UC lo transfirió al club. A juicio de Patricio Herman, presidente de ADLC, este hecho tenía características irregularidades que ninguna autoridad desde el retorno a la democracia quiso corregir.Así fue como en 2005 se conoció la intención del CDUC de vender estas tierras, consiguiendo un permiso de las autoridades respectivas, a saber la Municipalidad de Las Condes y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Los socios del CDUC, que desean seguir haciendo deportes en ese lugar, recurrieron bajo la representación del abogado Pedro Foncea a la Contraloría General de la República. El organismo fiscalizador, en septiembre del año pasado, en un dictamen administrativo que llevó la firma de la futura titular del servicio Noemí Rojas Llanos, rechazó las autorizaciones al proyecto. La contraofensiva Los directores del CDUC, sin embargo, estimaron que el dictamen de la Contraloría vulneraba sus derechos constitucionales y presentaron un recurso de protección a la Corte de Apelaciones. El tribunal de alzada el pasado 25 de abril, sin embargo, revocó lo razonado por la Contraloría y en su reemplazo emitió un fallo aprobando el proyecto de la CDUC, el que fue ampliamente criticado por la ADLC. Pese a ello, la Suprema estimó, tal como lo hizo el tribunal inferior, “que el control de la legalidad de los actos de la administración que la Contraloría realiza es de carácter puramente formal” y “no parece sensato pensar que el órgano contralor pueda entrar a calificar la legalidad de fondo...”, ya que “la autoridad encargada de velar por la correcta aplicación de la normativa urbanística es la municipalidad respectiva, y en particular su director de Obras...”. Este medio consultó al abogado Pedro Foncea, quien aseguró que, pese a lo negativo del fallo, existen algunos recursos que aún se pueden interponer, como por ejemplo la nulidad de derecho público para que se revise la forma en que se traspasaron los terrenos desde la casa de estudios al CDUC. Sin embargo, con un dictamen de la Corte Suprema, quizás muchos otros órganos, entre ellos las propias autoridades del Serviu y la Municipalidad de Las Condes, entenderán que existe una aprobación más que tácita para sus intereses comerciales.