Defendamos la ciudad

Por D. Rojas / A. Valencia Altos edificios al lado de pequeñas casas en barrios que han sido tradicionalmente residenciales. Esas grandes construcciones, no siempre respetan a los vecinos, y muchas veces terminan dañando el subsuelo para elevar las construcciones. La oferta de departamentos crece y los problemas para los vecinos que mantienen sus casas al lado de los bloques de concreto también. Gina Fogliatti tiene que destruir su vivienda luego de que una construcción aledaña de gran altura dañara completamente el subsuelo de su propiedad. El motivo: 8 estibaciones por tensores en un terreno de 11 por 22 metros. O sea, elementos que se introducen en el subsuelo de los terrenos colindantes para evitar el desmoronamiento del mismo. Peor el remedio que la enfermedad. Su casa está partida en dos. Ñuñoa no es el único caso, y por eso los vecinos se han agrupado para resistir frente al desarrollo de nuevas construcciones que pueden afectar a otros particulares. Hace dos meses distintas redes y agrupaciones vecinales, cuyo objetivo es defender el barrio, se agruparon en la Red Ciudadana por Ñuñoa. Adriana Araneda, arquitecta e hija de Gina Fogliatti, ha sido una de las más empecinadas en denunciar el daño a la propiedad privada por parte de las constructoras. “Nosotros pensamos que la batalla hay que darla en distintos frentes, pero sin duda el más efectivo es el técnico”, explica Araneda, y agrega que en Ñuñoa hay varios permisos de edificación que ha otorgado el director de Obras de la comuna y donde han sido mal aplicadas las reglas. Por eso es importante hacer un trabajo de orden técnico para descubrir las fallas”. Patricio Herman, de Defendamos la Ciudad, señala que “dado que el Estado chileno no está interesado en fiscalizar estas materias y deja que el mercado se regule solo, les sugerimos a los vecinos que tienen este tipo de problemas que acudan a nosotros, porque somos un ente fiscalizador. Para él, estas prácticas sólo constituyen una violación al derecho de propiedad por parte de las constructoras. ¿Algo nuevo bajo el sol? Javier Wood, jefe de Desarrollo Urbano de la Seremi de Vivienda, explica que la debilidad de la comunidad frente a las inmobiliarias, generó una modificación a la Ley General de Urbanismo, para permitir la participación ciudadana en la elaboración de planos reguladores desde las primeras etapas. “Hasta ahora la participación ciudadana se integra en las etapas de aprobación, que son las últimas, y lo ideal es que tengan el espacio incluso con talleres en las etapas de diagnóstico y elaboración del proyecto y el anteproyecto. Para eso se está preparando la modificación a la ley para la participación ciudadana temprana. De todos modos, como ministerio, en todas las licitaciones para planos reguladores en 25 comunas ya está exigiendo en las bases la participación temprana”, señala. Según explica, el vecino tienen todo el derecho de saber e informarse sobre la edificación que se levanta, y para eso debe acudir a la municipalidad, pues el municipio publica los permisos de edificación acorde a lo permitido en el plano regulador. A su vez, cada obra que está comenzando, debe pegar en la puerta el permiso de edificación correspondiente. Y es la Dirección de Obras de la municipalidad la que debe fiscalizar eso. Pero eso es lo ideal, porque luego de ocasionado el daño, son otras las instancias a las que se debe recurrir. “Durante las faenas, es la Dirección de Obras de la municipalidad la que está obligada a fiscalizar incluso las tareas de subsuelo. Si la empresa no cumple, pueden paralizar las obras. Terminada la construcción, la responsabilidad de la constructora cubre los siguientes cinco años. Si los daños ocurren después de ese período, todo se transforma en un litigio entre privados. En el caso de la vivienda de Ñuñoa, procedió una demanda civil, que es lo que corresponde”, dice Wood. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Arriagada, concuerda con Wood, al señalar que todos los ciudadanos tienen derecho por ley a recibir la información que requiera sobre la elaboración de un nuevo plan regulador antes de su ejecución y que ésta debiera estar en Internet. “Si el ciudadano siente que hay alteración del plan, puede reclamar a la oficina de partes y el alcalde está obligado a responder a través del director de Obras en un plazo de 15 días. Y está obligado a responder no sólo reclamos, sino también consultas. Si no hay respuestas se infringe la norma, se puede acudir al Concejo Municipal. Si eso no prospera, es posible presentar una denuncia en el juzgado de policía local, acudir a la Contraloría General de la República y la Seremi de Vivienda. Desde que la empresa privada ingresa al sistema para edificar, toda la información es pública. si no hay respuesta, es posible acusar a las autoridades respectivas por abandono de deberes”. Pero, según él, luego de que una vivienda haya sido dañada por una construcción contigua, el tema se torna más complejo, ya que “los municipios no tiene facultades para ejercer en el subsuelo. La competencia ahí es del Ministerio de Vivienda. Es engorroso. Pero si los daños son de la superficie hacia arriba, sí es competencia de la municipalidad, siendo los inspectores municipales los encargados de velar por ello”.