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Artículo de Patricio Herman y Moisés Sánchez, publicado en La Nación, jueves 14 de julio de 2005. Cuando era alcalde de Santiago, el candidato presidencial de la UDI estableció el secreto para una amplia gama de información. Será secreta por 20 años la documentación de las licitaciones y contrataciones del municipio.
Organización ciudadana fiscalizadora, Defendamos la CIudad, interpela a la Municipalidad de Santiago por haber declarado secreta una serie de información que por su naturaleza tiene el carácter de pública.
El diputado Accorsi solicitó a la Contraloría que rechace la desafectación de 23 hectáreas de terrenos que están en el perímetro de protección del reactor nuclear de La Reina y que serían utilizadas para la construcción de viviendas sociales. El parlamentario pidió la intervención del organismo junto al miembro del Consejo Metropolitano de Santiago (Core) Pedro Saitz y al integrante de la agrupación Defendamos la Ciudad Patricio Herman.
La Fundación Valle Lo Aguirre, dependiente de la Universidad de Chile, presidida por el ex ministro de Defensa Patricio Rojas, aprovechándose de la precaria institucionalidad ambiental, logró que su proyecto de construcción en el Parque Metropolitano Laguna Carén fuera aprobado por la Corema. Ante tal irregularidad, la Agrupación "Defendamos la Ciudad" y el Movimiento "Acción Ecológica" recurrieron el viernes 8 de julio recién pasado a la Contraloría General de la República para que ésta anule la Resolución de Calificación Ambiental respectiva en función de la preservación de esa área verde de uso público.
Violación, por parte de un privado, a las normas de vialidad del MOP generará accidentes del tránsito por distracción en la visibilidad de los automovilistas.
Alcalde de Las Condes, con el propósito de dilatar la demolición de un edificio ilegal en calle Carmencita Nº 262, según informe técnico-jurídico de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, le solicitó al Juez de Policía Local de Las Condes que iniciara un sumario a la Directora de Obras para determinar las razones que tuvo para proceder al margen de la Ley.
Columna de Patricio Herman, de la Agrupación Defendamos la Ciudad.
Irreverentes, desconfiados de la autoridad, buscadores de nuevas formas de presión, mediáticos, y cada vez mas convencidos de que la unión hace la fuerza, aunque el problema no esté en su barrio. Es el perfil que se advierte en la organización de los vecinos movilizados contra proyectos o decisiones que afectan sus intereses. Porque a pesar de que este tipo de conflictos tiene historia en Santiago, lo nuevo está en la forma como asumen la acción ciudadana, pareciéndose cada vez más al activismo de las ciudades más desarrolladas.
Los residentes de dicho barrio mantienen un recurso de protección ante la Corte Suprema y su principal crítica es que este proyecto no fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por el Mop.
Se presentó un recurso de reposición el martes 28 de junio, ante Eduardo Dockendorff, ministro Secretario General de la Presidencia, por no cumplir éste con el principio de inexcusabilidad establecido en el artículo 14º de la Ley Nº 19.880 sobre Procedimiento Administrativo.
28 de junio de 2005. Sin duda alguna, el interés público por los asuntos relacionados con la probidad y transparencia ha aumentado, de manera notable, en los últimos años. De cierta manera, la ciudadanía ha asumido una postura más crítica respecto de los actos de sus mandatarios, lo que se ha visto reflejado también en un aumento de la cobertura de prensa sobre estos temas. No obstante, la verdad es que la mayor parte de los actos de las autoridades escapan del debido control ciudadano, lo que genera los “espacios” necesarios para que en muchos casos se perpetúen prácticas que son atentatorias en contra de sus derechos, especialmente el de acceder a la información. Este conjunto de prácticas, construidas sobre su correlativo substrato cultural autoritario, es lo que se ha denominado “cultura del secretismo”.
Denuncia formulada en la Contraloría General de la República con respecto a un contundente informe de la Seremi de Vivienda y Urbanismo que declaró irregularidades en millonario proyecto inmobiliario ejecutándose en la comuna de Lo Barnechea porque su titular no cedió el porcentaje legal de áreas verdes al uso público. La Junta de Vecinos "Jardín La Dehesa" y la Agrupación "Defendamos la Ciudad" le solicitan al ente contralor que envíe los antecedentes incriminatorios al Consejo de Defensa del Estado para que éste ejerza las acciones legales de rigor
A raíz del ORD. N º 1276 del 20 de abril de 2005 de la Seremi de Vivienda y Urbanismo que ratificó su ORD. Nº 700 del 3 de marzo de 2005, mediante los cuales se estableció que la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes violó su Plan Regulador Comunal al otorgar erróneamente el permiso de construcción que ampara el edificio situado en calle Carmencita Nº 262 del barrio el Golf en la comuna de Las Condes, la Contraloría General de la República validó la determinación legal del Minvu, lo que significa que el edificio en cuestión deberá ser demolido, tal como lo ordena el artículo Nº 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Intentan violar dictamen de la Contraloría General de la República que impidió la construcción de la Universidad Finis Terrae en el Cerro Isla del Medio, área verde situada en la comuna de Lo Barnechea. Desconocidos están extrayendo de esa área verde protegida por el PPDA innumerables especies arbóreas nativas y por tal razón con fecha 20/06/05 se ha formulado la denuncia respectiva en el ente fiscalizador.
A septiembre de este año se quiere adelantar el inicio de la construcción del Acceso Nororiente de Santiago. Tanto la sociedad concesionaria, Autopista Nororiente de la española Itinere del grupo Sacyr, como el Ministerio de Obras Públicas, están haciendo lo necesario para adelantar el desarrollo de la obra, sin embargo, el plazo final para esto vence en enero de 2006.
Se eliminó la exención a pago de contribuciones y se establecieron condiciones que consideran inconstitucionales.
Agrupación "Defendamos la Ciudad" asegura que el Estado no ha desafectado de su condición de bien nacional de uso público el terreno que ocupa el club deportivo.
La autopista Los Andes o Ruta 60 CH –que une esa ciudad con Peñablanca, cerca de Limache-, no es una prioridad para el Gobierno y el poco avance de sus obras es una evidencia clara.
En Conferencia de Prensa en la Casa de los Concejales de la Municipalidad de Providencia, 4 organizaciones ciudadanas denunciaron un burdo intento especulativo, por parte de la sanitaria Aguas Andinas, quien ingresó irregularmente a tramitación en la Municipalidad de Providencia un megaproyecto inmobiliario a emplazarse en su terreno privado de 7,7 hectáreas -afectado como área verde- de Pocuro con Antonio Varas, en donde se sitúan sus estanques de agua.
Dada la necesidad de “mejorar la información a usuarios, empresarios y conductores”, la autoridad prorrogó en 60 días el comienzo del emblemático proyecto. Claro que el gremio microbusero plantea otra cosa: “La verdad es que no hay infraestructura ni buses para partir”.