Defendamos la ciudad

Osvaldo Colombo En octubre del año pasado, la directiva del Club Deportivo de la Universidad Católica presentó un anteproyecto a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes con el fin de formar “la ciudad deportiva más grande de Sudamérica”. El plan incluía trasladar todas sus instalaciones desde Santa Rosa de Las Condes hasta San Carlos de Apoquindo, más la venta de las 4,6 hectáreas del primer terreno. Como el inmueble es área verde, debían esperar que las autoridades se pronunciaran sobre su recalificación. Había que cambiar el uso de suelo. En marzo de este año, la seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, Verónica Serrano, aprobó la aplicación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), número 2.1.31, que permite desafectar, para bienes inmobiliarios, hasta el 20% de un área verde no ejecutada. La condición era que la superficie restante debía destinarse, en forma inmediata, a un parque público implementado: “En este caso, no se está cambiando el uso de suelo. Los postulantes sólo se están acogiendo a un derecho de la OGUC que permite edificar en un porcentaje del terreno”, aclara. “El permiso lo otorga la Dirección de Obras Municipal. Cuando ellos nos consultaron la procedencia de dicho artículo evaluamos que sí era factible”, agrega Serrano. El club deportivo llamó a una licitación a la que se presentaron distintos grupos inmobiliarios. Aparecieron fuertes ofertas. La mejor fue la del holding Titanium -sociedad que pertenece en partes iguales al empresario Abraham Senerman y al grupo Bethia (propiedad de las hermanas Solari, accionistas de Falabella y Parmalat)-, que ofrecía 30 millones de dólares. Se estipulaba la creación de tres torres de 23 pisos, un hotel de cinco estrellas y un parque. Pero la iniciativa encontró duros detractores. El diputado PPD Leopoldo Sánchez, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y candidato por el distrito de Las Condes, y el arquitecto Patricio Herman, director de la agrupación Defendamos la Ciudad, encabezaron los alegatos. “La seremi dice que aplicando la OGUC se puede cambiar, en un porcentaje, el uso de suelo. Está equivocada. Lo que el artículo señala es que los terrenos no consolidados como áreas verdes pueden modificarse. Pero en este caso el espacio sí está concentrado como tal”, señala el parlamentario. Verónica Serrano tiene otra interpretación del articulito: “Materialización de área verde no es sólo un tema de arborización. Un parque no se constituye si está forestado, sino cuando es de administración municipal y de acceso público”. VERSIONES CRUZADAS Cuando se enteró de la situación, Patricio Herman, líder de Defendamos la Ciudad, intentó contactarse con diversas autoridades municipales. Escribió una carta al alcalde Francisco de la Maza y otra a sus concejales. La primera fue respondida con evasivas y de la segunda jamás acusó recibo. Luego, se dirigió al Ministerio de Vivienda y a la intendenta de Santiago, Ximena Rincón. Tampoco tuvo éxito: “Después me reuní con la seremi Serrano. Ella estaba con sus cuerpos técnicos y yo también. Tuvimos una acalorada reunión. Le dimos la oportunidad de anular su resolución -de lo contrario acudiríamos a la Contraloría-, pero ella respaldó el negocio. Sus argumentos eran muy rebuscados; incluso, llegó a sostener que estos terrenos no eran área verde”, asegura. Tras la arremetida de los opositores a convertir Santa Rosa de Las Condes en un nuevo loteo inmobiliario, la directiva cruzada reaccionó con molestia. Sus trincheras fueron los diarios “La Segunda” y “El Mercurio”. Primero fue una entrevista al gerente general del club, Juan Enrique Serrano, y luego al presidente, Jorge O’Ryan. Por último, una nota donde ocho “cruzados caballeros” respaldaban la iniciativa. Su postura fue clara: impedir la desafectación de la zona verde El anteproyecto contemplaba la venta del terreno de Santa Rosa de Las Condes. Para eso debían esperar el pronunciamiento de las autoridades respecto al cambio del uso de suelo. equivale a intereses personales o a simple nostalgia. La venta es una gran oportunidad, pues el terreno “ha llegado a un nivel máximo de valor”. LND se contactó con el presidente cruzado, pero éste evitó responder: “No estoy hablando públicamente del tema. El asunto lo ve nuestro gerente general, Juan Enrique Serrano”, adujo. Serrano explica que la iniciativa del club permite conciliar los intereses de todos los involucrados: "Nos entrega vialidad en la Costanera Sur y nos permite generar recursos para el deporte y tener en San Carlos de Apoquindo infraestructura de primer nivel mundial". Algunos importantes socios del club también han expresado sus dudas. Entre ellos, los abogados Pedro Foncea y Gutenberg Martínez, el arquitecto Alberto Sartori y los ex presidentes Alfonso Sweet y Germán Mayo. “Los socios más antiguos manifestamos nuestro repudio a la venta del terreno. No somos una sociedad inmobiliaria. Debemos respetar los valores de una institución deportiva”, alega Foncea. Con el fin de entregar sus argumentos, O’Ryan citó a los socios a una reunión para el 5 de octubre. Su explicación sorprendió a varios: “Nos dijo que la principal razón de la venta era la posibilidad de que les expropiaran una franja importante del terreno, pues pronto se construiría la carretera Costanera Sur, que cruzaría por parte del campo deportivo”, explica Foncea. EL PECADO ORIGINAL En el año 1950, los directivos del club deportivo de la UC visitaron a doña Rosa Markmann, esposa del entonces Presidente Gabriel González Videla, para que intercediera ante su marido y les cediera el terreno para construir sus dependencias deportivas. El Mandatario aceptó, y como homenaje a la primera dama, el inmueble se bautizó como Santa Rosa de Las Condes. El municipio entregó el área en concesión gratuita por 20 años. Transcurridas las dos décadas pactadas, y en escritura pública fechada el 2 de septiembre de 1970, la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Eduardo Frei Montalva, donó el sitio a la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Todo esto, a dos días de que Salvador Allende ganara las elecciones. El documento tiene una cláusula que dice: “Es condición esencial de la presente donación, según modalidad impuesta en la escritura de cesión de estos terrenos por la Ilustre Municipalidad de Las Condes a la Cormu, el que la Universidad Católica de Chile destine estos terrenos a club deportivo, por lo que don Álvaro Marfán Jaramillo, quien comparece aceptando la cesión en representación de la Universidad Católica de Chile, se compromete en forma expresa a respetar esta limitación”. Finalmente, también mediante escritura pública -fechada el 29 de enero de 1982-, la PUC cedió gratis las tierras a su club deportivo. Con este documento en la mano, Sánchez y Herman intentaron reunirse con el rector de la PUC, Pedro Rosso. No lo lograron, pero pudieron entregarle una carta y que el prorrector, Carlos Williamson, los recibiera. Ambos se comprometieron a estudiar el tema. “Pedro Rosso es la autoridad que debe hacer valer el compromiso establecido cuando se cedieron las tierras”, sostienen, apelando a la supuesta ética que podría salvar el área verde de la especulación inmobiliaria. AÚN QUEDA MUCHO El diputado Leopoldo Sánchez reconoce que el tema es complicado: “Tenemos malas experiencias. Cuando se mueven grandes intereses económicos las instituciones miran para el techo”. Pero Herman asegura que los alegatos no terminarán. Otras causas harían, por el momento, inviable el proyecto: “La intendenta me dijo que todo terreno que ha sido Bien Nacional de Uso Público, tal como lo manda la ley, debe ser desafectado por un decreto supremo firmado por el Presidente. Y en sus registros, de acuerdo a lo que le informó la autoridad competente, el seremi de Bienes Nacionales [Víctor González], tal decreto no existe”. Sánchez agrega que existiría otro punto que no se ha tomado en cuenta: “La Ley Orgánica de Chiledeportes establece que el director del organismo [en este caso Macarena Carvallo] tiene que autorizar cualquier cambio de uso de suelo que afecte a terrenos deportivos”. En Chiledeportes desestiman tal argumento. Explican que no pueden manifestarse si el inmueble es de propiedad privada. Pero el diputado considera que esta interpretación es errónea. “Deben retroceder en el tiempo. El terreno era un Bien Nacional de Uso Público que fue cedido gratis. En este caso sí deben pronunciarse”, señala. El tema se está estudiando en la Contraloría. “Es una lástima que la ministra de Vivienda [Sonia Tschorne] les pase toda la responsabilidad a ellos. Este jueves tuvimos una entrevista con el contralor [Gustavo Sciolla] y le expusimos nuestros argumentos. Las leyes están para cumplirlas y no para evadirlas”, agrega el parlamentario. Si el fallo no les resulta favorable, aseguran que “tendremos que iniciar las denuncias pertinentes en los tribunales de justicia”.