Página oficial de Facebook
De acuerdo con Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, la propiedad no cuenta con el certificado de recepción de obras. "Esa es una magnífica vivienda clandestina", afirma el presidente de la fundación Defendamos la Ciudad.
Ley N° 18.712 Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF).
Esta jornada se realizará el 23 de mayo a las 16:50 horas en el salón multiuso de la Contraloría General de la República (Teatinos N° 78, Santiago Centro.
El presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, se refirió al terreno, con uso de suelo para sus 40,3 hectáreas rurales y sus 4 hectáreas urbanas, que Caval compró a un tercero en insolvencia, con un préstamo que le fue otorgado por el Banco de Chile.
En link http://campeonatohistoricodevelocidad.cl/ Se anuncia para el sábado 13 de abril una carrera de automóviles en el autódromo de Codegua, 6ª Región, en circunstancias que este recinto deportivo carece de unas cuantas autorizaciones, siendo la más importante la ausencia de recepción final de obras por parte de la DOM de Codegua.
Dictamen 7.889 de 2019 de Contraloría, aclara que la validación de incentivos de los PRC debe analizarse caso a caso, lo que es concordante con su dictamen anterior cuando refutó la Circular 413 de la DDU.
George Rivers, vecino autódromo Codegua, envía esta carta denunciando irregularidades en el recinto deportivo.
En la primitiva Municipalidad de la Condes se esfumaron 665000 metros cuadrados de parques comunales.
Se trata de un paño de 10 mil metros cuadrados ubicados en la Villa Militar del Este. En 2016 se traspasó otro sitio, donde se recaudó US$ 46 millones.
El recientemente anunciado Premio Nacional de Arquitectura 2018 – 2020, Miguel Lawner conversó con Radio y Diario Universidad de Chile y aseguró que, desde el terremoto de 1939 hasta la dictadura, fue el Estado quien asumió la conducción de las políticas públicas en materia de vivienda.
Con inusitado cinismo el editorial expresa que “en determinadas materias altamente técnicas la ley simplemente excluya la potestad dictaminante” (sic) lo cual, por su impudicia, no merece mayor comentario y para rematar ese diario comercial su animadversión al rol que realiza la Contraloría dice que ésta “no es un tribunal de justicia y la Constitución le prohíbe ejercer funciones jurisdiccionales”. Nunca en sus 92 años de vida, la Contraloría ha pretendido asumir atribuciones que no tiene y por ello esa aseveración mercurial es asaz impertinente e injuriosa.