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El escrito presentado establece una serie de situaciones que a juicio de los vecinos que patrocinaron la acusación, constituye una infracción grave al principio de probidad e instructivo dictado por Contraloría General de la República, con ocasión de las elecciones municipales del año 2016 (dictamen N° 8600, de 2016).
Las denuncias apuntan a la realización de encuesta con fines electorales (cuyo financiamiento se desconoce) donde se ordena a directivos de la municipalidad -mediante correos institucionales- priorizar esfuerzos en razón de ella; y al uso de bienes y recursos (físicos y financieros) de la Municipalidad de Vitacura en actividades políticas, específicamente aquellas en favor de la actual candidatura del alcalde de Vitacura Raúl Torrealba.
En este último punto, los vecinos aluden al instructivo dictado por el ente contralor, con motivo de las elecciones municipales 2016, donde se señala expresamente que los organismos públicos que dispongan de periódicos, revistas, radio, televisión, u otros medios de información electrónicos, o de comunicación social, no podrán destinar sección o espacio alguno de esos medios para realizar propaganda política o para favorecer o perjudicar cualquiera candidatura o partido.
La denuncia además hace presente que en este año electoral, el uso de la imagen de la autoridad edilicia constituye una práctica reiterada asociada a la difusión de actividades municipales, lo que indudablemente podría constituir una infracción a las normas relativas al empleo de recursos del organismo de que se trata, en beneficio personal y/o para fines ajenos a los institucionales.
En la presentación –que incluye todos los antecedentes y ejemplos para fundamentar la acusación-, los vecinos solicitan a la Contraloría General de la República que fiscalice a la Municipalidad de Vitacura, con el fin de determinar si el alcalde Torrealba y funcionarios respectivos incumplieron sus deberes funcionarios, instruyendo a un sumario administrativo en contra de los funcionarios que correspondan, y se persigan las responsabilidades administrativas que deriven de su incumplimiento, aplicando las sanciones que el derecho establezca, de acuerdo a la gravedad de las infracciones cometidas.
Descargue adjunto presentación relacionada.
Carlos Cuadrado S.
Periodista
Magister en Cs. Políticas (c) Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
