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La caja de Pandora es un mítico recipiente de la mitología griega, tomado de la historia de Pandora, la primera mujer, creada por Hefesto por orden de Zeus, que contenía todos los males del mundo.
Podría parecer exagerado referirse a ese recipiente para hacer mención a una de las comunas de Chile, pero como explicaremos, en cierta medida la Contraloría General de la República con su Informe Final Nº 403 de 2 de junio de 2022 dejó al descubierto lo peor de algunos de nuestros servidores públicos y empresarios inmobiliarios en esa comuna. Dicho informe es el resultado de una auditoría instruida en marzo de 2019 por el Contralor General de la República.
La historia comienza en los años 80 cuando ciertos empresarios con buenos contactos compraron a precio de liquidación extensos terrenos en la zona poniente de Pudahuel, predios que habían sido expropiados en el contexto de la reforma agraria. Aprovechando la permisiva normativa urbanística imperante antes de que entrara en vigor el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), esos empresarios lograron aprobar proyectos de loteo con construcciones en sus terrenos, hasta ahí en principio todo era legal.
Pero nadie denunció que la Dirección de Obras Municipales de Pudahuel aprobó esos proyectos sin cumplir la normativa vigente en esa fecha, que estaba contenida en el antiguo Plan Intercomunal de Santiago (PIS). Todas las aprobaciones municipales declaran cumplir esa normativa, pero es solo una apariencia y todo quedó bien oculto en una caja como la de Pandora. Las diferencias con respecto a la normativa del PIS, como era de esperar, favorecían a los titulares.
Como el PRMS no incluyó esos loteos en su área de extensión urbana, los promotores de los desarrollos inmobiliarios Ciudad de Los Valles e Izarra de Lo Aguirre reclamaron derechos adquiridos en la Corte de Apelaciones de Santiago, pero nada menos que con loteos irregulares, según quedó ratificado en el Informe Final Nº 403/2020. Menuda osadía de esos privados que en ese momento los jueces no detectaron, posiblemente porque confiaron en que todo estaba en regla.
Los loteos comenzaron a construirse recién a principios de los años 2000 con permisos que se mantuvieron vigentes simulando el inicio de las obras y su no paralización cada tres años para así evitar la caducidad automática de esas autorizaciones. La caducidad debía evitarse a toda costa pues la normativa del PRMS desde 1994 ya no permitía ese tipo de desarrollo inmobiliario. Pero como los proyectos originales ya no se ajustaban a los requerimientos del mercado, los titulares procedieron a tramitar sucesivas modificaciones de los proyectos de edificación.
Y como el descaro es máximo en estos malos empresarios, sus arquitectos y revisores independientes, esas modificaciones se hicieron sin respetar la normativa del PIS para así lograr mayores rentabilidades en los negocios. En ese contexto la Dirección de Obras Municipales autorizó sistemáticamente construir más de lo que permitía el PIS y en terrenos que no admitían las actividades involucradas en esas modificaciones. Tampoco se respetaron las franjas afectas a declaratoria de utilidad pública de las vías estructurantes definidas en ese instrumento de planificación territorial. Estos nuevos males también quedaron ocultos por años en la caja de Pandora. Algunos ejemplos ya los presentamos a la comunidad en enero de 2019 como se puede revisar en link
Hace poco nos referimos al caso de Walmart Chile, una de las primeras empresas en percatarse de la irregularidad de su centro de distribución en Ciudad de Los Valles, ahora eso se extiende a todas las otras instalaciones industriales del sector como resultado de la auditoría de la Contraloría, ver link
Las irregularidades de la Dirección de Obras Municipales han continuado a pesar de la investigación que estaba desarrollando la Contraloría y que ya en junio de 2021 se entregó al exalcalde Carrasco el pre informe de la auditoría donde se daba cuenta de las diversas y graves irregularidades. Nada hizo ese alcalde para detener la situación. Tampoco lo ha hecho el actual alcalde, Ítalo Bravo, pero confiamos en que pronto enmendará el rumbo ante la dura realidad que le heredó Johnny Carrasco, uno de los alcaldes que más tiempo permaneció en su cargo, logro que le valió ser reconocido en el ambiente político y ungido como uno de los baluartes del PS.
Cuáles son las consecuencias de este mecanismo fraudulento instalado en la municipalidad de Pudahuel, cuya extensión y recurrencia en el tiempo nunca había sido vista en nuestro país al extenderse por casi 30 años: miles de viviendas construidas con permisos irregulares, grandes instalaciones industriales con superficies edificadas que superan largamente los respectivos coeficientes de constructibilidad y ocupación del suelo, un colegio, dos supermercados y tres strip center construidos en una zona industrial exclusiva.
Pero la caja de Pandora de Pudahuel no solo guardaba los males municipales sino que también los aportados por la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, organismo que por años y en gobiernos de todos los colores entregó informes favorables para la construcción en el área rural de la comuna que no respetan la normativa del PRMS, el artículo 2.1.19 de la OGUC y dictámenes de la Contraloría según la auditoría de ese organismo de fiscalización.
Cuáles son las consecuencias de las malas prácticas de la Seremi, enormes depósitos de vehículos nuevos y centros de bodegaje en el sector El Noviciado que fueron construidos en terrenos que desde 1994 no permiten ese tipo de actividades, informes favorables para levantar edificaciones en el área de protección del aeropuerto Arturo Merino Benítez y modificaciones ilegales de las áreas de riesgo del PRMS realizadas mediante una aplicación irregular del artículo 2.1.17 de la OGUC.
En su Informe Final Nº 403/2020, el Departamento de Auditorías Especiales de la Contraloría General de la República señala que los hechos constatados ameritan la instrucción de dos sumarios administrativos, uno en la municipalidad de Pudahuel y otro en la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, ambos desarrollados por la propia Contraloría. Debemos señalar que la gravedad y reiteración de las ilegalidades posiblemente ameritan la destitución de varios funcionarios, la máxima sanción administrativa.
¿Cómo se abrió este recipiente de todos los males Pudahuelinos?, con las fundadas presentaciones de la proba concejala Gisela Vila en la municipalidad de Pudahuel, la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y la Contraloría General de la República. Ella tuvo la valentía de denunciar las situaciones ilegales cumpliendo con excelencia su rol fiscalizador y por eso debió soportar la hostilidad y el menosprecio del exalcalde y del Director de Obras Municipales que aseguraron públicamente que todas los permisos habían sido entregados con estricto apego a la normativa y que, por lo tanto, las denuncias de la concejala no tenían fundamento. Esa es la táctica de manual que utilizan quienes están involucradas en este tipo de situaciones irregulares, que esperamos no vuelvan a repetirse en esa comuna ni en ninguna otra de nuestro país.
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