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El constante perfeccionamiento de las organizaciones criminales y la necesidad que tienen de dar una apariencia de legalidad a los fondos obtenidos de actividades ilícitas, hizo que la Unidad de Análisis Financiero incluyera a las empresas que trabajan en el rubro inmobiliario en el listado de instituciones que deben informar de las operaciones sospechosas. El objetivo es que creen un sistema para evitar el blanqueo de capitales. Jorge Molina Sanhueza La Unidad de Análisis Financiero decretó una nueva norma para evitar el lavado de dinero. Esta vez la institución incluyó a las corredoras de propiedades como “sujetos obligados” a informar de operaciones sospechosas que busquen blanquear capitales a través de la compra de este tipo de bienes. La intención de esta nueva circular de la UAF es evitar que los vendedores de propiedades sean usados como medio para “dar una apariencia de legitimidad a activos provenientes de actividades ilícitas”. Los corredores fueron los últimos en ingresar a la lista de 26 instituciones o sectores del mercado obligados a informar cuando se hallen frente a un sujeto que no cumpla con las características del “due dilligence” o no conozcan a su cliente, fórmula para reconocer cuando se está ante un posible ilícito. Entre ellas, cuando el comprador no quiera dar a conocer el origen de sus fondos y no tiene un trabajo o actividad económica que pueda justificarlos. Actualmente existen 25 sujetos obligados, entre ellos los bancos, los conservadores, notarios, la Aduana y el Comité de Inversiones Extranjeras, entre otros. A la espera Para cumplir con la legislación, los corredores de propiedades deberán implementar un sistema de prevención para el lavado de activos, donde se considerará a todos los clientes, ya sean éstos habituales u ocasionales. También deberán armar un manual de procedimientos. Dentro de los hechos a los cuales las corredoras deberán estar atentas antes de hacer un negocio, están también las llamadas Personas Políticamente Expuestas o PEP's, aquellas que se desempeñan o han ocupado cargos destacados en el extranjero, tales como jefes de Estado o de un gobierno, políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales y funcionarios importantes de partidos políticos, entre otros. Todo lo anterior debe ir acompañado de un registro actualizado de sus relaciones contractuales, con el objeto de que los requerimientos a la autoridad sean respondidos con la diligencia que merece este tipo de casos, conservándola por cinco años. Además, cada corredor deberá tener un “oficial de cumplimiento”, dedicado a estas materias, quien deberá ser constantemente capacitado. Algunos corredores de propiedades consultados por este diario manifestaron su descontento con la medida aduciendo que se encarecerán los costos operacionales de su actividad, aunque reconocen que deberán cumplir con la norma de la UAF. El presidente de la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades (Coproch) José Bocaz, está en conocimiento de la circular, pero indicó que antes de ponerla en práctica, están a la espera que la UAF “nos haga un curso”. “En principio, la mayor parte de nuestros socios, que van desde los 300 a los 350 miembros están informados, pero hay una serie de corredores que no son parte de ninguna organización”, explicó. Otro organismo que agrupa a los vendedores de bienes inmuebles es la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios (ACOP), que mantiene en sus registros unos 350 inscritos. Uno de los miembros de esta agrupación comentó que se está en camino de aplicar la norma de la UAF, pero aseguró que este mercado aún se encuentra en pañales sobre el lavado de activos, por lo que no será inmediata su puesta en marcha. Este diario intentó infructuosamente obtener una versión de parte de Juan Francisco Montalva, presidente de ACOP. Nuevas tipologías Fuentes dedicadas a los temas de crimen organizado y blanqueo de capitales, explicaron que este sector del mercado a nivel internacional es usado por las mafias con el fin de institucionalizar los dineros que obtienen a través de sus ilícitos. Si bien hasta ahora no se han detectado grandes bandas internacionales operando en Chile, los grupos de narcotraficantes chilenos han comenzado poco a poco a comprender que no pueden portar grandes sumas de dinero ni acumularlas “bajo el colchón”, sino invertirlas para otorgarles así una apariencia de legalidad, utilizando para ello las fórmulas que entrega el sistema legal. Un caso reciente fue el desbaratamiento de las bandas narco “Los Car´e jarro” de la zona sur y “Los Guatones” de la occidente, que usaban los fondos de la venta de droga para la compra de propiedades, entre otros bienes. Si bien en Chile las organizaciones criminales aún no han alcanzado un grado superlativo de tecnificación, como en Europa, México o Colombia, donde hay verdaderas empresas del crimen dedicadas al blanqueo de capitales, se advierte que las normas nunca deben aflojarse, ya que las fórmulas para lavar el dinero avanzan cada día.