Defendamos la ciudad

Los ciudadanos asistimos a un hito importante para el debate energético: se ha dado a conocer el primer estudio Aporte potencial de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y Eficiencia Energética a la matriz eléctrica, 2008-2025, realizado por un equipo de especialistas de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica Federico Santa María (encabezados por los profesores Pedro Maldonado y Jorge Pontt). El estudio está validado por un comité consultivo integrado por la Comisión Nacional de Energía, el Programa País de Eficiencia Energética, empresas, instituciones y organizaciones ciudadanas. En este sentido, su aparición significa que el debate energético ya no podrá ser capturado por los intereses que buscan mantener atada la matriz eléctrica a las opciones del carbón, de las represas hidroeléctricas o de un ficticio desarrollo nuclear. A la fecha, el debate ha enfrentado la colisión desigual de quienes defienden el negocio eléctrico y quienes plantean el desarrollo energético. A un extremo la oferta de empresas monopólicas, eléctricas y exportadoras de recursos naturales -además de centros de estudios afines al negocio-, que excluyen de su análisis la externalización de costos sobre otros sectores y suponen que la escalada de la demanda eléctrica es "natural" al crecimiento económico. Ante las evidencias de este y otros estudios recientes (por ejemplo, aquel sobre el Impacto de los Proyectos de Represas en Aysén en el Desarrollo del Turismo, que estimó en 22 millones de dólares anuales la pérdida anual del turismo si se construyen represas en Aysén), es imperativo evitar megaproyectos subsidiados por emprendimientos locales (de comunidades indígenas, ecoturismo, educación u otras que pretenden valor agregado y empleos de mayor calidad, que sí caracterizan a las economías desarrolladas). En el detalle, el informe que nos convoca devela que mediante el uso eficiente de la energía, el potencial de disminución de la demanda eléctrica oscila entre 9,9% y 23,3% del consumo del Sistema Interconectado Central en 2025. Apunta a la actividad minera como el sector más intensivo en consumo eléctrico, lo que deriva en otras interrogantes. Si nuestro país está en los "top ten" de la desigualdad de ingreso y concentración de riqueza (junto a Brasil y países africanos) y la macroeconomía se focaliza en la venta insustentable de comodities, urge preguntar para qué queremos más energía. ¿Para reproducir empleos precarios, mano de obra escasamente cualificada y perjuicio de emprendimientos locales, generalmente economías de servicios -como el turismo-, que sí caracterizan a las economías desarrolladas? ¿Para que el suelo urbano de Santiago se expanda aún más, en detrimento de la calidad de vida de 40% de la población que sufre altos niveles de contaminación? ¿Para que las demás regiones paguen el costo de tener a su lado megaproyectos aun cuando deben pagar precios más altos por la electricidad, el transporte, el suelo, etcétera? La relevancia del informe es la conclusión que indica que es económicamente factible generar entre 16,8% (17.743 GWh/año) y 28,1% (29.652 GWh/año) de los requerimientos del SIC en 2025, promedio que triplica el objetivo obligatorio establecido por la administración de Bachelet en la ley de renovables, promulgada en el primer trimestre. Además, plantea que, a partir del precio actual o de un precio mayor de la electricidad, si el país atiende al potencial de eficiencia y a la generación mediante ERNC podría satisfacer entre 37,5% y 53,6% de la demanda del SIC en 2025. Es evidente que estos antecedentes modifican el universo de lo probable en el debate energético. Ahora, el sentido común manda que La Moneda y el Congreso dispongan de una agencia destinada a la promoción de las ERNC y que el Programa País de Eficiencia Energética se transforme en una agencia autónoma, con fondos permanentes en el futuro ministerio. Habrá que ver si prima el interés privado o el imperativo del desarrollo energético.Sistema Interconectado Central en 2025. Apunta a la actividad minera como el sector más intensivo en consumo eléctrico, lo que deriva en otras interrogantes. Si nuestro país está en los "top ten" de la desigualdad de ingreso y concentración de riqueza (junto a Brasil y países africanos) y la macroeconomía se focaliza en la venta insustentable de comodities, urge preguntar para qué queremos más energía. ¿Para reproducir empleos precarios, mano de obra escasamente cualificada y perjuicio de emprendimientos locales, generalmente economías de servicios -como el turismo-, que sí caracterizan a las economías desarrolladas? ¿Para que el suelo urbano de Santiago se expanda aún más, en detrimento de la calidad de vida de 40% de la población que sufre altos niveles de contaminación? ¿Para que las demás regiones paguen el costo de tener a su lado megaproyectos aun cuando deben pagar precios más altos por la electricidad, el transporte, el suelo, etcétera? La relevancia del informe es la conclusión que indica que es económicamente factible generar entre 16,8% (17.743 GWh/año) y 28,1% (29.652 GWh/año) de los requerimientos del SIC en 2025, promedio que triplica el objetivo obligatorio establecido por la administración de Bachelet en la ley de renovables, promulgada en el primer trimestre. Además, plantea que, a partir del precio actual o de un precio mayor de la electricidad, si el país atiende al potencial de eficiencia y a la generación mediante ERNC podría satisfacer entre 37,5% y 53,6% de la demanda del SIC en 2025. Es evidente que estos antecedentes modifican el universo de lo probable en el debate energético. Ahora, el sentido común manda que La Moneda y el Congreso dispongan de una agencia destinada a la promoción de las ERNC y que el Programa País de Eficiencia Energética se transforme en una agencia autónoma, con fondos permanentes en el futuro ministerio. Habrá que ver si prima el interés privado o el imperativo del desarrollo energético.