Defendamos la ciudad

Elegido senador por Aisén por el periodo 1994-2002, y reelecto por la misma región para 2002-2010; integrante de las comisiones de Vivienda, de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Antonio Horvath presidió esta última entre 1994 y 1998, y durante el año 2000. Este ingeniero civil que dejó la capital hace más de 30 años para radicarse en la región que hoy corresponde a su circunscripción, ha estado muy ligado a la temática ambiental, problemas, impactos y, por supuesto, su legislación. Su nombre ha estado permanentemente ligado a la discusión y desarrollo de temas ambientales, con un análisis que se proyecta más allá de la coyuntura. En su calidad de integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, ¿Qué aspectos considera que falta abordar? En nuestro país se carece aún de una legislación coherente y participativa del ordenamiento territorial, del manejo integrado de cuencas y de una participación ciudadana más asistida y vinculante, aunque se debe reconocer que se han hecho algunos avances en la zonificación del borde costero. En su opinión, ¿Cómo ha abordado el Gobierno la temática ambiental este último año? Desde que fue presentado el programa de Gobierno por parte de la Presidenta de la República, se han concretado algunos puntos, pero han transcurrido 2 años de su mandato, por lo que me parece que hay un atraso significativo respecto de muchos de los compromisos adquiridos. En cuanto a la reforma de la institucionalidad ambiental, fue nombrada una persona con rango de ministro para elaborar esta tarea, pero este trabajo no se verá materializado antes de 2 años. Respecto del manejo integrado de cuencas, sólo se ha planteado una experiencia piloto en 3 ríos siendo que Chile tiene más de 108 grandes cuencas; además, esta iniciativa todavía no cuenta con un respaldo legal. Por otro lado, considero que el impulso a las energías renovables es aún tímido y que no hay una postura clara sobre la energía nuclear y sobre transgénicos, lo que hace permisible su introducción por omisión. ¿Entonces existe una mejor solución para enfrentar la crisis energética por la cual atraviesa Chile? Creo que se deben generar los incentivos necesarios para el ahorro y eficiencia en el uso de la energía. Sumado a ello, se requiere implementar un programa agresivo de desarrollo de las energías renovables, principalmente las que resultan económicamente atractivas de acuerdo a las características de cada una de las regiones de Chile, como lo son las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas que encierran un potencial aproximado de 33.000 MW sin inundar ningún valle del país. Es importante también la vía de los incentivos para fomentar este tipo de energía, de manera de poder agrupar los pequeños y medianos proyectos en líneas de transmisión compartida, facilitar algunos procedimientos que resultan engorrosos, y subsidiar para acotar las incertidumbres en determinadas fuentes. En este contexto, ¿cree que es necesario que siga adelante el proyecto de HidroAysén? Tal como ha sido planteado el proyecto, no estoy de acuerdo con su construcción, primero, porque antes de llevar a cabo una iniciativa de estas características, debería haber una definición de los tipos de usos o conservación para el resto de las cuencas del país y en particular de la Patagonia chilena. Además, y como ya mencioné, habría que implementar una política agresiva para el desarrollo de la gran diversidad del potencial energético que tiene Chile, y en particular de las energías renovables, reduciendo notablemente los procedimientos administrativos legales, con el fin de hacerlas competitivas con las tradicionales. Pero pese a todo, el proyecto avanza como se comprueba con el trabajo que la empresa hace con la comunidad… Si HidroAysén se construye, además de lo anterior, se deben cumplir los siguientes compromisos previos: • Este proyecto debe reducir notablemente las áreas de inundación consideradas, de manera de salvaguardar las zonas sensibles de valor turístico y productivo. • El trazado de la línea de transmisión no debe pasar por áreas pobladas, sensibles, valiosas y protegidas. Para ello debe utilizar pasos no poblados que constituyen nuevas rutas, generalmente conocidas como pasos de veranada en la zona austral. Y en lugares específicos, considerar soluciones subterráneas o submarinas. • Debe capacitarse y prepararse a las comunidades regionales afectadas por el proyecto, para que puedan participar en la prestación de servicios y evitar el gran impacto social. • El proyecto debe hacerse cargo de reducir el valor de la energía en las diez comunas de la Región de Aisén y en las cuatro de la Provincia de Palena, de manera de hacerla equivalente al precio de la zona central del país, lo cual se puede considerar modificando algunas regulaciones existentes que cubren sus costos y utilidades. • Es necesario considerar la creación de una institucionalidad regional tipo corporación o fundación, con participación de la ciudadanía, para el desarrollo permanente de las personas focalizadas en las actividades armonizadas de la zona y que se financie con acciones de las empresas. • Se requiere contar con una red y un centro de investigación ambiental con cargo al proyecto. • Por último, creo que todos los caminos y obras con motivo de los proyectos deberán tener el carácter de uso público, para permitir el acceso a los atractivos turísticos y potenciales de desarrollo que tiene la zona. Quiero recalcar que de no haber ordenamiento territorial con soporte legal y una definición del manejo integrado del resto de las cuencas de la zona austral, se podría visualizar distintos proyectos hidroeléctricos, cada uno con su línea, que transformen a la Patagonia Chilena en una verdadera “guitarra eléctrica”, lo que me resulta aberrante y a lo cual creo hay que oponerse claramente. Siempre ha sido un defensor de la teoría de ordenamiento territorial, ¿por qué no se ha pasado a la práctica y se incluyen criterios de OT para evitar conflictos como los de HidroAysén? El compromiso de ordenamiento territorial también es un elemento integrante de la campaña presidencial que no ha sido cumplido. Por iniciativa parlamentaria hemos incorporado como requisito para los proyectos que se sometan a la Evaluación de Impacto Ambiental, agregar consideraciones de ordenamiento territorial, zonificación del borde costero y estrategias de desarrollo regional que se den en las distintas regiones de Chile. Esto está aprobado en el Senado y se encuentra en proceso legislativo en la Cámara de Diputados. El Gobierno debería darle mayor urgencia a esta iniciativa y no dejarse presionar por el sector industrial, como ha pasado con la iniciativa de protección de los glaciares que tenemos aprobada en el Senado y que el Gobierno no ha logrado respaldar por las presiones que ejerce la minería. Pasando a otro tema, ¿Está satisfecho con la Ley de Bosque Nativo tal como fue aprobada, sin considerar en su globalidad elementos ecosistémicos que aseguren la sustentabilidad de su aplicación? Creo que fue un grave error no considerar en la ley al bosque como un ecosistema. En esta iniciativa no logré los votos necesarios. Es una materia pendiente en la cual hay que seguir insistiendo. La Ley de Bosque Nativo dejó pendiente la armonización necesaria a fin de incentivar positivamente la recuperación y el buen manejo del bosque esclerofilo entre las regiones de Coquimbo y Bío Bío, frente a la agricultura y las modificaciones del suelo rural que afectan al bosque. Además, está pendiente el incentivo para salvaguardar o recuperar los sitios prioritarios para la biodiversidad entre la zona norte y el sur hasta Puerto Montt, 64% de la superficie de Chile que están escasamente representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado. En esta materia se está trabajando. ¿Qué opinión le merece las figuras que han sido escogidas para la reforma de la institución ambiental del país? Estimo importante definir un Ministerio del Medio Ambiente que se haga cargo con jerarquía dentro del sistema público de la temática ambiental, así como una Superintendencia que tenga la capacidad de monitorear, evaluar y fiscalizar. Sin embargo, el proceso de implementación de institucionalidad toma algunos años, lo cual, sin embargo, no debe ser excusa para avanzar en los compromisos ambientales que ya se han asumido en el país. Fuente: Revista Ecoamerica, mayo 2008