Página oficial de FacebookEn junio de 2022 la Contraloría General de la República finalizó una auditoria en la municipalidad de Pudahuel en la que se constataron numerosas irregularidades en la entrega de permisos de construcción en el sector poniente de la comuna, cometidas sistemáticamente desde mediados de los años 90. Hemos explicado que parte importante de las denuncias que justificaron esa auditoría instruida por el Contralor General, Jorge Bermúdez, fueron realizadas desde 2018 por la concejala Gisela Vila, cumpliendo a cabalidad su rol fiscalizador. El informe de esa auditoría está disponible en siguiente link:
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/auditoria/c9d697f65ccd7ae754e3295f4bcbe530/html
En ese momento la municipalidad era dirigida por Johnny Carrasco quien junto al Director de Obras Municipales, Ricardo Gallardo Gower, negaron hasta el cansancio cualquier irregularidad tanto en sesiones del concejo municipal como en respuestas oficiales de la municipalidad, incluso hasta burlándose de las denuncias de la concejala.
Las irregularidades son tan graves y se extendieron por tantos años que la propia Contraloría General está desarrollando un sumario administrativo en la municipalidad y en la Seremi MINVU, organismo sectorial que también cometió irregularidades en la entrega de informes favorables para la construcción en el área rural de la comuna. El sumario sigue en curso posiblemente dada la cantidad de hechos investigados.
Un ejemplo de las ilegalidades cometidas por la Dirección de Obras Municipales (DOM) fue permitir la construcción de viviendas y equipamientos en zonas donde la normativa no los permite. Eso afecta a cientos de familias, dos supermercados, un colegio, una iglesia, tres strip center y un centro deportivo en Ciudad de Los Valles e Izarra de Lo Aguirre. También se tienen numerosas autorizaciones ilegales otorgadas a grandes empresas, como Bodegas San Francisco.
Las implicancias de estas irregularidades, ocultas por décadas por los titulares de los proyectos y por la municipalidad, son muy graves: frente a un incendio o terremoto, las construcciones que incumplen la normativa no pueden obtener permiso para reconstruirse.
Ante catástrofes de ese tipo las inmobiliarias que comercializaron viviendas ilegales probablemente no se harán responsables dado el tiempo transcurrido y argumentarán que la DOM los autorizó a construir. Lo que ocurrió con el colegio Manquecura de Ciudad de Los Valles, cuyo casino se incendió en febrero y a la fecha no ha podido reconstruirse al estar ubicado en una zona industrial exclusiva, es una muestra de las perniciosas consecuencias que tiene la entrega de permisos ilegales.
La Seremi MINVU ya señaló a la DOM que la Administración del Estado no está obligada a perseverar en sus “errores” y que debe ajustarse a la normativa del Plan Intercomunal de Santiago que dio origen a los proyectos inmobiliarios del sector poniente; que en ciertos casos no es compatible con lo construido, como se explicó.
Para regularizar definitivamente la situación y no afectar a terceros que actuaron de buena fe, como las familias del sector, primero se requiere que la Seremi MINVU modifique la normativa del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) para incorporar al área de extensión urbana del PRMS los sectores habitados de esa parte de la comuna y después incluirlos en el Plan Regulador Comunal de Pudahuel con la normativa urbanística que corresponda.
La concejala Vila ha solicitado reiteradas veces a la Seremi MINVU que se hagan las gestiones necesarias para lograr ese cambio y evitar los perjuicios a las familias y otros afectados, pero sin éxito hasta ahora. No obstante, recientemente la Contraloría General exigió a dicha seremi que resuelva la situación y según nos informó la concejala, está a la espera de una reunión con el ministro Carlos Montes para tratar este importante asunto.
Nos parece importante destacar la labor de la concejala Gisela Vila, como ejemplo de lo que deberían hacer los concejales de todas las comunas. No sirve tener concejales proclives al alcalde de turno que aprueben todas sus decisiones porque su función es fiscalizar las actuaciones de la municipalidad. En los últimos años hemos visto cómo a diario se producen irregularidades en los municipios sin que ninguno de los concejales las denuncie, en parte por los lazos políticos o de amistad que los unen.