Página oficial de FacebookCon motivo de las acusaciones constitucionales de hoy, quienes suscriben expresan lo siguiente:
(Santiago, 09/10/2024). La justicia ambiental y urbanística se caracteriza por la constante asimetría entre las comunidades y las empresas en las disputas judiciales y administrativas. Esta asimetría se produce, por la dispar disponibilidad de recursos de todo tipo. Si a ello se le suma un patrón que devela que las excepciones se aplican siempre en favor de las inmobiliarias, mineras, eléctricas, etc, la justicia ambiental se desvanece.
Vemos con preocupación lo sucedido en las últimas semanas con el "caso audios" y su relación con la ministra Vivanco, prácticas impropias y reprochables que inciden en la imparcialidad de distintas causas, particularmente ambientales y urbanísticas.
Una revisión del caso de la Inmobiliaria Fundamenta y su proyecto “Eco Egaña Comunidad Sustentable”, esclarece una serie de peculiaridades en su tramitación y resolución, que difícilmente son coincidencia, bajo el contexto de lo investigado por la comisión de ética de la Corte Suprema. En efecto, solo en este caso, y cuando la ministra Vivanco presidía la sala, se cambió la jurisprudencia ya asentada de algunos ministros respecto a la procedencia del recurso de casación ambiental, para posteriormente retomar su parecer original en casos venideros. Junto con lo anterior, una interpretación restrictiva del principio de participación ciudadana, entre otros elementos, hacen dudar de la igualdad en la aplicación del derecho.
Más aún, quienes nos desenvolvemos en estas materias sabemos que el estudio de sombras del proyecto de Inmobiliaria Fundamenta está mal elaborado, lo que suponemos será ratificado por la Seremi Minvu, conforme a sus atribuciones. Resultando paradójico, entonces, que este caso levantado artificialmente por esa molesta inmobiliaria, teniendo como sustento una simple declaración de una empleada de la misma, sirva de base para la acusación constitucional en contra del ministro Sergio Muñoz. Dicho proyecto, además, habría utilizado ilegalmente terrenos que son bienes nacionales de uso público que fueron expropiados para la construcción del Metro. El Director de Metro, Guillermo Muñoz, todavía no responde la consulta sobre el sustento legal del contrato de arriendo de dichos terrenos firmado entre la empresa pública que él dirige y Plaza Egaña SpA., ver link
También resulta grotesco que estas dos acusaciones por "notable abandono de deberes" se hayan acumulado en una (sic), en total conocimiento de que se trata de hechos muy distintos. Curiosamente el abogado funcionario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, se ha transformado en un promotor de este arreglín orquestado para perjudicar al juez Muñoz y en tal sentido le sugerimos a él que lea la columna "Acusación constitucional" publicada hoy en El Mercurio, cuyo autor es el prestigiado abogado y profesor de Derecho Constitucional, Enrique Navarro.
¿Sabrán los diputados acusadores que el principio de responsabilidad es personal?
Finalmente, los firmantes de este comunicado tenemos el deber de brindarle nuestro total apoyo al probo juez Sergio Muñoz.
Patricio Herman
Fundación Defendamos la Ciudad
Gabriel Muñoz
Abogado