Defendamos la ciudad

El pasado martes 22 de abril, el gerente general de la Sociedad Inmobiliaria Club de Campo, Gonzalo Andrade, señaló a la prensa que de aquí a 90 días, la compañía esperaba vender un paño de terreno de 29 mil metros cuadrados en Vitacura. Según el ejecutivo, el terreno aumentó súbitamente de precio prácticamente al doble debido a que la Municipalidad de Vitacura cambió el Plan Regulador de la comuna en diciembre de 2007, aumentando el número de pisos que se permite edificar, de nueve a 16. Todo un logro para la inmobiliaria. Pero según un dictamen de la Contraloría General de la República del 8 de octubre de 2007, el cambio de uso de suelo es ilegal. Luego de una presentación de la agrupación vecinal Salvemos Vitacura, compuesta por propietarios del sector, la Contraloría señaló que "en lo que concierne al procedimiento del cambio de planos reguladores comunales, es que tales modificaciones no pueden entrar a regir mientras no se conozca el resultado del plebiscito". El dictamen violado por la Municipalidad de Vitacura fue un triunfo para los vecinos, quedando claro que los cambios al Plan Regulador son objeto de una consulta popular. Durante cinco meses reunieron más de ocho mil firmas necesarias para hacer valer su derecho constitucional. La acción busca evitar que se sigan construyendo los inmensos complejos inmobiliarios facilitados por el municipio, a través de casi 20 modificaciones al Plan Regulador desde su creación en 1992, y se devasten sectores residenciales completos ante las excelentes ofertas económicas de las constructoras. "Se encuentra establecido que los planes reguladores deben emanar de la municipalidad y no de las inmobiliarias. Acá sucede lo contrario. Para asegurar un mínimo de estabilidad a los vecinos, éste debe durar por lo menos 15 años. En Vitacura se modifica el plan puntualmente para ayudar el desarrollo de un negocio inmobiliario", asegura el presidente de Salvemos Vitacura, Rodolfo Terrazas. ¿Pero por qué la municipalidad pasa por encima de los vecinos? Terrazas prefiere no responder. Pero está seguro con el documento en la mano de que el nuevo cambio al plan va en contra de la legalidad. En parte por eso, y por todo el manejo del alcalde con las inmobiliarias, es que la agrupación rechaza de plano la repostulación de Torrealba para un nuevo mandato. "Esta es una comuna históricamente de derecha, pero un cuarto período para una persona que no está al servicio de los intereses de los vecinos que lo eligieron es insostenible. Tal como es necesaria la alternancia en el poder de un lado a otro, también lo es dentro de un mismo grupo. Si Torrealba se repostula, nosotros vamos a presentar nuestro propio candidato a alcalde y también a concejales. Con los votos que hemos logrado es muy probable que ganemos", señala Terrazas. El presidente de la Agrupación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, desde ya apoya la idea de Terrazas. "Estamos seguros que van a sacar un alcalde. Nosotros los estamos ayudando a elegir el nombre. Ellos ya tienen determinados a los concejales. Sólo nos importa que sea un grupo civil independiente". LA CONSTRUCTORA Los vecinos dudan del alcalde de Vitacura porque según reconoció el mismo Torrealba a la prensa el día 19 de octubre de 2007 , mantendría la propiedad del 1,5% de Inmobiliaria Simonetti a través de una sociedad de inversiones. Cuestionado, en medio del conflicto por el plebiscito logrado por los vecinos, Torrealba agregó que se sentía "absolutamente libre de seguir liderando el cambio al Plan Regulador" y que su participación en la inmobiliaria no lo inhabilitaba. El manual de uso de la Ley de Probidad señala que "se establece una incompatibilidad para ejercer la profesión, el oficio, la industria o el comercio, cuando ésta esté referida a materias específicas o casos concretos que deba informar, analizar o resolver el funcionario o autoridad, o el servicio a que pertenece". El texto agrega que con ello se pretende que "los funcionarios no se involucren en actividades similares a las que debe tratar, para así prevenir la influencia que éstas puedan generar en la debida imparcialidad de las decisiones, característica de una sana administración". Haciendo un pequeño recuento de la histórica relación de Torrealba con la familia Simonetti, resalta lo siguiente. Primero, está casado con María Soledad (Pelusa) Simonetti Zambelli. Luego, con su suegro, Marcial Simonetti Astengo, ex miembro del directorio y actual socio de la inmobiliaria familiar, aparece como director de Salmones Reloncaví hasta 1998, cuando ya era alcalde de Vitacura. En dicha ocasión, en conjunto traspasaron la propiedad de la empresa a la salmonera Aguas Claras. Antes, en 1993, habían sido socios en Inmobiliaria Mallorca. Y con el actual presidente del directorio de Simonetti, Alejandro Simonetti Vivanco (sobrino de Marcial y primo de su esposa), Torrealba fue socio en la Pesquera Kintai hasta 1996, fecha en que la empresa fue absorbida por Antarfood, en la que los Simonetti mantuvieron participación hasta hace unos años. El proyecto estrella de la constructora Simonetti en Vitacura, el Parque Lo Gallo contempla cinco fases de edificación de 14 torres de hasta 9 pisos , tendría vicios casi imposibles de subsanar. De acuerdo con Patricio Herman, de Defendamos la Ciudad, el sector donde se están realizando los trabajos "es un área verde riberana, con un uso de suelo muy determinado. Según un documento firmado en 1999 por el seremi de Vivienda, Sergio González Tapia, y el abogado jefe de esa repartición, Tulio Vivanco, se señala expresamente que el Parque Lo Gallo es un área verde. Extrañamente, la posición oficial fue desvirtuada por un informe de Contraloría, contrario respecto de lo que señalaban las autoridades competentes", explica. Pero quien dio la pelea más fuerte en contra de la devastación del área verde fue Hernán Larraín Chaux, vecino de Vitacura, cuñado de Adolfo Zaldívar y dueño del Hotel Las Acacias, que colinda con el sector donde Simonetti construye las torres. Si bien no quiso hablar con LND, por temor a represalias de parte de la municipalidad, envió una carta a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, fechada el 26 de abril de 2006. Entre otros aspectos, ahí señala que "el Parque Lo Gallo aparece como área verde en el plano oficial de urbanización de Las Condes de 1945, ratificado por el Plan Intercomunal de Santiago de 1960 y por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago de 1994". La Ley de Probidad nuevamente contiene una disposición específica respecto de este tipo de casos al manifestarse en contra de "usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña". LA AMÉRICA El caso del Parque de las Américas explotó debido a que en el año 2000 se hizo público que la Dirección de Obras de la comuna -cargo que no depende directamente del alcalde- puso como condición para entregar el permiso de edificación en dicho lugar que el titular del proyecto donara 30 mil UF a la municipalidad. Se trataba de un área verde modificada mediante decreto supremo en 1989, ya en las postrimerías de la dictadura. Según las normas de edificación contenidas en el nuevo cuerpo legal, un 85% del territorio estaría constituido por viviendas unifamiliares y el 15% restante por edificios de hasta cuatro pisos. Sin embargo, los permisos para edificar finalmente fueron concedidos para 18 torres entre 16 y 24 pisos, sin existir un cambio en el Plan Regulador. De ahí que los vecinos se organizaran para intentar detener el avance del proyecto. No obstante, las torres se construyeron en medio de la polémica tanto por los dineros exigidos de parte de la municipalidad para otorgar los permisos como por la violación del Plan Regulador de la comuna. Es así como en 2003 un dictamen de Contraloría determinó que los permisos de edificación eran ilegales. "Pero como el proyecto ya estaba construido, el organismo tutelar determinó que el pago iba a ser tan gravoso para la municipalidad que lo dejó sin efecto. Posteriormente, los vecinos iniciaron una acción civil que perdieron", relata Patricio Herman. Casi por la misma fecha, en 2001, explotó otro escándalo en el cual la municipalidad también llegó a Contraloría. Se trataba de cerca de dos mil millones de pesos no respaldados, clasificados por el municipio en el ítem "transferencias contables". El informe del 17 de octubre de ese año detalla cada uno de los gastos no respaldados. La periodista y presidenta de la agrupación vecinal Villa El Dorado, Paloma Martínez, recuerda que tanto este caso como el de los cobros para edificar en el Parque de las Américas fueron desestimados por Contraloría. "Se trató de un perdonazo llevado a cabo por la abogada de la División de Municipalidades encargada de revisar ambos casos, Lilian Jijena Odó. En el caso de los dineros sin respaldo, de forma inaudita aceptó declaraciones juradas de distintas personas que simplemente aseguraron haber recibido los dineros y haberlos gastado en lo que correspondía", señala. El año pasado, Lilian Jijena se jubiló de la Contraloría. Actualmente es asesora legal del alcalde Raúl Torrealba en Vitacura. Y en el caso de las torres del Parque de las Américas, una de las empresas que actualmente vende edificios en dicho terreno es la constructora Almagro. Fueron los Simonetti quienes la fundaron en los setenta junto a Francisco Reyes y Renato Stewart , llegando a controlar el 50% de la propiedad. En 2001 se retiraron para constituir Inmobiliaria Simonetti. Para LND fue imposible determinar si Torrealba mantiene su participación en Simonetti desde el tiempo en que eran parte de Almagro. El motivo es que se negó a responder cualquier tipo de consulta. Sin embargo, fue posible constatar que el alcalde Torrealba mantuvo relaciones comerciales con Francisco Reyes hasta 2007 accionista mayoritario de Almagro durante muchos años. Éstas partieron en 1986 y duraron hasta 1996, fecha en que Torrealba le cedió sus derechos a Hernán Reyes, hermano de Fernando, en Agrícola Santa Elvira, empresa que posteriormente fue absorbida por Almagro.