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De poco sirvió «la fe y esperanza», argumento esgrimido por el concejal socialcristiano RN de Independencia, Agustín Iglesias, para rechazar un preacuerdo extrajudicial en el Concejo Municipal, cuando la Tercera Sala de la Corte Suprema analizó el recurso de casación interpuesto por el municipio capitalino para revertir un categórico fallo de la Corte de Apelaciones que beneficiaba a la constructora Huidobro.
La decisión Suprema, un 5 a 0 rotundo en contra del municipio de Independencia, fue firmada por los ministros Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Juan Manuel Muñoz y los abogados integrantes Carolina Coppo y Raúl Fuentes.
El máximo tribunal rechazó cada uno de los argumentos presentados por los abogados de la municipalidad y todos los supuestos «yerros jurídicos» que tendría el fallo del tribunal de alzada y que alentaron «la fe y esperanza» que lideró Iglesias.
El concejo, en agosto pasado y por la influencia de Iglesias, rechazó el trabajo de meses de los equipos técnicos de la municipalidad y la empresa, quienes en sede judicial llegaron a un acuerdo conciliatorio que brindaba al municipio una serie de ventajas para que la constructora Huidobro continuara con las obras que había sido paralizadas arbitrariamente por la Dirección de Obras.
Los concejales (5 a 3) y el alcalde Gonzalo Durán (se sumó a la mayoría) estuvieron por mantener en sede judicial el conflicto y esperar el resultado del recurso de casación que presentó el municipio luego de perder en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Tal como lo adelantó El Periodista hace más de 4 meses, de no tener éxito en la Justicia, con la decisión tomada en el Concejo, Independencia podría verse obligada a pagar una millonaria indemnización a la constructora, donde se especula que la cifra podría llegar a los 10 mil millones de pesos.
Este peligro, sin embargo, no pesó a la hora de los argumentos de 5 concejales, entre ellos el RN, Agustín Iglesias, quien votó en sintonía con las concejalas del PC y del Frente Amplio, convencido que la ley estaba de parte del municipio, desoyendo la opinión de expertos e ignorando la contundencia del fallo en el tribunal de alzada capitalino.
Cabe recordar que en febrero de 2022, la Corte de Santiago acogió -por la unanimidad de tres ministros- el recurso interpuesto por la empresa Huidobro, donde se estableció que la paralización del proyecto dictada por la Dirección de Obras Municipales (DOM) en 2018, fue ilegal.
La resolución de 25 hojas fue un golpe judicial inesperado y contundente, sobre todo porque los magistrados apuntaron a que la DOM cometió anomalías en su dictamen administrativo al detener la obra, que contaba incluso con los permisos ambientales y del Consejo de Monumentos Nacionales. De hecho, en una de sus fojas, los magistrados enfatizaron que la DOM debió “respetar el principio de probidad”.
El concejal Iglesias, dijo en agosto, que tenía «fe y esperanza» de que la Corte Suprema aceptaría el recurso de casación, contrario al otro concejal de su sector, Rodrigo Barco, quien señaló que frente a una de las votaciones más importantes que ha tenido el Concejo, se inclinaba por aprobar el acuerdo porque todos decidieron ingresar a la etapa de conciliación por los perjuicios que podría tener el municipio. «Con los estudios y consultas jurídicas que uno cuenta, veo que las posibilidades de que ganemos son bajas y el edificio se va a construir», señaló el concejal RN.
La Corte Suprema le dio la razón a Barco, en desmedro de la posición de Iglesias, ingeniero civil industrial, que se comenta le gustaría suceder a Durán en el sillón de Independencia. De prosperar su candidatura y vencer en las elecciones municipales, le tocaría enfrentar el juicio indemnizatorio y un pago millonario que podría quebrar a Independencia.
Por eso no se entiende que los concejales no hayan considerado la contundencia de los argumentos esgrimidos por el ministro Hernán Crisosto y los abogados integrantes Rodrigo Asenjo y Jorge Benitez, que, hoy ratificado por la Corte Suprema, mencionaba una frase perentoria: la empresa podía ejercer el derecho a ser resarcida. Nadie tenía que decirlo, pero la suma podría alcanzar varios miles de millones, los que deberían salir de las arcas edilicias.
Como obliga la ley, la sede comunal recurrió a la Suprema para revocar la resolución. Sin embargo, la sola posibilidad de perder, hizo surgir un acercamiento con la firma para transigir. Por esta razón, Durán fue mandatado por el Concejo Municipal (CM), logrando el acuerdo mencionado.
Lo que la municipalidad obtendría a cambio de no continuar con el caso en la Suprema, sería la construcción de un inmueble de 300 metros cuadrados destinados a un centro de salud comunitario; se suman diez departamentos para soluciones habitacionales de los vecinos, otros 50 cuyos beneficiarios se definirían por la oficina de Vivienda Comunal para familias vulnerables, un mural y cámaras de vigilancia.
Pero el rechazo de lo concejales volvió todo a fojas cero, la Suprema falló en favor de la constructora y el fantasma de una cifra multimillonaria se convierte en un dolor de cabeza para el alcalde Gonzalo Durán quien, debido a la opinión mayoritaria en contra de la conciliación, votó en contra de la misma y señaló que mandataría a los equipos jurídicos para que iniciaran de inmediato el trabajo para defender al municipio.
La Constructora, en un escrito ingresado en julio a la Corte, ya alegaba en una presentación de apenas dos páginas, que “no resulta posible seguir esperando”, por la demora del Concejo, que ella había actuado de buena fe y que en el intercambio de voluntades ofreció una serie de acciones que irán en beneficio de la comunidad.
La inmobiliaria, patrocinada por el abogado Robert Gillmore, aseveró que pese a las negociaciones formalizadas en sede judicial, no había existido la voluntad de la comuna para resolver el acuerdo “cuyas disposiciones, paradójicamente, fueron calificadas como convenientes y justas por ambas partes”.
Hoy, tras casi 7 años con las obras paralizadas y un pleito ganado y cerrado por la Corte Suprema, Huidobro se apresta a continuar la construcción, no debe resarcir en nada al municipio, cuyos vecinos verán cómo es esfumaron un centro de salud y varias viviendas para familias vulnerables y, además, podrá cobrar un suculento monto indemnizatorio que debe decidirse en sede judicial.