Defendamos la ciudad

Fundación Defendamos la Ciudad informa que a raíz de la denuncia del abogado Gustavo Cruzat en contra de un loteo irregular en un bosque esclerófilo situado en la cima del cerro Lo Curro, comuna de Vitacura, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), haciendo valer el artículo 51º de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, inició acciones judiciales en contra de la Municipalidad de Vitacura, Sociedad de Inversiones y Rentas San Arturo Ltda.. C.P.A. y Sociedad de Desarrollo Agua del Palo Ltda. ya que estos actores aprobaron y están ejecutando, respectivamente, proyectos inmobiliarios en un Área de Preservación Ecológica, protegida por la legislación urbanística metropolitana (PRMS), por los Decretos Supremos Nº 82 de 1974 Nº 327 de 1975, ambos del Ministerio de Agricultura y por Decreto Supremo Nº 366 de 1944 del Ministerio de Tierras y Colonización, Decreto Supremo Nº 4.363 de 1931 del Ministerio de Tierras y Colonización que establece la actual Ley de Bosques y el Decreto Ley N° 701 sobre Fomento Forestal. En efecto, los abogados del CDE en esta semana entablaron la demanda por daño ambiental en contra de los anteriores en el 13º Juzgado Civil de Santiago, acción judicial similar a la presentada en meses pasados por ese organismo público en contra de la Municipalidad de Lo Barnechea y de loteadores de viviendas en la zona precordillerana comunal, definida también como Área de Preservación Ecológica. Patricio Herman de Defendamos la Ciudad expresó “desde hace más de un año estamos denunciando a todos los servicios públicos sectoriales violaciones permanentes a las reglas del juego establecidas en el instrumento normativo urbano metropolitano y por ello vemos con satisfacción que el CDE esté procediendo judicialmente en contra de los privados violadores. El CDE ha cumplido a cabalidad su obligación de resguardar nuestro ecosistema ya saturado por la imprevisión de otros organismo públicos que, por lenidad u otros motivos, no han fiscalizado. En nuestra opinión, quien tiene la mayor cuota de responsabilidad en este despropósito es el Director de Obras Municipales quien otorgó los permisos correspondientes, a sabiendas que en ese sector alto de la ciudad no se pueden levantar proyectos inmobiliarios de ninguna especie”. El abogado Gustavo Cruzat manifestó “Los hechos que han motivado al CDE a demandar por daño ambiental, tanto a la Municipalidad de Vitacura, como a las sociedades inmobiliarias, se fundamentan en el daño severo que se le ha ocasionado a un bosque esclerófilo único en su género en el país. Y la autoridad municipal, estando en perfecto conocimiento de dicha circunstancia, autorizó con infracción de toda la normativa ambiental -varias leyes y decretos- la deforestación de un bosque de especies centenarias. En países europeos ese tipo de conductas se penan con cárcel. Aquí, aún cuando no hemos avanzado tanto, este tipo de acciones inconcientes son fuente de responsabilidad civil, es decir, dan origen a indemnización de perjuicios por daño ambiental, que es justamente lo que el Consejo de Defensa del Estado, con gran profesionalismo, está solicitando. Debo agregar que en todas las gestiones que han debido hacerse, la Municipalidad de Vitacura ha demostrado una conducta inaceptable, como negarse a entregar información pública, alegando que eran los dueños del proyecto quienes decidían si se me entregaban los documentos pertinentes. Eso infringe la Ley de Probidad Administrativa, y el criterio que el Tribunal Constitucional ha fijado en la materia. Sorprende también la actitud poco decorosa de recepcionar la urbanización impugnada sólo dos días después de efectuada mi denuncia, con la agravante de que yo había solicitado la tramitación de urgencia que la Ley contempla para tal efecto. Lo anterior son 2 cuestiones graves que la Contraloría General de la República se encuentra investigando desde Diciembre de 2007.” 09/2585459-09/4344757