Defendamos la ciudad

La Comisión de Medioambiente del Senado acordó pedir al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Contraloría General de la República, además de la Conama, y los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda que informen por qué no se han realizado los estudios de impacto ambiental pertinentes en la construcción de las autovías concesionadas. Así lo informó el senador Antonio Horvath (RN), presidente de la instancia, quien explicó que una decena de organizaciones ciudadanas entregó “una gran cantidad de antecedentes que demuestran que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se está saltando las evaluaciones de impacto ambiental de las autopistas y vías concesionadas en el país bajo el subterfugio de denominarlas autovías y no autopistas, además de una serie de otras irregularidades”. El parlamentario explicó que “las organizaciones reclaman además, por el daño que se les está provocando a sus condiciones de vida, como por ejemplo: el ruido, la contaminación del aire, las vibraciones, la inaccesibilidad entre barrios, roturas de las ciclovías, el deterioro de la plusvalía de viviendas y la tala de árboles urbanos”. Recordó que “respecto al último punto existe un proyecto que está en la Cámara de Diputados, para proteger el árbol urbano porque además de sacarlo, las empresas ni siquiera lo reponen, o cuando llegan a hacerlo ponen un arbolito de dos o tres años, en vez del de 40 o más años que sacaron”. Agregó que “sólo en Américo Vespucio Sur se arrasaron con más de 7 mil árboles y sólo uno se salvó porque una familia prácticamente se encadenó a él”. Horvath explicó además que otro de los antecedentes que están analizando es que “el Estado chileno ha estado subsidiando de una manera indirecta la construcción de las vías concesionadas, a través del financiamiento de obras vinculadas a las vías concesionadas como son: las defensas fluviales, accesos y una serie de facilidades que hay que seguirlas analizando”. Indicó que “el ejemplo más clásico es la Costanera Norte donde el Estado ha financiado una cantidad cercana al 40 por ciento de la inversión y ése nunca ha sido el espíritu de las vías concesionadas porque la gracia que tienen es que precisamente liberan al Estado de fondos para hacer cosas en otras áreas más urgentes”. Por su parte, el senador Nelson Avila (PRSD), integrante de la Comisión de Medioambiente, coincidió con su par en el sentido de que “son preocupantes los antecedentes entregados por las organizaciones ciudadanas” y por ello, la Comisión acordó remitirlos a la Cámara de Diputados que “con sus facultades fiscalizadoras podrá ahondar en la investigación”. Asimismo, sostuvo que aparte de la “escasa consideración que se tiene con las personas afectadas con la construcción de las nuevas rutas existen varios vicios e irregularidades que es preciso enfrentar”. Explicó que por ejemplo, “las organizaciones dieron cuenta del aprovechamiento que algunos propietarios tuvieron de los terrenos que quedaron liberados como consecuencia de la canalización del Río Mapocho ya que, después de haber efectuado tomas pretenden chantajear al Estado con acciones judiciales que les reporten cantidades importantes de dinero”. Invitados Entre los asistentes a la Comisión de Medioambiente estaban los representantes de Ciudad Viva; de Ecourbe; de la Agrupación Decisión Pro-homine; de la Agrupación Defendamos la Ciudad; de la Fundación Terram; de la Coordinadora Pro Derechos Urbanos, la Junta de Vecinos Pedro de Valdivia Norte y del Comité de Asesores Urbanistas del Colegio de Arquitectos. En la oportunidad plantearon los problemas que se originan en la propiedad privada y el medio ambiente, como consecuencia de la construcción de autopistas urbanas. Hicieron presente, que en algunos casos, no se tomó en cuenta el impacto ambiental de las obras y, en otros casos, no hubo una adecuada supervisión que evitara los daños advertidos por los vecinos y comunidad aledaña, los cuales se tradujeron en daños graves a la propiedad privada y la salud de la población.