Defendamos la ciudad

Mientras la fiscalía nacional realiza su trabajo indagatorio, comienzan a revelarse testimonios en orden a que la empresa internacional contaría con una red de contactos en el mundo político concertacionista, los cuales habrían ofrecido sus buenos oficios para interceder a su favor. En esta fase de investigación, ya se menciona a ex altos funcionarios del régimen, amén de los involucrados del mencionado servicio. No es un caso aislado, lamentablemente. Porque, el sistema no contempla sanciones para el tráfico de influencias, a pesar de todos los discursos políticos que respaldan leyes en ese sentido. Hasta ahora sólo existe una moción parlamentaria de 2003, que aborda el tema. Asimismo, las normas que rigen para impedir la puerta giratoria a los funcionarios públicos para trasladarse al sector privado, son insuficientes. La ley de probidad administrativa (de diciembre de 1999) fijó inhabilidades e incompatibilidades administrativas limitadas a ex funcionarios de instituciones fiscalizadoras, impidiéndoles sólo por seis meses, desde que cesan sus labores públicas, su incorporación al sector privado que se haya sujeto de controles por parte del organismo al que pertenecía. El no cumplimiento de tal prohibición no tiene sanción. En diciembre de 2006, la Presidenta Bachelet envió una propuesta al Parlamento, extendiendo el régimen de incompatibilidades a otros órganos del Estado, y ampliando el plazo a un año, para incorporarse al ámbito privado. También establece incompatibilidades para desarrollar actividades de lobby, por un periodo de dos años, y añade sanciones como la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. Hoy permanece en la Cámara de Diputados. A pesar de que la experiencia registra lo contrario, es de esperar que los políticos asuman la responsabilidad de legislar para terminar con este sistema perverso de tráfico de influencias y lobby encubierto que se realiza en Chile, desde hace demasiado tiempo.