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Esos desarrolladores vendieron en altísimos precios terrenos rurales emplazados en las Áreas de Preservación Ecológica (APE) donde la ordenanza del PRMS no permite el uso residencial. Suponemos que los compradores no fueron debidamente informados de esa restricción normativa. Por el contrario, en su publicidad los desarrolladores inmobiliarios les decían que en sus costosas parcelas de agrado podrían construir sus viviendas y tener una agradable vida rodeados de naturaleza.
La Contraloría reiteró que esa ingeniosa pieza publicitaria no se ajusta a derecho porque deben respetarse los usos de suelo del artículo 8.3.1.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994: científico, cultural, educativo, recreacional, deportivo y turístico, con las instalaciones y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación.
En estos negocios ilegales intervenían como "asesores técnicos" connotados profesionales quienes, a través de lobby con autoridades de distintos gobiernos, desde hace años venían avanzando en la concreción de estas actividades en las comunas de Colina y Lo Barnechea, ver link
Recordemos por último que 4 de estos proyectos emplazados en las APE están querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por los perjuicios causados al medio ambiente:
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