Defendamos la ciudad

Por Daniela Ruiz y Darío Zambra. Poco antes de las cuatro de la tarde del lunes, llegó a la sede del Senado en Santiago un selecto grupo de empresarios, todos elegantemente vestidos y prolijamente aseados. De forma amable y con muy buenas maneras, se sentaron junto a los parlamentarios de la Comisión de Hacienda y ante ellos expusieron los argumentos que esgrimen desde hace años: que la eliminación de la franquicia a la construcción de viviendas perjudicará a la clase media de nuestro país. Fue la última de las defensas a una exención tributaria que hace rato perdió su sentido inicial y que hoy está convertida en un atractivo estímulo para la edificación de viviendas extremadamente caras. Pero ellos siempre manifestaron que sólo estaban velando por el interés de las familias del estrato social medio bajo. De los cinco representantes de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) que asistieron esa tarde al ex Congreso, tres eran pesos pesados del sector: Fernando Echeverría, Juan Ignacio Silva y José Antonio Guzmán, todos ex presidentes del gremio. Con su pulcritud habitual y sin que se les moviera un pelo, los empresarios de la construcción consiguieron una vez más un traje a su media, coherente con sus intereses. Porque cuando vieron que su bolsillo se vería tocado, encendieron la luz de alerta y desplegaron de inmediato su amplia red de influencia, la misma con la que siempre han conseguido neutralizar los proyectos que amenazan sus intereses. Por algo son el gremio empresarial más influyente, después de la Sofofa y, según el presidente de la ONG Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, "el poder fáctico más poderoso que hay en el país". ¿Defensores de la clase media? Apenas el ministro de Hacienda Andrés Velasco regresó de sus vacaciones en Perú, anunció un paquete de medidas reactivadoras. Dos de las más importantes eran la rebaja al impuesto a las gasolinas y la focalización del beneficio del IVA a la construcción. Respecto a esta última iniciativa, la primera idea del Gobierno fue mantener la franquicia para las viviendas bajo las 2 mil UF. Pero la Cámara de la Construcción recurrió a sus aliados naturales, la Alianza y el senador DC Hosaín Sabag, y a los senadores independientes para conseguir que el beneficio tributario se mantuviera para las casas de hasta 3 mil UF y una rebaja estándar de 225 UF para las que van de las 3 mil a 4 mil 500 UF. "Se le ha doblado la mano al Gobierno dos veces", dijo el senador Fernando Flores al sellar el acuerdo con el Ejecutivo. Tal como quería la CChC, las viviendas de hasta 90 millones quedarán con un beneficio tributario, pese a que la intención inicial de la exención era estimular la construcción de viviendas sociales. "No es lógico que alguien que compra una casa de 90 millones de pesos, reciba hoy 10 millones del Estado y el próximo año reciba 4 millones y medio", manifiesta el diputado PS Carlos Montes, uno de los impulsores de la modificación. Una vez más, los constructores consiguieron un traje a su medida. Lo vienen haciendo desde que se organizaron, hace casi sesenta años, utilizando sus redes y el poder que implica ser el gremio con el mayor patrimonio: según los cálculos más conservadores, éste superaría fácilmente los mil millones de dólares. Ninguna otra organización empresarial puede jactarse de manejar cifras similares. Es que bajo el paraguas de Invesco -la matriz de inversión del grupo- se encuentran firmas tan exitosas como la AFP Habitat, la isapre Consalud y los centros Megasalud (ver recuadro). Los constructores infiltrados "La cámara es un centro de influencia muy grande en general en las obras públicas y en todas las políticas de vivienda y de suelos", afirma un parlamentario oficialista. Su poder se hace notar cada vez que los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda -las dos carteras que con las que más se relacionan- comienzan a trabajar en alguna iniciativa legal que afecte los intereses de los socios del gremio. En el Gobierno cuentan que los ejecutivos de la CChC están permanentemente monitoreando las políticas públicas e intentan influir en todas las etapas de éstas. "Incluso, se vanaglorian de ser un factor muy decisivo en estas políticas. Por ejemplo, el lunes frente a la Comisión de Hacienda, uno de sus representantes dijo que era extraño que llegue alguna ley al Parlamento antes de ser conversada con ellos", agrega la misma fuente. Su estrategia es la misma de siempre. Cuando alguna iniciativa o modificación legal no les gusta, hacen ver, de manera directa o indirecta, que ellos le pondrán una fuerte resistencia. "Su forma de demostrarlo es decir que si el Ejecutivo sigue adelante, va a tener problemas", precisa un parlamentario. Durante esas instancias, asegura un ex alto funcionario del MOP, "se mueven mucho por debajo, manteniendo un perfil bajo. Suelen advertir que tal proyecto no contará con la aprobación del gremio. Muchas veces adornan sus demandas como intereses nacionales, para no parecer grotescos". Cuando los constructores ven que el asunto se les va de las manos y los proyectos se discuten en el Parlamento, dejan de lado su estricto bajo perfil y manifiestan en público hasta el cansancio sus aprensiones. Así lo hicieron esta semana, con sus insertos en los diarios y con el ex presidente del gremio Fernando Echeverría hablando con todo los medios que quisieron escucharlo. Un parlamentario cuenta que incluso la CChC tiene un par de profesionales en el Congreso, quienes monitorean las iniciativas que les interesan, listos para intervenir cuando corresponda. "Normalmente asisten como asesores de la derecha", confidencian. Al igual que la estrategia, sus argumentos mantiene el mismo tenor: que tal o cual iniciativa terminará afectando a la economía. "Dicen que si algo les perjudica a ellos inevitablemente termina afectando al empleo y a la actividad económica. Esta vez, usaron como excusa lo de la clase media", agrega la misma fuente. Fiera resistencia Como un fino trabajo de relojería, la estrategia de los constructores para cuidar sus intereses funciona casi a la perfección. Normalmente, logran sacar proyectos a su medida o los neutralizan. O simplemente los retienen en los ministerios. "Estos gallos son brillantes, todo lo que se les mete en la cabeza lo consiguen", afirma Herman. Ejemplos hay para tirar a la chuña. Por ejemplo, desde hace siete años el diputado Montes viene impulsando la discusión de la focalización del impuesto al IVA, pero recién está semana se debatió la iniciativa en el Congreso. Los constructores intentaron hasta lo imposible por dilatar su tramitación. En el Ministerio de Vivienda tienen paralizada una de las iniciativas más relevantes que la cartera se propuso sacar adelante cuando llegó la ministra Patricia Poblete. Se trata de la norma que busca obligar a los urbanizadores a ceder el 5% de la superficie total que utilizan para la construcción de viviendas sociales, o bien pagar el valor equivalente. El objetivo es fomentar la integración social. En países como Colombia se aplica con un porcentaje de 25%, pero en Chile la CChC se opone al 5%. Quien fuera el gerente de Estudios del gremio hasta el año pasado, el actual decano de Economía de la Universidad de Chile, Felipe Morandé, apenas se anunció la norma, expresó en una columna: "Este proyecto de ley innova para peor. No será eficaz porque es un hecho que la vivienda asistencial puesta en terrenos de alto valor, no resiste con el tiempo la presión del mercado y finalmente los pobres venden y se van". Desde entonces, los constructores presionaron y presionaron, y hoy Vivienda aún no logra sacar el proyecto. Otra evidencia poderosa de la influencia del gremio. Aliados y con la camiseta puesta ¿Hay más? Mucho más. El cambio a la ley de urbanismo y construcciones; el intento por modificar ley de parcelas de agrado; la intención de terminar con los abusos que permite el actual sistema de concesiones; y la ley sobre competencias laborales, son sólo algunos de los proyectos que provocan la fiera resistencia de la cámara. "Cuando algún proyecto tiene que ver con las regulaciones del espacio, del negocio inmobiliario y, principalmente, del suelo, ellos se la juegan con todo porque su punto de vista predomine", dicen en el oficialismo. Incluso un alto funcionario del MOP asegura que tanto este ministerio como el de la Vivienda "están parcialmente capturados por la industria, en el sentido de la influencia desmedida que tienen sobre ellos". En tanto, en el Congreso quienes más se ponen la camiseta de los constructores son la derecha en pleno, en especial los senadores RN Sergio Romero y Carlos Kuschel y el diputado UDI Julio Dittborn. En la Concertación también tienen sus aliados: junto con el senador DC Hosaín Sabag, los diputados Juan Carlos Latorre (ex subsecretario del MOP) y Patricio Hales han coincido con los constructores en sus planteamientos sobre la ley de concesiones. "Es un organismo gremial de primera línea y lo que ellos hacen no es lobby, sino que sólo hacen ver sus puntos de vista antes las autoridades", afirma Herman Chadwick, el presidente de las empresas concesionarias, gremio que frecuentemente trabaja codo a codo con la cámara. Gran parte de la solidez de la influencia que ha construido la CChC, muchos la atribuyen -junto al patrimonio que poseen- al prestigio de su gerencia de estudios. Es uno de los departamentos en los que más recursos inyectan y de dónde salen los trabajados informes con los que "hacen ver sus puntos de vista" ante las autoridades. Probablemente sea el centro de estudios más sólido de todos los gremios empresariales. De hecho, hasta el año pasado era liderado por Felipe Morandé, el hombre clave del equipo económico de Sebastián Piñera. Aunque hoy el economista está en la Universidad de Chile, uno de sus socios confidencia que sigue asesorando al gremio de los mil millones de dólares, en temas macro y en otros relevantes. Como en la defensa de la franquicia a la construcción, la última de sus grandes batallas. EL GREMIO DE LOS MIL MILLONES El éxito empresarial logrado por la CChC es un caso excepcional dentro de las agrupaciones sin fines de lucro. Son calificados como el “gremio más rico de Chile” y el patrimonio de sus negocios alcanza, por lo bajo, los mil millones de dólares. En 1953, la entidad comenzó a formar empresas para satisfacer las necesidades particulares de su sector, especialmente de los obreros. Así nacieron la Caja de Compensación de los Andes, el Servicio Médico, la Mutual de Seguridad y la Corporación de Capacitación. Hoy, éstas son parte de las 20 entidades sin fines de lucro que componen la red social de la cámara, que cubre áreas de salud, educación, capacitación, deporte y cultura. Recién en 1981 deciden crear su primera empresa con fines de lucro: la AFP Habitat, donde hoy comparten la propiedad con el Citybank. Más tarde nace Invesco, la sociedad que reúne los negocios del gremio en las áreas de previsión, salud y educación. Cada empresa tiene autonomía de gestión, pero los movimientos patrimoniales son tarea de Invesco y en última instancia del directorio de la Cámara. En salud sus caballitos de batalla son la Isapre Consalud -tercera en número de cotizantes-, los centros médicos Megasalud y la clínica de Providencia. Y también posee seis colegios Pumahue y tres Manquecura, ambos particulares pagados.