En enero de 2019 los tasadores Pablo Gómez y Javiera Lora le asignaron al terreno un precio de $ 4.000.000.000
En febrero de 2020 los mismos tasadores aumentaron el precio a $ 9.180.000.000
En junio de 2020 los tasadores Arturo Layana y Eugenio Jimenez dijeron que el precio era $ 9.000.000.000
Pero nada se sabe en relación a lo que le sucedió a la intendenta Lucía Pinto, funcionaria investida de autoridad, que le hizo diversas "travesuras" a la Contraloría General de la República para lograr su objetivo. Tres preguntas :
¿A doña Lucía Pinto la condenaron a clases de ética?
¿Esos "peritos" tasadores continuarán ejerciendo esa actividad?
¿Cuáles serán las profesiones de esos tasadores?
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