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para dar otro uso a estructura ilegal de 9 pisos en borde costero.
Hace unas semanas se viralizó en redes sociales una imagen que dio qué hablar: fuertes marejadas impactando de lleno en la estructura del controvertido proyecto Hotel Punta Piqueros, emplazado en el borde costero de Concón.
Se trata de una iniciativa inmobiliaria que continúa paralizada, a la espera de una resolución sobre si debe proceder una demolición o no. Lo anterior, considerando que a fines de 2019 la Corte Suprema invalidó el permiso de edificación entregado por la Municipalidad de Concón y ordenó al proyecto someterse a Evaluación de Impacto Ambiental. A continuación, durante 2021, la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró admisible un recurso de protección que busca demoler lo que va construido del inmueble.
En este contexto, durante el 2022 la Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, que buscaba que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) se pronuncie respecto del futuro de dicha construcción. Y destacó que los permisos con los que cuenta el hotel fueron declarados contrarios a derecho, y posteriormente caducados, por lo que dicho procedimiento "no es posible de ser reiniciado".
La propuesta original data de 2011, con el objetivo de una inauguración a haberse realizado en 2013, la cual no ha sucedido, debido a distintas batallas legales mediante las cuales se busca establecer si el Hotel cumple o no con los estándares de la normativa urbanística del sector.
Entre los inversionistas que estuvieron detrás del Hotel se encuentran la familia Said, Scotiabank, el grupo Urenda y el grupo Eluchans, entre otros. Sin embargo, la principal mano detrás del proyecto es la de Enzo Bolocco -padre de las animadoras televisivas Cecilia y Diana- quien en 2011 creó Bolocco Inversiones IPP, realizando aportes a la Inmobiliaria Punta Piqueros S.A..
Durante la jornada de ayer, el Concejo Municipal de Concón, encabezado por el alcalde Freddy Ramírez (independiente), rechazó la propuesta de acuerdo judicial ingresada por la inmobiliaria a cargo del proyecto Punta Piqueros, en conjunto con la Corporación Pro Defensa del Patrimonio, la cual daba cabida a la ejecución de un nuevo proyecto en el borde costero conconino.
De esta manera, el proceso de juicio entre las partes, en donde está incluido el Municipio, seguirá su curso en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Consultada por Interferencia, la concejala Ilen Sáez (independiente en lista CS) señaló que “el rechazo fue unánime, aunque hubo distintos argumentos entre los miembros del Concejo para rechazar. En mi caso, mi postura tiene que ver con la probidad administrativa. Esto dice relación con la legislación vigente que impide a alcaldes y concejales participar de decisiones en las que se reste su imparcialidad. Y, bajo mi punto de vista, en todas estas reuniones que hubo para ahondar en el tema se habló mucho del acuerdo para el proyecto nuevo de la inmobiliaria. Creo que ellos estaban incidiendo en nuestra postura y eso no puede ser, porque se supone que el órgano técnico para analizar el caso es la Dirección de Obras Municipales”.
En esa línea, Sáez agrega que “nosotros no podemos estar diciendo si un proyecto es bueno o malo, menos cuando el privado, en este caso, estaba incidiendo en la discusión. Incluso nos hicieron una presentación del proyecto nuevo. Ello no corresponde; si se ingresó un proyecto nuevo, lo que debe hacer es sortear las instancias técnicas para ver si cumple con la normativa y con el plan regulador vigente”.
“Todo el tiempo se habló de que el acuerdo era respecto del reclamo de ilegalidad, pero al revisarlo uno ve que todo el tiempo aparece el nuevo proyecto, incluso con bosquejos de planimetría. Se señaló que éste adapta la construcción del edificio existente, cumpliendo con el actual plan regulador comunal de Concón. Además se dijo que se hace cargo de satisfacer la normativa, tanto en materia ambiental como urbanística. Pero ¿cómo se confirma eso si no hay un permiso de obras? Para mí, es una falta y nosotros no podemos avalar un tipo de acuerdo de ese tipo”.
Junto con ello, la concejala manifestó la preocupación que han tenido las organizaciones sociales por las externalidades medioambientales del proyecto y la eventual responsabilidad de los privados al respecto, con distintos informes que han señalado la inviabilidad de construcciones en la zona.
Judicialización en proceso
El abogado de la inmobiliaria Punta Piqueros S.A., Juan Carlos Manríquez -quien presentó el reclamo de ilegalidad en contra de la Municipalidad, acción de la cual habrían desistido si el Concejo daba luz verde al acuerdo, lo que finalmente no ocurrió- comentó la decisión de los ediles y destacó un punto que es clave para la empresa en el proceso:
“El Concejo Municipal de Concón y su alcalde, conociendo la posibilidad de transar el reclamo de ilegalidad planteado por Punta Piqueros contra del Municipio por negarse a tramitar un nuevo permiso conforme a las reglas vigentes en 2011 para la estructura ya emplazada, reconoció, en su totalidad y sin lugar a dudas, que, conforme al nuevo Plan regulador en ese lugar y zona, hoy es posible y viable mantener una construcción. Es muy positivo que eso se haya sido ratificado”.
En otras palabras, la tesis de Manríquez y de la inmobiliaria es que a partir de la discusión ocurrida en el Concejo Municipal, éste habría reconocido la posibilidad de construir una nueva estructura en Punta Piqueros de acuerdo al nuevo Plan Regulador.
En relación con los efectos ambientales, el abogado aseguró que “quedó sumamente claro que cualquier demolición causaría un daño enorme y que, en el lugar, la biota, flora y fauna se ha ido recuperando, según un informe realizado por los más prestigiosos expertos del país en la materia”
Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, niega la certeza de la inmobiliaria de su autorización para construir en la zona.
“El Concejo no resolvió aquello. Lo que se votó fue rechazar un intento de cambio de la propiedad hacia un hotel de equipamientos, pero lamentablemente, para los titulares del proyecto, las características establecidas en el plan regulador de Concón desde 2017 indican que la altura máxima de los edificios es de dos pisos y medio. Es decir, siete metros. El hotel hoy tiene nueve pisos y los titulares de la acción que no quieren perder su inversión, inventaron la figura de los ‘pisos subterráneos’, lo cual no es cierto. Basta ver las fotografías del hotel para darse cuenta que es un ardid legal”.
“En nuestra opinión, todo queda en nada y si más adelante se sigue intentando algo a través de ingeniosas interpretaciones de la legislación, hay que hacer valer lo establecido en el plan regulador”, apuntó.
En opinión de Herman, “la inmobiliaria puede hacer lo que quiera en términos judiciales. En todo caso, esa acción legal presentada y no resuelta por la Corte de Apelaciones de Valparaíso -que sigue en curso- colisiona con diferentes fallos de la Corte Suprema que ya establecieron que el permiso de edificación es nulo”.
Por ello, manifestó que al ser el privado el dueño del terreno, está en su derecho de solicitar un nuevo permiso de edificación, respetando las normas del plan regulador comunal, “por lo que su próximo edificio debería tener una altura de siete metros, es decir, dos pisos y medio”.