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La Contraloría General de la República rechazó un oficio dictado en 2020 por el SEA, que relativizaba la obligatoriedad de la aprobación medioambiental de proyectos de construcción, pudiendo favorecer a loteos de agrado en áreas protegidas. Esto después de que la Fundación Defendamos la Ciudad impugnara la juridicidad del texto en relación con los requisitos (letras g y h) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA).
La entidad medioambiental dispone de 30 días, a partir del 7 de marzo, para adecuar sus instrucciones sobre la materia, instruir a las unidades regionales y también a los titulares de proyectos.
Fuente: El Mostrador