Defendamos la ciudad

Fundación Defendamos la Ciudad informa a la comunidad que con fecha 20 de enero la concejala de Pudahuel, Gisela Vila, ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la RM una presentación solicitando el inicio del procedimiento de invalidación de la resolución de ese servicio donde se concluyó que el proyecto de ampliación y mejoramiento de la autopista Vespucio Norte Express (PID Tramo 6) no debe ingresar obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Se adjunta esa solicitud donde se describe cómo la autoridad ambiental regional, pese a los antecedentes entregados por el MOP, incumplió su deber frente a una obra pública fiscal que provocará un severo impacto en la comunidad asociado al aumento del nivel de ruido provocado por el tránsito vehicular inducido por el aumento de la capacidad vial. El ruido llega a más de 85 dBA lo que puede provocar pérdida auditiva. Esa situación vuelve contraria a derecho la resolución del SEA, lo que justifica su invalidación.

Vale señalar que el proyecto vial surgió en el segundo gobierno de Bachelet y fue desarrollado y tramitado durante la pasada administración. Las autoridades recién llegadas probablemente no se percataron del vicio que tiene el proyecto y permitieron que las obras se iniciaran pese al impacto ambiental que provocará al permitir más flujo vehicular y a mayor velocidad con el consecuente aumento del ruido.

En el sector oriente de Santiago el impacto del ruido y otros perjuicios de una autopista inserta en la ciudad (como el uso de pasarelas) se mitigó construyendo un tramo subterráneo de la misma vía Av. Américo Vespucio, las autopistas AVO I y II. En cambio en el poniente de Santiago las mismas autoridades consideran que ni siquiera es necesario tramitar un estudio de impacto ambiental, porque basta que el MOP haya propuesto cambiar las ventanas de cientos de edificaciones adyacentes a la autopista por termopaneles que las aíslen del peligroso y permanente ruido generado por los vehículos, que actualmente ya supera el nivel permitido según el estudio presentado al SEA RM por el MOP.

ale mencionar que en febrero de 2021 la concejala Vila denunció esta irregularidad en la Contraloría General de la República, pero el organismo de fiscalización todavía no emite un pronunciamiento. Además, el alcalde Ítalo Bravo denunció la elusión al SEIA en la Superintendencia del Medio Ambiente, pero tampoco ha surtido efecto. Parece que a ninguna autoridad le importa lo que ocurre en este sector de Santiago.