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Claudia Sarmiento, abogada ligada al Partido Socialista, fue quien asumió la defensa del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, ante la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano. La jurista, junto a su par de estudio, William García, quien también deficiente al ex dirigente estudiantil, en mayo de 2022 realizó una consulta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo representando a una inmobiliaria que mantenía problemas con la Municipalidad de Estación Central por la recepción de obras de los llamados “guetos verticales”. A fines de diciembre el Ejecutivo contestó, pronunciamiento que -según especialistas- podría dar luz verde a la aprobación de dichas cuestionadas mega torres.
Una compleja situación vive el ministro de Desarrollo Social y Familia (Mideso), Giorgio Jackson (RD). Acusado constitucionalmente por el Partido Republicano, con un incierto escenario en la Cámara de Diputados, este viernes la defensa del ex dirigente estudiantil asistió a la comisión que escuchó la exposición de una serie de invitados sobre la materia controvertida.
Tres días antes, el ex dirigente estudiantil fichó a la abogada Claudia Sarmiento, vinculada al Partido Socialista (PS), para defenderlo ante la acusación constitucional (AC). El libelo consta de cuatro capítulos y que apuntan a la salida de la ex seremi de Desarrollo Social en la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo (PPD), entre otras.
En la contestación previa, de 145 páginas, Sarmiento y William García, ambos miembros del estudio Sarmiento, Walker y Abogados, realizaron los descargos del secretario de Estado. “La acusación presentada (…) hace una interpretación amplia y antojadiza de sus causales y no da cumplimiento a los requisitos mínimos exigidos por la Constitución Política y la doctrina”, expusieron en el inicio del documento.
Pero, ¿quién es Claudia Sarmiento? ¿A qué se dedicó antes de aceptar la defensa de Giorgio Jackson? La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso a un documento enviado por la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a cargo de Vicente Burgos Salas, hijo del ex ministro Jorge Burgos Valera, a Inmobiliaria España Limitada, asesorada, precisamente, por García y Sarmiento.
“Resulta sorprendente que la misma abogada que defiende al ministro Jackson por la acusación constitucional, también le pida al Minvu favores especiales para que un gueto vertical ilegal en Estación Central tenga un tratamiento especial y se le considere legal, vía una burda decisión de la DDU de ese ministerio”, señala el arquitecto Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.
Y es que Inmobiliaria España Limitada es una de las empresas que, en los últimos años, ha edificado megatorres bautizadas como “guetos verticales” en la comuna de Estación Central, y que ha enfrentado problemáticas con el municipio, ya que una vez terminados los edificios la Dirección de Obras Municipales (DOM) no ha entregado la recepción final de las obras.
Bajo este contexto, en mayo de 2022 enviaron una carta al Minvu con dos preguntas. La primera de ellas señalaba: “Cuáles son las facultades de la DOM para revisar la legalidad de los permisos de edificación o sus modificaciones (i) con posterioridad al transcurso del plazo de invalidación de los actos administrativos y (ii) una vez que la obra se encuentra totalmente construida, conforme con el artículo 144 de la LGUC”.
La segunda, en tanto, rezaba: “Si al solicitarse la recepción definitiva de una obra totalmente terminada y ajustada a un permiso plenamente válido, el DOM puede analizar la legalidad de dicho permiso y/u otras circunstancias, o si sólo cabe dar aplicación al permiso de edificación otorgado válidamente”.
Respuesta que tardó un par de meses: el 27 de diciembre de 2022, a través del ordinario N°0598, firmado por Vicente Burgos, jefe de la división de Desarrollo Urbano. En dicho documento se concluye que “la recepción definitiva constituye una actuación cuyo objeto es fiscalizar que lo edificado se ajuste al permiso otorgado y que supone, necesariamente, que exista la debida concordancia entre el permiso y la construcción ejecutada, sin que el DOM se encuentre habilitado para formular nuevas observaciones o requerimientos distintos a los contemplados en la autorización que habilitó la construcción de las obras, con las prevenciones consignadas en el presente oficio”.
En simple, el DOM debe entregar la recepción definitiva si es que se cumple con todo lo que se indica en el permiso de construcción.
El ordinario también llegó a manos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Estos redactaron un documento interno donde analizaron la respuesta del Minvu, en el que se concluyó que este “serviría como un instrumento para ser presentado frente a la Dirección de Obras del Municipio respectivo, en el entendido que entrega una herramienta para solicitar la recepción final de las obras, siempre y cuando el permiso se encuentre vigente y no haya sido invalidado”.
Y no solo eso. También era útil para que “una vez agotadas las instancias administrativas, si así lo dispusiera el interesado, este pronunciamiento sustentaría los argumentos contenidos en un libelo que buscará remediar el acto administrativo arbitrario en el contexto de una contienda judicial”.
GOBIERNO Y “GUETOS VERTICALES”
Una carta enviada en mayo de 2022 por Inmobiliaria España Limitada, representada por los abogados William García y Claudia Sarmiento, los mismos que defendieron esta jornada al ministro Giorgio Jackson ante la acusación constitucional en su contra, todo para solucionar el problema que marcó el 2022 en el municipio de Estación Central.
El fin de los “guetos verticales” ha sido la bandera de lucha de la nueva administración en la comuna, lo que es difícil de detener luego del pronunciamiento del Minvu, indican conocedores de la materia a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío. Los mismos también cuestionan que los profesionales que hoy defienden al ministro Jackson sean los que asesoraron a una inmobiliaria.
Aunque hay que aclarar que actualmente, según fuentes del municipio, todos los edificios de la Inmobiliaria España obtuvieron la recepción final. “Ante este impúdico proceder de un organismo de la Administración del Estado, nos veremos obligados a denunciar este ilegal oficio de la DDU del Minvu en la Contraloría General de la República para restablecer el imperio del derecho”, concluye Patricio Herman.