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La empresa contrató los servicios de connotados abogados, quienes con sesudos análisis intentarán que la empresa pueda burlar la normativa urbanística aplicable, lo que por 30 años se hizo en el área rural de Pudahuel. Se trata de un caso interesante pues en el mismo intervino la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, de otras administraciones que, con actuaciones también contrarias a derecho, validó las pretensiones de la empresa para construir bodegas en un terreno rural que desde 1994 es un área de riesgo de inundación y parte de un parque metropolitano adyacente al Estero Lampa.
En la auditoría que la Contraloría realizó en esa comuna quedó establecido que es el Director de Obras Municipales el responsable de entregar permisos de edificación y por lo tanto frente a una actuación irregular de la respectiva Seremi de Vivienda y Urbanismo, como en este caso, correspondía que ese director denegara el permiso o hiciera la consulta a la Contraloría antes de pronunciarse, tal como la concejala Gisela Vila le señaló varias veces a ese director y al ex alcalde Johnny Carrasco, sin que sus planteamientos fueran considerados.
Los abogados contratados también solicitan que se declare el derecho de San Martiìn Logiìstica a los perjuicios que los actos de la actual administración municipal ocasionarán en su patrimonio, si se concreta la invalidación del permiso de edificación.
Ese reclamo debería ser, en primer lugar, contra los asesores de la propia empresa por no conocer las restricciones del terreno definidas en el PRMS desde 1994 y luego contra la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, por entregarle en noviembre de 2015 un IFC ilegal por la incorrecta aplicación del artículo 2.1.17 de la OGUC, que nunca ha permitido eliminar las áreas de riesgo de un instrumento de planificación territorial, y por no reconocer la existencia de la declaratoria de utilidad pública del parque adyacente al Estero Lampa que había sido restablecida en octubre de 2014 por la ley Nº 20.791.
Vale señalar que la Contraloría está desarrollando sumarios administrativos en la municipalidad de Pudahuel y en la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, a propósito de este caso y muchos otros que quedaron al descubierto con las denuncias de la concejala Vila que abrieron la caja de pandora:
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