Página oficial de Facebook
Especialistas en planificación y urbanismo señalaron falta de cumplimiento de los marcos regulatorios en la ejecución de proyectos inmobiliarios. Así, proponen mayor fiscalización por parte de los gobiernos regionales y municipalidades.
La decisión del Ministerio de Agricultura de prohibir grandes subdivisiones en proyectos en áreas rurales, con lo cual se producía la proliferación de las llamadas parcelas de agrado, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con especialistas en la materia.
Mediante un decreto del Ministerio de Agricultura al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), le quedó prohibida la entrega de certificados que autoricen una subdivisión por más de cinco mil metros a proyectos de áreas rurales. Con el objetivo de evitar la simulación del uso del suelo para fines agrícolas, pero que en realidad tienen un uso habitacional y/o que amenaza el ecosistema de la zona.
El titular de la cartera, Esteban Valenzuela, ha señalado que la Contraloría determinará si las construcciones en parcelas de agrado tienen los permisos respectivos. Si bien, la construcción de viviendas y posterior urbanización de zonas rurales no es en sí un problema, la preocupación radica en la falta de cumplimiento de los marcos regulatorios legales, los cuales procuran que las edificaciones sean construidas con una infraestructura básica para que el Estado garantice servicios como el agua, luz y alcantarillado.
Patricio Herman, presidente de la Fundación Cuidemos la Ciudad valoró que la administración del presidente Gabriel Boric no haya “mirado para el lado” respecto a este problema, como sí lo hicieron los gobiernos de la Concertación. Así, manifestó su expectativa frente a la acción del Ministerio de Agricultura y del de Vivienda y Urbanismo, para una más rigurosa regularización que pueda terminar con el negocio de las parcelas de agrado.
“No se trata de prohibir, sino que se trata que se puedan ejecutar en ciertos y acotados terrenos que por sus características permitirían la construcción de viviendas, respetando todas las leyes: de Medioambiente, Agricultura y de Vivienda y Urbanismo”, destacó. Además, Herman señaló que el Artículo 55 de la Ley General de Vivienda y Urbanismo prohíbe expresamente la construcción de este tipo de viviendas que pueda poner en peligro bosques nativos u otros recursos naturales.
En ese sentido, la arquitecta y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile, Paola Velásquez, reprochó que el país no tiene una planificación territorial, así como tampoco existe una organización a nivel nacional según las cuencas hídricas, lo cual señaló como uno de los principales requerimientos que deberían exigir los Planes Reguladores Comunales (PRC).
“No hay una planificación integral del territorio, eso es fundamental. El tema de las parcelas no se ha dejado de hacer porque nunca se dimensionaron las implicaciones o los problemas que esto podría traer“, indicó y agregó que la parcelación “explotó” en los últimos años a sabiendas de que podría establecerse una mayor regularización en la materia.
“Porque no hay mayor rentabilidad del suelo que la división de un fundo en parcelas, sobre todo si esta bien ubicado. Como ejemplo de eso, en los últimos dos años en la Patagonia la parcelación explotó rápidamente antes de que se pudiera aprobar la Nueva Constitución”, expuso.
De la misma manera, el arquitecto especialista en planificación urbana y académico de la Universidad San Sebastián, Ernesto López, sostuvo que para obtener control del problema de las parcelas de agrado los municipios deben cumplir un rol comprometido con la regularización, y que desde el Ejecutivo exista mejor fiscalización desde las direcciones de obras.
“Ya no estamos dando cuenta que el tema no es sustentable para nada. Se está consumiendo el suelo a un nivel impresionante, más el estrés hídrico que hay en el territorio chileno. El problema no tiene para nada buen destino”, manifestó.
Tanto López como Velásquez acuerdan que es necesario utilizar instrumentos de planificación en los PRC de todas las comunas que son de expansión urbana para evitar un desequilibrio entre el ambiente urbano y el ambiente natural. Así, el académico de la Universidad San Sebastián recalcó la necesidad de que se genere un acuerdo transversal entre los gobiernos regionales y municipales para que aquellas comunas de expansión urbana utilicen los instrumentos de planificación.
En tanto, la académica de la FAU detalló que dado que la política de ordenamiento territorial fue publicada el año pasado, eso implica que deben ser reformulados los instrumentos de planificación. “Porque ahora el PRC tendrá injerencia y estará también a cargo del espacio rural, pero no sabemos cómo, no se ha modificado en términos metodológicos y de atribuciones todavía para saber cuáles van hacer las capacidades de este ‘PRC 2.0’, o cuáles van hacer sus atribuciones para la planificación del territorio rural”, explicó la experta.