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Todo comenzó en julio pasado, con la publicación de un instructivo del Ministerio de Agricultura, donde le solicitaron a las direcciones regionales del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) que suspendieran los loteos en suelos agrícolas que no se ajusten a lo que establece el antiguo Decreto Ley 3.516, que data de 1980. Una medida que despertó el malestar de parceleros y empresarios, que rápidamente formaron la asociación gremial Chile Rural, gremio que agrupa a unas 50 empresas del rubro de desarrolladores de proyectos, loteos y parcelas, y cuyo asesor jurídico es el exfiscal Carlos Gajardo. Mientras dicha asociación espera un pronunciamiento de Contraloría respecto a este polémico dictamen el que califican de "ilegal e inconstitucional", el jueves pasado una nueva noticia vino a ratificar el rol fiscalizador del SAG en esta materia, cuando la Delegación Regional de Los Lagos de la Contraloría General de la República desestimó una denuncia de un privado de Puerto Varas, reiterando que este organismo público posee todas las atribuciones legales para fiscalizar el cumplimiento de las normas del bullado Decreto Ley 3.516.
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