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Según noticia de El Mercurio de fecha de hoy 14/08/22, los especuladores que se desenvuelven en el negocio de corretaje de propiedades en suelos rurales para construir viviendas ilegales, contrataron al conocido abogado y ex fiscal, Carlos Gajardo, para que cautele sus intereses comerciales. También tratando de dejar sin efecto la reciente circular del SAG sobre esta materia, actúa un abogado de apellido Riesco que en el gobierno pasado de Piñera ejerció como Subsecretario de Medio Ambiente (sic).
En esta línea, la fundación Defendamos la Ciudad ingresó el 12/08/22 una presentación dirigida a Valentina Durán, titular del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en donde se le expresa que el artículo 55° de la LGUC admite en suelos rurales, por lo tanto, excluidos al desarrollo urbano, solo la construcción de viviendas para ciertas y acotadas actividades y en ningún caso para edificar viviendas en condominios privados y similares, sin obras de urbanización.
Se adjunta la presentación al SEA.
