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Ver Diario Oficial del jueves 11 de agosto de 2022
(Santiago, 12/08/22).- Fundación Defendamos la Ciudad informa a la opinión pública que la Municipalidad de Pudahuel ha comenzado a cumplir las perentorias instrucciones de la Contraloría General de la República referidas al inicio de los procedimientos de invalidación de múltiples autorizaciones contrarias a derecho cursadas por el arquitecto Ricardo Gallardo, Director de Obras Municipales por casi 20 años en esa comuna, las que fueron detectadas en una completísima auditoría de la Contraloría que finalizó hace dos meses.
En ese contexto, con fecha 11 de agosto de 2022, se publicaron en el Diario Oficial las resoluciones que dan inicio a los procedimientos de invalidación de tres permisos de edificación de depósitos de vehículos nuevos en el área rural de la comuna que, con una mañosa e ilegal interpretación, fueron autorizados por la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y por la Dirección de Obras Municipales. Como vemos, tanto ese municipio como el gobierno central de Piñera se pusieron de acuerdo para beneficiar a actores privados.
Los depósitos de vehículos son propiedad de las empresas Transportes e Inversiones Schiappacasse y Agencias Universales S.A. (AGUNSA). Esta última se declara como "una empresa multinacional líder en servicios de agenciamiento y logística" y sospechamos que varios de sus ejecutivos serán sancionados por esta afrenta a la reputación de esa importante empresa multinacional.
La historia de estos depósitos comenzó hace años cuando, aprovechándose de la laxa administración del anterior alcalde Carrasco en estas materias, se permitió su construcción y funcionamiento sin permiso de edificación. Ante las fundadas denuncias de la concejala Gisela Vila y frente a dictámenes que establecían la imposibilidad de autorizar estos proyectos en el área ISAM-1 del PRMS, los propietarios encontraron a unos particulares pícaros asesores que idearon el fantasioso argumento de hacer pasar los depósitos de vehículos como proyectos de infraestructura de transporte terrestre, en lugar de catalogarlos como actividades productivas de impacto similar al industrial como mandata el artículo 2.1.28 de la OGUC y los dictámenes de la Contraloría.
El argumento mendaz de esos "asesores" le pareció adecuado al arquitecto Fabián Kuskinen, jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, quien muy suelto de cuerpo y yendo en contra de esos dictámenes vinculantes de la Contraloría, entregó su visto bueno a los informes favorables para la construcción de los depósitos en el contexto del artículo 55 de la LGUC.
Con ese antecedente, el arquitecto Gallardo rápidamente entregó los permisos de edificación para regularizar el funcionamiento de los depósitos sin hacer caso a las advertencias de la concejala Vila quien le señaló que él no estaba obligado a respetar actos administrativos ilegales como los entregados por la Seremi Metropolitana con el visto bueno del aludido Kuskinen; A todo esto, el alcalde Carrasco miraba para el lado y tiempo después desapareció del mundo político.
En el Informe Final Nº 403/2020 de la auditoría de la Contraloría se pueden revisar en detalle los manotazos de ahogado de los arquitectos Kuskinen y Gallardo y cómo la Contraloría validó lo planteado por la proba concejala Vila. Dicho informe se puede revisar aquí, ver link
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/auditoria/c9d697f65ccd7ae754e3295f4bcbe530/html
CNN Chile se refirió a ese informe en una completa nota periodística, ver link
Otro caso de depósito de vehículos nuevos, en el área rural de la comuna de Maipú fue analizado recientemente por la Contraloría. Se trata de una instalación de la empresa Dercorp (DERCO) que también fue declarada ilegal, ver siguiente dictamen en link
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E232946N22/html
Este dictamen incluye otro caso en el área rural de Pudahuel, que esta vez involucra a la empresa ENEA y donde el titular, la Seremi Metropolitana y la Dirección de Obras consideraron que en el predio de esa empresa se permite todo tipo de actividad complementaria al desarrollo del aeropuerto Arturo Merino Benítez cuando en realidad el PRMS señala que se emplaza en una zona de protección del terminal aéreo que solo admite equipamiento de áreas verdes, recreacional, deportivo y esparcimiento al aire libre.
Tanto la Dirección de Obras Municipales de Pudahuel como la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo serán sumariadas administrativamente por la propia Contraloría dada la gravedad y reiteración de las ilegalidades señaladas en el informe de la auditoría.
Tal como mencionamos, se abrió la caja de pandora y posiblemente nos sorprenderemos de lo que surgirá una vez que las investigaciones avancen, ver link
A continuación, en archivos PDF, se pueden revisar las resoluciones de inicio de los procedimientos de invalidación y desde aquí hacemos un necesario llamado al actual alcalde Ítalo Bravo para que instruya a sus funcionarios de manera que procedan con la debida prontitud, puesto que el plazo de 2 años para invalidar los actos contrarios a derecho se cumple a principios del próximo mes.
Sobre eso, debemos informar que la concejala Vila en al menos dos ocasiones le señaló al alcalde Bravo que los permisos de los depósitos de vehículos eran ilegales dada la jurisprudencia administrativa de la Contraloría y que procedía iniciar la invalidación, lo que se aprecia en documento adjunto.
