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Patricio Herman, presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, dice que con el objetivo de lograr que los actores privados y agentes del sector público cumplan la normativa que rige sus actuaciones en el ámbito del desarrollo urbano, en abril del presente año nos dirigimos a la Contraloría General de la República denunciando la ilegalidad del contrato de arrendamiento entre Plaza Egaña SpA y Metro S.A. y como consecuencia de ello del permiso de edificación Nº 296/2018, paralizado como consecuencia de una sentencia del 2° Tribunal Ambiental de Santiago.
La Contraloría decidió abstenerse de emitir un pronunciamiento, porque supuestamente carezco de intereses específicos, individuales o colectivos para solicitar dicho pronunciamiento. Yo resido en Las Condes, lo que, en infundada opinión del ente fiscalizador, me inhabilita para ejercer mis derechos ciudadanos en la búsqueda de la probidad en el aparato del Estado.
Considerando que la comunidad organizada de Ñuñoa sí tiene un interés directo y sumamente legítimo para exigir que ese proyecto inmobiliario respete la legislación vigente, se le entregó la denuncia y la respectiva respuesta de la Contraloría, a la Unión Comunal de JJVV de Ñuñoa para que adopte las medidas que correspondan.
En tal sentido, Alejandro Jiménez, presidente de la referida organización ciudadana de Nuñoa, nos confirma que en los próximos días se hará parte de nuestra denuncia, agregando otros valiosos antecedentes para que así el órgano fiscalizador esté en condiciones de iniciar un completo análisis de este proyecto inmobiliario de 4 torres.
Se adjunta la denuncia e informe N° E24107072022 del 01/08/22 de Contraloría
