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El estudio, que revisó el actuar de organismos como las subsecretarías de Medio Ambiente y Salud entre 2010 y 2020, concluyó que han tenido una política reactiva y que aún no hay análisis consolidado de los contaminantes presentes en agua, aire y suelos de la zona, ni una metodología que mida cómo han afectado la salud de las personas.
También estableció que no hubo seguimiento a los niños de la escuela de La Greda que sufrieron intoxicación en 2011 y que a la fecha no se han creado normas para medir la calidad del suelo, ni fijar límites a la emisión de compuestos orgánicos volátiles. La auditoría concluyó que el Estado no ha mantenido una acción preventiva en la zona, identificó vacíos, omisiones, falta de normativas y ausencia de una mirada multisectorial.
A principios de junio volvieron a ser portadas las intoxicaciones masivas en la zona de Quintero, Puchuncaví y Concón (Región de Valparaíso). Decenas de niños se vieron afectados por la emisión de contaminantes cerca de su escuela, lo que obligó a que se suspendieran las clases. La imagen en los centros de salud de urgencia con personas intoxicadas es un déjà vu constante en la zona. Hace diez años pasó lo mismo con los estudiantes de la escuela de La Greda, la que terminó siendo cerrada en 2015 por los altos niveles de toxicidad en el lugar.
Los últimos episodios trajeron consigo el anuncio de otro cierre: el 17 de junio el directorio de Codelco y el gobierno de Gabriel Boric confirmaron el fin de la fundición Codelco Ventanas, en un plazo de cinco años. Una señal política que ha generado un fuerte debate respecto a su impacto ambiental y económico, y que llevó a los trabajadores de Codelco a iniciar un paro nacional este miércoles 22 de junio.
Un mes antes de que ocurrieran los nuevos episodios de intoxicación, la Contraloría General de la República emitió el Informe Final N°27 de 2022, el que advirtió que a diez años de la crisis ambiental de la escuela de La Greda, los organismos del Estado aún no han consolidado un análisis claro respecto de los contaminantes presentes en el agua, aire y suelos de la zona, y tampoco han determinado cómo la exposición a estos elementos podría haber afectado la salud de las personas que habitan en Quintero, Puchuncaví y Concón. La auditoría concluyó que el Estado ha mantenido una acción reactiva y no preventiva en la zona, identificó vacíos, omisiones, falta de normativas y ausencia de una mirada multisectorial.
La Contraloría revisó actos, medidas y resoluciones, tomadas entre enero de 2010 y octubre de 2020, por los organismos del Estado a cargo de la salud y medio ambiente de la zona, lo que incluye a las subsecretarías y Seremi de ambas áreas, y la Superintendencia de Medioambiente. El objetivo de la investigación era determinar por qué, a diez años de la intoxicación en La Greda, la gestión del Estado no ha logrado solucionar la crisis en un área declarada como saturada y en la que existe un cordón de industrias que emiten distintos contaminantes.
Entre los principales hallazgos está que el país no cuenta con una norma para la calidad de suelos que establezca los límites para metales y contaminantes que ya han sido identificados en la zona, como el cobre, arsénico, cadmio y plomo. Estas mediciones son la base, según el informe, para poder determinar su impacto en la salud de los vecinos.
La auditoría también advierte que las estaciones de monitoreo de aire ubicadas en Puchuncaví, Quintero y Concón no evalúan todos los contaminantes atmosféricos que ya están normados, dejando fuera en algunas estaciones elementos como el dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3) y monóxido de carbono (CO). CIPER pudo constatar que, según los registros en línea del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA), efectivamente estos contaminantes no son medidos por todas las estaciones de la zona. Según los especialistas, en un área saturada sería preferible tener todos los antecedentes de los posibles contaminantes.
El informe estableció que, durante los gobiernos de Sebastián Piñera y la segunda administración de Michelle Bachelet, los organismos del Estado no priorizaron “la vigilancia epidemiológica” de contaminantes en el aire que afectan la salud de las personas, dejando a un lado la prevención y mostrando una “acción reactiva” ante episodios de contaminación. Un ejemplo de esto es el Material Particulado Fino Respirable (MP2,5), el que, a pesar de que fue normado en 2012 y de haber sido la causa del cierre de la escuela de La Greda, hasta la realización de la auditoría no contaba con un sistema o metodología de vigilancia de su impacto en la salud de las personas.
Otro ejemplo de esta falta de vigilancia epidemiológica es la ausencia de seguimiento a los 128 niños de la escuela de La Greda que sufrieron intoxicación en 2011 y que fueron parte de un estudio encargado por la Subsecretaría de Salud a la Pontificia Universidad Católica. Uno de sus principales hallazgos fue que estos estudiantes tenían una mayor exposición al plomo que alumnos de otros sectores de la zona. La razón entregada por la Subsecretaría de Salud para no realizar el seguimiento, fue que no contaba con la nómina de los niños.
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