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El número es considerable si se atiende no ya solo a la necesidad del Estado por impulsar una política pública que apunte a crear un banco de suelos –algo que bien contribuiría a mitigar la profunda crisis habitacional que vive el país–, sino también a la hora de contemplar el mecanismo de traspaso de propiedad fiscal a las Fuerzas Armadas y la incapacidad de parte del poder civil de recuperar parte de esos terrenos para el bien común.
Mientras los diputados intentan revivir un proyecto que apunta a la recuperación de parte de tal patrimonio, la investigación reflota la trenza política que ha posibilitado la enajenación de propiedad fiscal y la facilitación de negocios inmobiliarios, así como los beneficios que estas operaciones han reportado a los grupos económicos que adquieren dichos terrenos, entre los que se encuentran la inmobiliaria Parque San Luis y constructora Sinergia, de las familias Cueto y Sarquis; Invermex, vinculada a Enrique Krauss y Sebastián Piñera; el holding CorpGroup, del empresario Álvaro Saieh; VMB Ingeniería Estructural, de Rodrigo Mujica Vizcaya; la constructora Besalco, una tradicional empresa de la plaza, propiedad de la familia Bezanilla; y la Inmobiliaria Ralei, de la familia Rappaport.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) intenta armar un rompecabezas territorial con piezas que ni siquiera logra identificar del todo ni precisar en una cifra exacta. En esa cartera aceptan que la pobreza de datos sistematizados –algo que se ha hecho patente en la administración pública– retarda un proceso que, en último sentido, tiene por objeto crear el primer banco de suelos fiscales, reservado para impulsar la nueva política en vivienda. Se sabe, a grandes rasgos, que un tercio del territorio nacional es de propiedad fiscal (alrededor de 250 mil kilómetros cuadrados, más que la superficie de Uruguay) y que la mitad de esta superficie ha sido destinada a instituciones del Estado para que allí puedan levantar hospitales, escuelas, estadios, parques, regimientos, bases, etc. Alrededor del 50% de estas “destinaciones” está en manos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Dauno Tótoro, periodista e investigador, ha venido haciendo el trabajo de reunir y cruzar información dispersa, y ya tiene ante sí un rompecabezas territorial –que da a conocer en su último trabajo, el libro Prohibido el paso: Propiedad Militar (editorial Ceibo)–, cuyos números nadie, ninguna institución, ha salido a rebatir hasta ahora: las FF.AA., en su conjunto, tienen bajo su poder alrededor de 1.600.000 hectáreas de superficie, con un porcentaje importante de ellas sujetas al régimen de Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), lo que permite que dichas instituciones puedan poner estos terrenos a disposición del mercado. “Hablamos de terrenos cedidos a las instituciones para que fuesen utilizados en sus labores de defensa, pero muchos de ellos están ahí, ociosos y al servicio de la especulación de suelo, y en esto vemos que las Fuerzas Armadas se han comportado como verdaderas compañías inmobiliarias”, señala.
Para hacernos una idea de la magnitud del patrimonio territorial en manos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, Tótoro se permite comparaciones provechosas para el buen entendimiento: “Eso equivale a toda la Región de Valparaíso, incluyendo a la isla de Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández”. No es la única: “Esto es tres veces los territorios que ocupan las comunidades de los pueblos originarios”. Un millón seiscientas mil hectáreas repartidas en 5.100 propiedades, que es más o menos la mitad de la superficie orientada a la industria forestal del país. De todo el territorio bajo control militar, 2.410 propiedades ya pueden ser vendidas, lo que ha resultado particularmente atractivo para los grupos económicos del país que incursionan en el rubro inmobiliario".
¿Qué empresas se han beneficiado de las ofertas inmobiliarias de las Fuerzas Armadas? En cuanto al Ejército está más claro, según Tótoro: inmobiliaria Parque San Luis y Constructora Sinergia, de las familias Cueto y Sarquis, Marcelo Zalaquett, Alberto Kassis; el holding Consorcio Financiero, la empresa de lobby Proyecta Gestión y la Inmobiliaria Lote 18, donde confluyen Juan Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, Marcelo Cox Vial, Luis Felipe Gilabert; Invermex, vinculada a Enrique Krauss y Sebastián Piñera; el holding CorpGroup, del empresario Álvaro Saieh; VMB Ingeniería Estructural, de Rodrigo Mujica Vizcaya; la constructora Besalco, una tradicional empresa de la plaza, propiedad de la familia Bezanilla; y la inmobiliaria Ralei, de la familia Rappaport.
El peso de algunas de estas figuras ayuda a explicar el interés de las FF.AA. por enajenar patrimonio fiscal que, se supone, debió ser utilizado para sus labores institucionales. ¿Cómo fue posible? La historia es sencilla, recuerda Tótoro: en 1971, el entonces Presidente Salvador Allende dictó un decreto que les permitía a las Fuerzas Armadas, por un lapso de tres meses, traspasar algunos bienes a sus respectivos Patrimonios de Afectación Fiscal (PAF). Era la manera que encontraba el Gobierno de la Unidad Popular para hacer caja en un momento de enorme estrechez económica. Sin embargo, recuerda Tótoro, “el sistema se reactivó con el tiempo y en democracia eso se intensificó aprovechando que el contralor de la época, Osvaldo Iturriaga, les cuidaba las espaldas, ya que fue puesto en el cargo por la dictadura. Eso paró en 1998, luego de que se pronunciara el nuevo contralor, Arturo Aylwin, que llegó un año antes. Sin embargo, este no se atrevió a anular los traspasos al régimen de afectación fiscal de manera retroactiva”.
Ciertamente que no todos los terrenos que fueron traspasados al PAF están en condiciones de albergar futuros proyectos inmobiliarios. El mismo Tótoro sostiene que hay paños enormes en control del Ejército que se encuentran situados en recónditas áreas de la Patagonia magallánica, pero los entrevistados en general coinciden en que un porcentaje, incluso minoritario, bien tendría vocación urbanística para contribuir a aliviar la presión sobre la vivienda o, bien, pueden ser puestos en permuta. Es lo que sostiene el diputado de Acción Humanista e integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados, Tomás Hirsch, quien anuncia que los parlamentarios oficialistas han decidido reactivar un proyecto de ley surgido en la comisión en 2021, y que apuntaba a recuperar esos terrenos hoy susceptibles de ser enajenados.
“Nos referimos a esos terrenos que no están siendo utilizados para los fines específicos ni en los plazos en que debían hacerlo. Nosotros mismos estamos negociando con el Ejército en La Reina un terreno de 9,5 hectáreas que recibieron hace más de 30 años y que permite resolver toda la demanda de vivienda social en esa comuna”, declara el diputado, quien recuerda que esa iniciativa fue firmada por la hoy ministra de Defensa, Maya Fernández, cuando se desempeñaba como diputada e integraba la señalada comisión.
El titular de la Comisión de Defensa, el DC Andrés Jouannet, sostiene que está en plena fase de lectura de los antecedentes y que en poco tiempo estaría disponible para referirse a un tema que –según reconoce– tiene sus complicaciones, aun cuando la crisis que origina la necesidad de suelos entraña un enorme poder desestabilizador de este y cualquier otro Gobierno, independientemente de su signo y sensibilidad política. En ello coincide Hirsch: “Claro que tiene complejidades. A los militares no les va a gustar demasiado, pero todos debemos entender que es urgente disponer de una parte de esa enorme cantidad de terrenos”.
Instituciones ajenas al bien común
Lo que más sorprende a Dauno Tótoro es leer a Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, refiriéndose a la necesidad de crear un banco de suelos. Más le admira el hecho de que, para colmo, se hable de destinar una cuantiosa inversión para adquirirlos, en circunstancias que las Fuerzas Armadas, que son instituciones del Estado, tienen prácticamente la mitad de los bienes bajo su administración ya traspasados a sus respectivos Patrimonios de Afectación Fiscal. “El 42% de las personas sin acceso a vivienda que hay en Chile están en la Región Metropolitana, y solo en Santiago tenemos más de 100 hectáreas que son terrenos baldíos ubicados en áreas de alta conectividad y con acceso a servicios”, agrega el autor de Prohibido el paso: Propiedad Militar.
¿Pueden las Fuerzas Armadas “acompañar” una política pública que conduzca a mitigar la severa crisis de vivienda que vemos en Chile? El Ministerio de Defensa no respondió a las consultas de El Mostrador, del mismo modo que no fue posible conseguir un pronunciamiento del Ejército y la Armada, mientras que la Fuerza Aérea, a través de un comunicado, informó que “la institución, en concordancia con su actuar permanente, ha tenido toda la voluntad de colaborar en esta materia con las autoridades, de acuerdo con las directrices fijadas por el Ministerio de Defensa Nacional para estos efectos. Así ha ocurrido en terrenos Fuerza Aérea con Patrimonio de Afectación Fiscal emplazados en las comunas de El Bosque, Cerrillos, Punta Arenas y Olmué, para la construcción de viviendas sociales y desarrollo de programas regionales urbano-estratégicos y de conectividad”.
Más claro es el interés del Minvu por referirse a un tema que se relaciona con su gran misión: paliar la crisis habitacional que, según ha reconocido el propio ministro Montes, puede generar protestas difíciles de conducir políticamente en vista del alto nivel de desesperación que se advierte en familias que llevan años esperando en sus comités de vivienda. En ese sentido, dicha cartera ya se habría decidido a impulsar una política de recuperación de terrenos que sean útiles para subsanar esta verdadera emergencia, una que "exige que todos los actores públicos y privados pongan lo mejor de lo suyo para enfrentar este desafío”, expresa Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano de dicho ministerio, quien informa que se trabaja en la identificación de los paños con potencial de ser incorporados a este banco de suelos.
“Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo estamos diseñando un plan para este escenario, el cual contempla la gestión de suelo público en el corto plazo. Para ello, nuestros equipos trabajan en la gestión de terrenos en todo el país, y en esto se contempla la evaluación de terrenos de las Fuerzas Armadas y de otros organismos públicos bien ubicados en áreas centrales de las ciudades”.
Mientras tanto, el “giro” inmobiliario de las FF.AA. continúa. “El Banco Santander levantará su nuevo edificio corporativo en la esquina de Presidente Riesco con avenida Américo Vespucio, una de las esquinas más caras de Chile, justo al frente de la Escuela Militar. Bien pues: ese terreno lo vendió el Ejército gracias a que pudo traspasarlo a su Patrimonio de Afectación Fiscal”, comenta el periodista, en referencia a un proyecto que demandará una inversión que supera los 350 millones de dólares.
Uno de los hechos más recientes se sitúa en Antofagasta, una de las capitales de región con más necesidades de vivienda del país. En medios regionales, el diputado por dicha zona, Esteban Velásquez, indicó que solo “en la Región de Antofagasta son 687 mil hectáreas entregadas a Fuerzas Armadas". Solo uno de esos muchos terrenos del Ejército –agregó el diputado– está siendo vendido por 8 mil millones de pesos al negocio inmobiliario.
“No corresponde que un bien de uso público, cuyos dueños son todos los chilenos, sea un negocio para las FF.AA.”, indicó Velásquez.
Complejo escenario
Es llamativo que, aún hoy, en pleno 2022, resulte tan complicado recuperar una parte de ese patrimonio que está sujeto a enajenación. “Uno puede entender que en 1996 no se haya hecho nada porque estaban todos preocupados de respetar el pacto de gobernabilidad. Pero ya estamos en 2022”, declara Tótoro, quien lamenta la falta de voluntad política para recuperar un “tesoro nacional subutilizado” y enajenado en beneficio de instituciones que parecen –a su juicio– distantes de las políticas orientadas al bien común.
Uno de los giros que Tótoro considera más curiosos se relaciona con las denominadas “Actas de Chena”, registros donde quedaron establecidos los acuerdos entre el Estado y estas instituciones estatales (“suena muy raro todo esto: el Estado negociando con instituciones del Estado”, repara Tótoro) durante el Gobierno de Ricardo Lagos. En esa administración, la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, contribuyó en la búsqueda de una fórmula tendiente a recuperar parte de ese patrimonio traspasado al régimen de afectación.
“Increíblemente el Estado de Chile negocia ya no predio a predio, sino que pasa a negociar por paquetes. Y entonces el Estado pide un predio y el Ejército, por ejemplo, pide tres a cambio, o bien que la entrega de un predio sea a cambio de vender otros paños”, detalla Tótoro. Sin ir más lejos, las así llamadas “Actas de Chena” dieron curso, en 2004, a la venta de 49 propiedades fiscales a cambio de la entrega de 14 predios al Ministerio de Bienes Nacionales. “Sumando y restando las tasaciones fiscales, el Ejército salió ganando con 10 mil 187 millones de pesos actuales”, precisa Tótoro, quien ve en estas “Actas de Chena” un reimpulso al “giro” inmobiliario de las instituciones armadas.
Desde el 2005 a la fecha, el Ejército ha procedido a vender paños multimillonarios por su ubicación privilegiada. Ejemplos de lo anterior son los terrenos del Lote 18 que, al cabo, terminaron destinados para levantar el complejo de edificios corporativos Nueva Las Condes, lo que habría generado ingresos por 82 mil millones de pesos; el lote colindante con la Escuela Militar, en tanto, habría dejado otros 39 mil millones de pesos; el lote "Presidente Riesco", otros 42 mil millones de pesos; el lote D-1 de La Reina, poco más de 29 mil millones de pesos; y el lote 2C2 de Antofagasta que dejó, ya zanjado el negocio, la nada despreciable cifra de 10 mil millones de pesos. Tótoro es enfático en señalar que lo responsable es utilizar el condicional “habría”, toda vez que “el Estado no cuenta con un catastro detallado de cuáles, cuántas, ni qué valor tienen las tierras fiscales”.
“Tampoco sabe con certeza cuántas ni cuáles propiedades de estos territorios del Estado han sido destinados a las Fuerzas Armadas, ni mucho menos cuántas ni cuáles han sido enajenadas por las instituciones de la Defensa Nacional. Tampoco sabe a qué precios ni cuál ha sido el destino de los montos recaudados”, añade. Por cierto: los dineros recaudados van a las cuentas reservadas de las FF.AA., en ningún caso a las arcas fiscales, ni mucho menos a inversiones en defensa.
Desde luego que las Fuerzas Armadas no pueden actuar solas en este esquema, aclara Tótoro, pues son los actores políticos los que permiten “facilitar este despojo” a través de, por ejemplo, permisos de edificación validados por instancias superiores, según destaca el también autor del libro La Cofradía Blindada. “La viabilidad de varios de estos proyectos se debe, en el caso del Ejército al menos, a las gestiones de personajes como el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín; o del excontralor Ramiro Mendoza o, bien, del ex Presidente Sebastián Piñera. Es una trenza grande”, recalca el investigador.
En tanto, el abogado integrante del movimiento Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, un consumado conocedor del negocio inmobiliario (en especial de sus aristas más espurias), vuelve al proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputadas y Diputados y que pretende recuperar parte de este patrimonio público para destinarlo a vivienda, afirmando que “con Miguel Lawner (Premio Nacional de Arquitectura 2019) y Francisco Feres le entregamos ese proyecto al entonces diputado Rodrigo González, de la Comisión de Defensa, para que lo impulsaran los diputados. Hasta Maya Fernández firmó. Bueno, eso fue en mayo de 2021. Y lo que ocurre es que los diputados esbirros que obedecen los dictados de las Fuerzas Armadas no permiten que eso avance”, apunta el abogado. “Hace unos días nos reunimos con Galo Edelstein (subsecretario de las FF.AA.) para que ayude a impulsar la idea”, agrega. El Mostrador consultó con la diputada RN Camila Flores y con Johannes Kaiser (exmilitante del Partido Republicano), también integrantes de la Comisión de Defensa, para conocer sus impresiones sobre esta iniciativa, pero ambos no respondieron a nuestras consultas.
¿Y si ninguna de estas ideas prospera en el tiempo? A fin de cuentas, dice Herman, “los políticos chilenos de izquierda, de centro y de derecha, son esclavos de los grupos económicos y de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Grandes empresarios y militares nunca han perdido el poder, y los políticos no se atreven a contrariarlos”. A su juicio, no es posible distinguir en el horizonte señales concretas que supongan un cambio en este escenario de insubordinación del poder militar al civil, aunque el convencional Marcos Barraza (PC) expresa su discrepancia, ya que la nueva propuesta constitucional “corrige una lógica imperante en la Constitución de Pinochet que pone a las Fuerzas Armadas como un poder del Estado, eliminando así la política de Seguridad Nacional que genera una doctrina de combate al enemigo interno”, al tiempo que enumera un conjunto de transformaciones que permitirán revertir esta anómala relación de poder.
“Distinto es el tema de los terrenos. La misma consultora Atisba informaba de 126 hectáreas de terrenos no utilizados por el Ejército y que ayudarían a construir entre 13 mil y 18 mil viviendas. La nueva Constitución le da un mandato al Estado para impulsar una política pública que incluye la creación de un banco de suelos para centralizar esa política”, concluye Barraza.