Defendamos la ciudad

por Claudia Urquieta Chavarría Una agenda muy definida tiene la bancada verde para 2008: la primera tarea apunta directamente al Gobierno, al que exige una doctrina clara en materia medioambiental, ya que, a juicio de los parlamentarios, esa es la madre de las falencias del sector. Como paso inicial, el mismo día que Belisario Velasco presentó su renuncia al cargo de ministro del Interior, los diputados Marcelo Díaz (PS), Enrique Accorsi (PPD), y el senador Guido Girardi (PPD) acudieron a una cita en La Moneda con varios ministros y autoridades medioambientales, donde presentaron un listado que detallaba las principales áreas silvestres protegidas amenazadas por intervenciones industriales en el país. Los 16 casos más emblemáticos fueron expuestos al ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo; a la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte; al ministro de Energía, Marcelo Tokman; y al director de la Conama, Álvaro Sapag, entre otros asistentes. El objetivo de fondo, además de informarles sobre cuáles son los temas que más preocupan al grupo, era lograr un pronunciamiento sobre la línea que pretende seguir el Ejecutivo en materia de preservación de áreas protegidas, primero en términos generales y luego caso a caso, compromiso que fue asumido directamente por los asistentes y que, según Accorsi, debería ser respondido durante el mes de enero. Para el diputado Díaz, “es un punto fundamental en la agenda de la bancada de este año, porque hemos visto que hay un retroceso en la conducta del Gobierno: observamos intervención y autorización en áreas protegidas, lo que en primer lugar viola convenios internacionales, y en segundo lugar representa un cambio bien sustantivo en la doctrina que hemos impulsado y, entendemos, debía estar en el corpus central de los compromisos ambientales de la Concertación”. La nueva institucionalidad ambiental Otro tema que marca la pauta del grupo “verde” del parlamento, es la nueva institucionalidad ambiental que se está diseñando y que apunta a la creación de un Ministerio del Medioambiente y una Superintendencia del área. Según el cronograma de la ministra Uriarte, los proyectos deberían ser entregados el primer semestre de este año, por lo que la discusión en el Congreso debería iniciarse en el mediano plazo. Pero Díaz asegura que él y los que forman la bancada consideran que las actuales políticas “son de fantasía”, ya que estima que no preservan adecuadamente los intereses medioambientales, ni hacen separaciones transparentes de los intereses económicos en los procesos de calificación medioambiental, por lo que habría que hacer “una reingeniería completa”. Explica que quieren ver cómo es el proyecto en cuestión, porque “si va a ser más de lo mismo, no vamos a contribuir con nuestros votos a blanquear una situación que es completamente ineficaz, incompetente”. Admite que no está descartada la posibilidad de que la “cirugía” que se esté haciendo no sea la esperada, e insiste que “para una operación cosmética no vamos a estar disponibles”. Propuestas legales Otra arista de la agenda es lograr modificaciones legales. Por ejemplo, obtener una definición más concreta sobre los proyectos a los que se les debe exigir la presentación de un estudio de impacto ambiental (EIA) y no una simple declaración de impacto ambiental (DIA). Según Accorsi, actualmente el 80% de las propuestas que se presentan al sistema sólo requieran una DIA, “lo que es un chiste en cualquier parte del mundo”. Por ello, plantea la necesidad de contar con una institución independiente del Estado, más técnica, que entregue información imparcial sobre los reales impactos de los proyectos, “porque sino es cuestión que el ministro del área llame a todos los jefes de la Seremi, les diga que es necesario que voten a favor y se acabó la cuestión”. Otro “lastre” que desean eliminar es la denominada solicitud de autorización provisoria (SAP), que permite iniciar proyectos aún antes de que estos sean aprobados por la Corema. Casos como el de la planta de gas de Peñalolén, le dejan un amargo recuerdo al médico cirujano. Por otra parte, el grupo “ecológico” del Congreso, tiene puesta la mira en lograr una modificación fuerte en lo relativo a la participación ciudadana. “Hay una serie de normas que revisamos, e incorporamos toda la jurisprudencia internacional sobre el tema”, explica el parlamentario. Agendas particulares Más allá de la agenda “global”, cada parlamentario tiene muy claro cuáles son los casos emblemáticos de su región y por los cuales dará la pelea en 2008. En el norte, la línea está marcada por problemas generados a raíz de la escasez de agua, que se han visto acrecentados por el desarrollo productivo -especialmente ligado a la minería- que ha terminado agotando los acuíferos. “Este será el tema más serio durante este año y los que vienen, por lo que buscaremos alternativas de ahorro de agua y también fórmulas para aumentar la cantidad disponible. Por ello los nuevos emprendimientos deben contar con aguas distintas de las que tiene el valle”, asegura el diputado por la Región de Atacama, Alberto Robles (PRSD). Agrega que también estará muy atento al proyecto Pascua Lama, de la noruega Barrick Gold, y la forma en que implementarán los compromisos medioambientales adquiridos. Otro tópico, también relacionado con el agua, está ligado a la instauración de diversos proyectos hidroeléctricos, que no tiene para nada contentos a los parlamentarios. Por ejemplo, en la Región de O’Higgins se entregó una SAP a la empresa australiana Pacific Hydro, para la instalación de una central hidroeléctrica de embalse al interior de la Reserva Nacional Río Los Cipreses, que tiene muy preocupado al diputado Alejandro García- Huidobro (UDI). Por su parte, Juan Lobos (UDI), también rechaza la instalación de la central hidroeléctrica Trupán en la Región del Bío Bío, que según anuncia “podría secar el Salto del Laja”. Y por supuesto, no hay que olvidar el emblemático proyecto Hidroaysén, cuyo fin es construir cinco megacentrales hidroeléctricas en la Undécima Región. Ante esto, el parlamentario René Alinco (PPD), sostiene que la “región no puede convertirse en un reguero de centrales, por lo que quisiera evitar que se construyan”.