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Nuevamente la Tercera Sala de la Corte Suprema da una lección de probidad y apego a la ley a los órganos de la Administración del Estado sobre la correcta aplicación de la normativa ambiental y los compromisos que tiene nuestro país para enfrentar el cambio climático: ver sentencia adjunta lograda por los competentes abogados de la ONG FIMA en el caso de la Central Termoeléctrica Angamos en Mejillones. Aquí, en link
el abogado Marcos Emilfork explica en detalle el contenido de dicha sentencia que debería ser conocida por todos aquellos funcionarios que ejercen cargos de responsabilidad en el poder ejecutivo.
Esperamos que la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, tal como lo hemos planteado luego del cambio de gobierno, haga una completa reingeniería en su ministerio, incluyendo naturalmente al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ello porque la administración pasada en materia ambiental fue una completa calamidad.
Por ejemplo, las consultas de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) fueron un chiste de mal gusto y la creación de la Oficina, pomposamente llamada de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), que opera en el Ministerio de Economía se hizo célebre por sus funciones para eliminar “trabas” legales en el desarrollo de grandes proyectos de inversión. Esperamos que el ministro de ramo, Nicolás Grau, desahucie pronto a los lobbystas que allí se desempeñan.
