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A pesar de que este invasivo proyecto inmobiliario de US$ 300 millones, ejecutándose porque había sido aprobado por el incompetente Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dentro de la tramitación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), las obras se deberán paralizar inmediatamente conforme al mandato del artículo 8° de la Ley N° 19.300.
Los abogados de la municipalidad de Ñuñoa, en conjunto con la alcaldesa Emilia Ríos, tendrán que resolver si es pertinente la anulación del permiso de edificación y siendo así el titular de la inversión tendrá que solicitar un nuevo permiso con el correcto cálculo de los conos de sombra que genera el proyecto.
Se adjunta noticia publicada el 05/04/22 en un medio de prensa.
