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y sienta precedente sobre construcción en áreas de preservación ecológica.
La Superintendencia dejó en manos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la decisión final de cerrarlo. En caso de que así sea, deja en el limbo a varios otros proyectos levantados en zonas resguardadas que apuestan a ser aceptados por la vía de 'los hechos consumados'.
Durante la semana pasada, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) resolvió dar inicio a un procedimiento administrativo de requerimiento de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en contra de la empresa de Desarrollos La Dehesa SpA, en su carácter de titular del proyecto inmobiliario “Chaguay”, ejecutado en la comuna de Lo Barnechea.
El proyecto, ligado al grupo Ebco del empresario Hernán Besomi -por el que el ex senador Pablo Longueira ha hecho lobby en el pasado-, está ubicado en una meseta que conecta a Los Trapenses a 20 minutos por el camino Juan Pablo II, y se trata de una iniciativa que considera la “conservación ambiental” como uno de sus fundamentos, conforme lo expresa la información comercial de la empresa. “Chaguay constituye un esfuerzo de generar un modelo sustentable de ocupación del lugar en armonía con los valores naturales y del paisaje”, dice el sitio web de ventas.
En junio de ese 2016 la empresa recibió una resolución de término anticipado por parte del SEIA por no contar con la totalidad de la información para continuar con la evaluación ambiental. En una carta fechada el 25 de octubre de 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente le solicitó a Desarrollos La Dehesa SpA que se abstenga de continuar con el proyecto hasta obtener la RCA correspondiente, junto a otros permisos sectoriales.
Esto pues el proyecto no ha parado la venta de terrenos, los que en una primera etapa consideran 90 parcelas desde 1,5 hasta 6 hectáreas, por un precio que fluctúa entre los 221 millones y 607 millones de pesos.
Lo anterior se suma a una serie de iniciativas inmobiliarias desarrolladas entre Colina y Lo Barnechea que están emplazadas en áreas de preservación ecológica, tal como ha consignado INTERFERENCIA en el pasado.
Reacciones ciudadanas a la Superintendencia
A juicio de Gonzalo Prieto, fundador de Patagonia Sin Represas y uno de los vecinos de Colina denunciantes del impacto de los proyectos inmobiliarios en el área protegida, “el fallo de la Contraloría indicó en su momento que los proyectos que podían continuar adelante eran los que estaban debidamente aprobados y habían iniciado obras. A partir de eso, la Superintendencia le requirió a varios de los servicios en qué estatus se encontraban estos proyectos o se debía iniciar un procedimiento de aprobación ambiental. Entre las cosas que se logró establecer es que Chaguay es un proyecto inmobiliario y no una simple subdivisión para venta de parcelas”.
Asimismo, Prieto opina que “hay que reconocer el buen trabajo que hizo la Superintendencia de Medio Ambiente. Ha sido el servicio público que ha sido más receptivo a todas las denuncias ciudadanas que se han estado realizando y ha realizado un trabajo bastante serio”.
Al respecto, y en relación a las compras que ya se han hecho en la zona, “cabe la duda de preguntarse qué pasa con toda la gente que compró en estos proyectos que se emplazan en áreas de preservación ecológica. No es lo mismo construir tu casa en un proyecto inmobiliario con todas las facilidades que eso implica en términos de urbanización y pensando en una proyección original, a que se te otorgue sólo una subdivisión”.
En ese aspecto, Prieto opina que “soy un fiel creyente de que estos proyectos ni siquiera deberían ingresar un Estudio de Impacto Ambiental. El uso del suelo en esta zona es súper claro, puede haber una universidad u otras cosas pero nunca un proyecto inmobiliario. Por lo tanto, ni siquiera deberían tener la posibilidad de ser evaluados ambientalmente. Al parecer eso no va a ocurrir y se les va a dar esa oportunidad, pero lo que debería pasar es lo mismo que sucedió la vez anterior: que tengan una resolución de término anticipado y que se establezca que no se puede construir un proyecto inmobiliario en un área de preservación ecológica. No veo que haya otro camino”.
De una opinión similar es Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, quien dijo a INTERFERENCIA que “le hemos contestado a la Superintendencia y a todos los involucrados que esa posición que sustenta es ilegal. Aquí no hay presuntas evasiones al SEIA, por la simple razón de que este tipo de proyectos acogidos a la legislación de parcelas de agrado son inviables. No tienen que ingresar a ser evaluados ambientalmente, simplemente no se deben ejecutar. Así de simple”.
Sobre ello, según Herman, lo que está sucediendo “es una trampa que están haciendo para crear ciertas expectativas para que a través del tiempo, y cómo la gente se va olvidando, se puedan construir estos proyectos ilegales. Cuando otro titular quiera hacer lo mismo va a utilizar esta situación como precedente y dirá que por qué se le está negando a él, así opera el sistema. En ese sentido, creo que es un error de la Superintendencia pensar en la evaluación ambiental porque bajo ninguna circunstancia estos proyectos tienen que ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental por la simple razón de que no se pueden ejecutar de acuerdo al mandato del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y al artículo 8.3.1.1. del PRMS”.