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El Transantiago, política de planificación urbana diseñada por un extenso grupo de profesionales universitarios, destruyó un sistema de transporte público exitoso que fue desarrollado a lo largo de medio siglo por sus usuarios residentes en la periferia de la capital.
El costo de esta política pública “irresponsable” la pagaron, los primeros años, sus beneficiarios y, actualmente, todos los chilenos a través de los costosos subsidios que recibe.
A pesar de ello, ninguno de los profesionales que participaron en el diseño del Transantiago ha respondido por el daño económico y social que provocaron. Es más, muchos se han visto beneficiado con los proyectos que han sido necesario implementar para corregir el desastre inicial. En países donde operan los colegios profesionales eso no podría suceder. Si los colegas no sancionan a los profesionales responsables de un daño social de esa magnitud, la sociedad sanciona a la institución que los representa: Su Colegio Profesional.
En febrero de 1981, un mes antes que comenzara a regir la actual Constitución, se decretó la ilegalidad de los colegios profesionales en Chile. Por la fuerza se les obligó a convertirse en asociaciones gremiales, organizaciones privadas que velan por sus intereses. Desde entonces no existe una institucionalidad que proteja a la población de los abusos que se comenten “con la complicidad de los profesionales universitarios”.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile promueve la IPN N° 8270 que busca revertir esta situación. La Iniciativa Popular de Norma se puede apoyar en el siguiente
enlace: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=8270