22 Enero 2022

Se adjunta nota periodística de Interferencia.cl sobre el nuevo Minvu en la era de Boric

Vivienda: Los anhelos y propuestas desde la sociedad civil para una cartera clave

Distintas organizaciones que trabajan temas de urbanismo, patrimonio y derecho a la vivienda han perfilado las características y acciones que debería agrupar el secretario de estado del gobierno entrante en materias de derechos sociales, fiscalización y vinculación con los territorios. Según informó la prensa ayer, el elegido sería el senador PS Carlos Montes.

Fuente: https://interferencia.cl/articulos/vivienda-los-anhelos-y-propuestas-desde-la-sociedad-civil-para-una-cartera-clave

Durante las últimas semanas se ha acrecentado la expectación por el anuncio del primer gabinete del presidente electo, Gabriel Boric. Se espera que durante esta jornada se anuncien formalmente las personas que integrarán la primera parte del nuevo gobierno, aunque diversos nombres en carteras claves fueron filtrados ayer por La Tercera.

Entre ellos, se mencionó la inclusión de distintos nombres ligados a la ex Concertación y ex Nueva Mayoría. Entre los que se dio por confirmado fue una de las cartas que sonó fuerte en Vivienda y Urbanismo durante la semana, el senador PS Carlos Montes, quien ya había sostenido una reunión con Boric durante la semana en la denominada “Moneda Chica” en Providencia. En dicha oportunidad, el legislador manifestó que “está en la disposición general para que a este gobierno le vaya bien, lo haga lo mejor posible, y que la energía socialista esté muy presente en todo".

Lo cierto es que si bien se trata de un ministerio sectorial, tendrá una relevancia importante durante el próximo gobierno. El propio Boric ya se ha referido públicamente a la deficiencia en vivienda existente y el desafío que tendrá su mandato. La cartera en 2021 ejecutó un 3,56% del presupuesto nacional ($ 2.114.198 MM) mientras el año anterior había ejercido el 4,74% ($ 2.235.601 MM), según datos de Presupuesto Abierto.

En el programa del presidente electo, se señala en el ítem de Vivienda que “el rol subsidiario del Estado y la desregulación del mercado del suelo han generado en nuestros territorios una profunda desigualdad y una oferta de vivienda inaccesible, segregada, que ha fracasado en enfrentar el déficit habitacional que hoy llega a más de 600.000 hogares. Nuestro principal enfoque estará en una nueva política habitacional que permita diversificar las formas de acceso a la vivienda” junto con mencionar que esperan realizar “un proceso de transición desde el actual sistema único de financiamiento de vivienda en base a la asignación de subsidios hacia un modelo que ponga en el centro la gestión de viviendas y barrios diversificando las opciones de producción, financiamiento y tenencia, para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada”.

En el programa del presidente electo, se señala en el ítem de Vivienda que “el rol subsidiario del Estado y la desregulación del mercado del suelo han generado en nuestros territorios una profunda desigualdad y una oferta de vivienda inaccesible”.

A su vez, menciona la necesidad de un plan de emergencia habitacional; un activo Rol del Estado en el acceso y producción de la vivienda; planificación territorial participativa y descentralizada mediante Planes Maestros de Integración Territorial que potencien el desarrollo armónico de barrios, localidades y ciudades; obras públicas desde una nueva institucionalidad de planeamiento, con una mirada interministerial, descentralizada y participativa para el desarrollo, financiamiento y administración de las necesidades territoriales; y descentralizar la planificación y la gestión de la movilidad a nivel regional, transfiriendo íntegramente competencias y financiamiento a los Gobiernos Regionales.

Expectativas ante la nueva administración

A juicio del presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, la decisión que habría tomado Boric sería la acertada. “El ministro debiese ser Carlos Montes, en mi opinión y en la gente que entiende de estas materias, es el tipo más calificado que hay en Chile para manejar este ministerio”.

En ese sentido, Herman destacó que de Montes, quien también preside la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, “conozco mucho su trayectoria y él conoce muy bien el tema inmobiliario así como el de obras públicas y el de medioambiente. Está muy capacitado y me parece razonable en sus decisiones y en sus propuestas, creo que es el hombre apropiado. En lo particular, nuestra Fundación no defiende a personas ni a comunidades, sino defender el Estado de Derecho. Y creo que Montes está en una postura similar a nosotros, en la línea de que las instituciones funcionen correctamente”.

En cuanto a las expectativas más allá del nombre, Herman sostuvo que “el futuro ministro sea Montes o quien sea, necesariamente tendrá que efectuar una total reingeniería al interior del Ministerio, porque lamentablemente este ministerio no es que se haya transformado últimamente sino que siempre ha sido una especie de subsidiaria de la Cámara Chilena de la Construcción, ejemplos hay miles”.

Otro punto relevante para el presidente de Defendamos la Ciudad tiene que ver con la fiscalización: “Este ministerio debe ejercer un control en el ámbito del apego a la ley por parte de todos los funcionarios del Estado”.

Mimi Cavalerie, desde la organización Derecho a la Ciudad, sostuvo que lo que esperan del nuevo gobierno es “poder resolver el tema de la vivienda en Chile, que exista una mayor regulación y que se desestimen algunas leyes que se están trabajando”. En particular, temen el eventual “amarre” que podría significar la Ley de Patrimonio impulsada por el actual gobierno.

Junto a ello, Cavalerie esperan que a través de las herramientas administrativas se puedan desarrollar “ciudades a escala humana más que ciudades neoliberales, donde hay desigualdad y fragmentación. Esperamos ver ciudades más equilibradas para todos los ciudadanos, estamos a la espera de que eso suceda en este gobierno y que las políticas habitacionales sean acordes a los tiempos y a las condiciones de vida de los chilenos”, mencionando problemas como el acceso a créditos hipotecarios y las condiciones que imponen los bancos.

“Sabemos que serán cuatro años difíciles y estamos en una situación económica delicada. Por ello, hay que proponerse metas bien realistas y a corto plazo, pero no por eso esas medidas no se pueden proyectar en el tiempo como una buena política pública de vivienda”, afirmó.

La cartera en 2021 ejecutó un 3,56% del presupuesto nacional ($ 2.114.198 MM) mientras el año anterior había ejercido el 4,74% ($ 2.235.601 MM).

Por su parte, Ana Sugranyes, de la corporación Ciudad Común y el Comité Hábitat del Colegio de Arquitectes, cree que “los temas son muchos, pero es evidente que estamos viviendo en Chile una emergencia habitacional profunda y el no acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en arriendo, está golpeando profundamente a los sectores medios, bajos y populares”.

“Este próximo gobierno tendrá que hacer frente a esta situación y entiendo que está peleando en el parlamento una ley de un plan de emergencia habitacional que permita facilitar las cosas y responder a los centenares de comités de vivienda que siguen esperando su turno. El problema que tenemos es que el subsidio habitacional desde hace 40 años sigue siendo más o menos lo mismo, y salir de esta lógica individual es muy complicado. Lo que esperamos con el nuevo gobierno es que, además de responder a esta gran presión social por el tema de la vivienda, logre ‘hacer ciudad’ y no entregar la ciudad al mercado. Y este es el tema clave”, aseveró.

A juicio de Sugranyes, “hay señales y pistas de que esto puede ser posible con las nuevas autoridades, pero sobre todo lo será si combinamos las dinámicas de la agenda de la Convención Constitucional con la del nuevo gobierno y viceversa, porque a fin de cuentas la posibilidad de cambiar la ciudad viene de lo que pasará en la constitución”.

Tanto Derecho a la Ciudad como Ciudad Común son parte de la iniciativa Ciudad Constituyente, una propuesta que congrega a 30 agrupaciones a nivel nacional y cuyo objetivo es trabajar distintas áreas temáticas como movilidad, cuidados, ciudad feminista y acceso a la vivienda, para proponer Iniciativas Populares de Norma para la Convención Constitucional que puedan abordar esos temas.

 

 



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