Defendamos la ciudad

Al respecto, el organismo ciudadano manifestó su intención de llevar su demanda contra la decisión de la Justicia ante el Tribunal Constitucional. El presidente de la organización, Patricio Herman, expresó que "esta situación se la hemos representado en comedidos términos a don Enrique Tapia, presidente de la Corte Suprema, en las dos ocasiones en que nos hemos reunido con él para plantearle la controversia. A la luz de lo que está sucediendo y para evitar nuevos desaguisados, lo más sano será llevar este asunto al Tribunal Constitucional y creemos que nuestra fundación asumirá esta responsabilidad". Cabe consignar que el tribunal de alzada resolvió que la Contraloría sólo debe realizar controles de legalidad de las resoluciones de organismos del Estado y no cuestionar sus aspectos sustantivos. Esto debido a que la Contraloría declaró ilegal la resolución de la Corema Metropolitana, que en junio pasado concedió la autorización provisoria para ejecutar el 50% de las obras de la planta, destinada a respaldar el consumo de gas residencial ante un eventual corte total desde Argentina. Frente al hecho, cabe añadir que el organismo fiscalizador a través del Consejo de Defensa del Estado impugnará ante la Corte Suprema el fallo de la Tercera Sala de Corte de Apelaciones. Ante tal resolución, Herman añadió que "una vez más los tribunales superiores de justicia interpretan equivocadamente las atribuciones que le entrega la Constitución Política de la República a la Contraloría General". "Los distinguidos ministros aducen que el ente contralor sólo puede referirse a la forma de los actos administrativos, lo que no está contemplado ni en la carta fundamental ni en ninguna ley existente. Así las cosas, sería muy conveniente que los altos tribunales establecieran en sus fallos qué se entiende por forma y qué por fondo", declaró. Asimismo, recalcó que la agrupación que preside "reitera que las normas de planificación urbana contenidas en el instrumento regulador de mayor jerarquía, PRMS (Plan Regulador Metropolitano de Santiago), prevalecen ante cualquier intento comercial, por muy loable que éste sea". Dado lo anterior, explicó que el área donde pretende funcionar la planta de Metrogas es de 'preservación ecológica' por lo que no está permitida la construcción de tal industria y que esa información está en el conocimiento del "Ministerio de Vivienda y Urbanismo como el propio Metrogas, razón por lo cual llamamos al Poder Judicial en orden a que se respeten las normas de uso de suelo, no sólo en esta región, sino en todo el país".