Defendamos la ciudad

El presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, anunció este martes que emprenderá, junto a varios socios del estadio Santa Rosa de Las Condes, las acciones judiciales necesarias para revertir la venta por parte del Club Deportivo de la Universidad Católica (CDUC) de un terreno de cinco hectáreas que le fueron donadas hace 37 años por el Estado para el desarrolló de actividades deportivas. Herman dijo que el CDUC ya suscribió, el pasado 31 de octubre, la escritura de compraventa por 17.502 millones de pesos (más de 35 millones de dólares) con la empresa Titanium S.A., la cual a su vez inscribió -el 26 de noviembre- el dominio de este predio área verde en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en el cual se proyecta la construcción de tres torres de 23 pisos. El abogado Pedro Foncea, dirigente de los socios que se resisten a la operación comercial, señaló "que está claro que el vendedor no dio cumplimiento a la cláusula tercera de la escritura de donación modal del dos de septiembre de 1970 suscrita entre la Cormu (Minvu) y la Universidad Católica de Chile". Esto, por cuanto dicho documento establece que "es condición esencial de la presente donación, según modalidad impuesta en la escritura de cesión de estos terrenos por la ilustre Municipalidad de Las Condes a Cormu, el que la Universidad Católica de Chile destine los terrenos a Club Deportivo". Patricio Herman agregó que "independientemente de lo anterior, que es de suma gravedad, estamos en absoluto desacuerdo con el permiso de edificación número 163 del 28 de septiembre de 2007 otorgado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes al vendedor del terreno por imposición del Seremi de Vivienda y Urbanismo, porque la altura de 23 pisos contemplada para cada una de las tres torres que se emplazarían en el 20% de la superficie del terreno no se sustenta en ninguna norma de edificación vigente". Sostruvo que por tal razón el pasado 14 de noviembre "le hemos solicitado formalmente a esa autoridad central que justifique su curioso proceder, sin tener respuesta a esta fecha, lo cual es impresentable en un país que se precia de ser serio y en donde se dice que las instituciones funcionan". Tanto Foncea como Herman manifestaron que sus representados ejercerán todas las acciones judiciales y administrativas ante las instancias que correspondan "para que se haga prevalecer la obligación modal establecida hace 37 años por el Estado de Chile, dejando en claro que la empresa Titanium S.A. conformada por Bethia S.A. y el empresario Abraham Senerman no tiene mayor responsabilidad en las ilegalidades descritas".