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Luego de más de tres años de análisis la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) todavía no se decide a obligar a cumplir la ley Nº 19.300 a tres loteos de viviendas e industrias ubicados en Pudahuel, obligación que las empresas inmobiliarias responsables han eludido durante décadas mediante el fraccionamiento de los proyectos y gracias a la pasividad y eventual complicidad del ex alcalde Johnny Carrasco y los funcionarios municipales competentes de la Dirección de Obras Municipales, ver el último oficio adjunto de esa superintendencia sobre uno de esos loteos.
Como sabemos, la Contraloría General de la República hará un sumario en la SMA debido a la demora de esa institución, medida en años, en atender las denuncias que recibe. El caso al que se refiere el oficio adjunto es un ejemplo de ese despelote pues surge de una denuncia de agosto de 2018 hecha por la concejala Gisela Vila; nuestra fundación denunció en marzo de 2017 a otro de los tres loteos, es decir, ¡tenemos demoras de más de 4 años!:
El fraccionamiento de los tres loteos de Pudahuel, denominados Lomas de Lo Aguirre, Ciudad de Los Valles e Izarra de Lo Aguirre, ardid prohibido por la ley Nº 19.300, es más que evidente para cualquiera que conozca la normativa ambiental puesto que los loteos se han desarrollado mediante pequeñas etapas (menos de 300 viviendas y 7 hectáreas) pero en suma ocupan cientos de hectáreas y tienen sistemas propios de producción y distribución de agua potable y recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, operados por empresas sanitarias relacionadas comercialmente con las mismas inmobiliarias dueñas de cada loteo, que además son las propietarias de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.
Con el fraccionamiento de los proyectos las empresas inmobiliarias se han ahorrado millones de dólares que debieron invertir en las medidas de mitigación de los impactos ambientales que, por ejemplo, tendrían que haber incluido vialidades de conexión con Santiago para evitar colapsar la Ruta 68. Ya van más de 4.000 viviendas construidas en total y ninguna ha mitigado sus impactos y para colmo se pretende construir más, en parte gracias al despelote de la SMA que no cumple su única función: fiscalizar el cumplimiento de la ley Nº 19.300 y sancionar a los infractores.
¿Dónde están los honorables diputados fiscalizadores que pasan por la Ruta 68 camino al Congreso y han visto el avance de estos tres proyectos inmobiliarios que no cumplen la ley ambiental y saben de las groseras demoras de la SMA?
