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El gobernador de la Región de Valparaíso señaló que la figura de los delegados presidenciales responde a resabios de una concepción obsoleta y colonial, que hipoteca los bienes naturales comunes de las regiones.
En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radio análisis, el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, abordó el conflicto suscitado por las facultades del delegado presidencial en los territorios, figura que se busca derogar a través de un proyecto de ley ingresado por la bancada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y que cuenta con el respaldo de los y las diputadas de Apruebo Dignidad.
Hace unos días Mundaca declaró enérgicamente ante los medios que resultaba inaceptable que una autoridad democráticamente electa deba elevar una solicitud al delegado del gobierno central en la región, para efectos de reunirse con los encargados de los servicios públicos. Ayer, participó de un punto de prensa de la Cámara para instar la pronta tramitación de la iniciativa que busca eliminar la figura que entraña “los resabios del centralismo”.
“El delegado presidencial es el freno de mano con el cual se impide la materialización del proceso de descentralización, es una suerte de senador“, declaró el gobernador de Valparaíso.
“Hay muchos gobernadores que se han referido a situaciones similares a lo largo de todo el territorio y por cierto que esta figura intenta sabotear el proceso de descentralización, más aún cuando hoy todos los gobernadores, a excepción del gobernador de la Araucanía, no responden a ese patrón del gobierno de turno, por lo que esta figura sin duda que dificulta y obstruye, además de ser completamente obsoleta en pleno siglo XXI cuando el proceso de descentralización responde a una demanda popular de las comunidades y los territorios”, objetó.
Los conflictos de cohabitación entre ambas autoridades se da por la colisión entre los perfiles y potestades que tiene cada una al interior de los gobiernos locales. En ese sentido, Mundaca aclaró que es facultad de los gobernadores las funciones normativas, administrativas, de planificación presupuestaria, de fiscalización y competencias también en el ámbito del ministerio de Economía, Transporte y Vivienda.
“Somos quienes presidimos el Consejo Regional, tenemos iniciativa presupuestaria, votamos en el Consejo Regional, elaboramos el plan regional de Ordenamiento Territorial, el plan regional de Desarrollo Turístico, somos lo que armamos el Consejo de la Sociedad Civil y a propósito de las competencias descentralizadas, tenemos tuición directa sobre los instrumentos de fomento productivo anidado en el Sercotec, en Corfo”, explicó.
Como contraparte, añadió que el delegado presidencial “tiene el tutelaje de la fuerza pública y vela por el funcionamiento de los servicios públicos, no obstante aquello, en un minuto cuando pedimos reuniones con directores de servicio, teníamos que pasar por el delegado presidencial para reunirnos con los directores de servicio, pese que somos una autoridad democráticamente electa y no una autoridad designada”, señaló.
La denuncia referida a las reuniones con los servicios públicos realizada por Mundaca, también la han realizado varios gobernadores del país, sumado a otras limitaciones como el hecho que la agenda de los delegados presidenciales se superpone a de los gobernadores regionales y conflictos asociados a quien reviste la atribución de definir y priorizar la inversión pública.
“Ni decir las dificultades que han tenido los gobernadores para instalarse físicamente en los espacios de funcionamiento. Por ejemplo nosotros estamos en una ala del piso número seis y nuestros compañeros están dispersos a lo largo y ancho del edifico de la ex Intendencia. Del mismo modo que sostienen reuniones (los delegados presidenciales) con los ministros de distintas carteras y se nos anuncia en el día, o el día anterior, de que van a venir ministros al territorio y tratando también de invisibilizar el rol de los gobernadores”, denunció.
Las consecuencias sobre el proceso descentralizador del país y su independencia administrativa se agrava si se considera que los delegados presidenciales, junto al nivel central, son quienes designan a los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) y los directores de servicio, agregó Mundaca.
“El proyecto de ley que se echó abajo en segundo trámite en la Cámara hablaba de un mecanismo expedito de transferencias de competencias. Imagínate que debíamos esperar seis meses para que nos respondieran por una competencia. Ese proyecto de ley también hablaba del órgano dirimente, las controversias con el delegado presidencial y se sostenía que tenía que ser la Contraloría, por cierto que los gobernadores estamos de acuerdo que sea la Contraloría, pero también la Corte Suprema”, explicó.
Regionalización y protección del medio ambiente
En lo relativo a la crisis climática que atraviesa a Chile y el mundo, el gobernador de Valparaíso subrayó la importancia de propiciar la autonomía administrativa de las regiones para efectos de que sean las autoridades locales, electas por votación popular quienes gestionen los recursos en clave territorial.
“Yo me reuní con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y lo primero que le señalé fue lo improcedente que era que no pudiéramos presidir las Comisiones Regionales de Evaluación Ambiental, porque están presididas por el delegado presidencial y entendemos que los delegados de Piñera tienen un profundo compromiso con este modelo de desarrollo extractivista, que se ha apropiado de los bienes naturales comunes y que ha comprometido la vida de nuestras comunidades y territorios. Lo que ocurre con Dominga da cuenta de cómo no se escucha a las comunidades y a los territorios, cómo se hipoteca los bienes naturales comunes, cómo se fractura las funciones bióticas y abióticas del medio natural, más aún cuando hoy día la situación provocada por el Covid-19 da cuenta de una crisis que es también ambiental que tiene que ver con la destrucción de los ecosistemas, la biodiversidad y con el avance de la frontera de los monocultivos”, señaló.
En ese eje recae la importancia de la demanda que se levanta de diferentes zonas del país en materia de gobierno local, que hace imperante articular un músculo político importante a nivel de gobernadores, que se correlacione con la discusión que se lleve en la Convención Constitucional, concluyó Mundaca.
“El problema de fondo, el problema estructural, es un problema de poder, después de que Santiago ha sido un reino por 200 años y han sido sus elites políticas, económicas y culturales quienes han dirimido el derrotero de nuestro propio destino. Estábamos a siete días de asumir y nos enteramos por la prensa que la Dipres nos retiraba mil 500 millones de pesos a todos los gobernadores, que en el caso nuestro eran uno 60 millones que nos iba a impedir el tener un equipo de gabinete que nos pudiera acompañar, entonces evidentemente todo esto son resabios de una conducta colonial”, denunció.