Defendamos la ciudad

Carla Alonso La Nación La poco feliz imagen del desastre de Chernobyl, en la ex Unión Soviética, es lo primero que se les viene a la cabeza. La sola idea de que gente pudiera, eventualmente, sufrir los estragos de un escape de uranio, atormenta a varios vecinos de Las Condes. El tema está latente hace un par de años y alimenta la imaginación de cualquiera. Aunque los expertos que laboran en el reactor garantizan que los accidentes -y posibles fugas radiactivas- tienen una probabilidad igual a cero. La historia del centro de Avenida Nueva Bilbao refuerza esa convicción: en 40 años de operación nunca ha tenido un escape de radiactividad. “Gracias a Dios”, se apura a decir un ingeniero eléctrico a cargo. Dicen que nunca hay que escupir al cielo. Es así que el proyecto de las “casas nucleares”, al menos, levanta sospechas. Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad, es uno de los vecinos que se opone a la instalación de las viviendas. “Las autoridades promueven la segregación socio-espacial -dice Herman-. Van a construir casas para la gente más desposeída en terrenos de alto riesgo por radiación. Es escandaloso”. Tanto así, que su organización pro-derecho- ciudadano evalúa llevar el tema a instancias internacionales. Hasta ahora, a Herman lo tranquilizaba que la Contraloría se negara a aprobar el proyecto: desafectar (dejar sin efecto) varias hectáreas que se encuentran dentro del radio de seguridad del reactor nuclear de La Reina, un centro de investigación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Para que la iniciativa llegara a buen puerto, se necesitaba modificar el Plano Regulador de Santiago. Todo esto, bajo el noble argumento de levantar viviendas sociales para los más necesitados. SAMURÁI NUCLEAR La idea original provenía del mismo alcalde de Las Condes. Desde hace tiempo, Francisco de la Maza (UDI) busca erradicar a los cientos de allegados que deambulan por esa comuna. Sin estudio de impacto ambiental -pero sí una declaración-, el proyecto contaba con el visto bueno del Consejo Regional y de la Corema. “Aprobamos el cambio de suelo porque no presenta riesgos: 350 metros es más que suficiente para instalar las viviendas -explica Pablo Badanier, director de la Corema Región Metropolitana-. No se justifica realizar un estudio para hacer un cambio en el Plan Regulador. Aún cuando se instalen viviendas sociales cerca del reactor”. Sin embargo, en dos oportunidades, la Contraloría señaló que no aprobaba “reducir el radio del área de protección del Centro de Estudios Nucleares La Reina, dado que no se ajusta a derecho” -señala un documento fechado el 15 de febrero de 2005-. El proyecto genera riesgo para la salud de la población y efectos adversos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables. De acuerdo al artículo 11º de la Ley de Bases del Medio Ambiente, requiere la elaboración de un Estudio de impacto ambiental”. Pero sorpresivamente, seis meses más tarde el órgano contralor cambió drásticamente su opinión. EL REACTOR DE LA DISCORDIA El 16 de agosto, la Contraloría cursó la resolución Nº 84 del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. En palabras simples, modificó el Plan Regulador Esta puerta de cerrado hermético es una de las reparaciones que realizó De la Maza en el reactor nuclear. para “reducir el radio del área de protección del Reactor Nuclear de La Reina” -indica otro documento firmado por Noemí Rojas, la Subcontralor General de la República. “La Contraloría aceptó porque el municipio habría realizado mejoras que permiten acortar la distancia de seguridad -cuenta Pedro Saitz, consejero regional del PPD-. Pero ¿dónde están los estudios que demuestran que lo que estamos haciendo es lo que corresponde? Son familias de escasos recursos que trabajan en Las Condes. Personas sacrificadas que merecían una solución digna, y no estas viviendas que representan un peligro”. El documento oficial esgrime las razones de su cambio de opinión. Explica que las resoluciones se devolvieron sin tramitar, porque la disminución de zona de seguridad estaba sujeta a reparaciones del edificio de contención del reactor nuclear (ver fotografía). Sin embargo, “conforme se expresa en el ORD. 1330, de 2005, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, dichas obras se encuentran construidas y recibidas, de acuerdo a lo informado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear”. Luego añade lo más relevante: que estos “arreglos” dejan sin efecto la necesidad de un estudio de impacto ambiental. Loreto Villanueva, directora de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, baja el tono de la discusión. “No hay riesgo de accidentes ni peligro para las familias que vivan a 350 metros de distancia”. Cuenta que, en el caso de un poco probable accidente, se afectarían aquellos que estén a 160 metros, durante un mes, en forma continua. Cuando mucho, este hipotético escape llegaría a los 200 metros. CABALLITO DE BATALLA Si algo une a la Comisión con el Ministerio de Vivienda y el Municipio de Las Condes, es la convicción que el proyecto no es riesgoso para los vecinos. Y por cierto el apoyo brindado para llevarlo adelante. Aunque cada organismo tiene su propia versión de los acontecimientos. En otras palabras, no hay consenso sobre quien tiró la primera piedra. En 2001, Francisco de la Maza visitó el reactor y se percató que el edificio tenía unas condiciones de seguridad bastante deficientes. “Debido a una falta de financiamiento, no habían podido realizar un estudio ni tampoco construir dos puertas de acceso herméticas. La municipalidad tenía los recursos y les propuse hacer un canje: elevar las condiciones del reactor, a cambio de reducir el área de seguridad de 600 a 350 metros”. El edil de Las Condes cuenta que le inyectaron los recursos, se hicieron las certificaciones y empezaron juntos los trámites para disminuir el radio de seguridad. En total, la municipalidad puso la nada despreciable suma de 100 mil dólares. Con eso se instalaron dos puertas que le dan mayor estanco al reactor (ver foto). “Significa que, en caso de accidente, la radiación se demora más en salir al medio El alcalde de Las Condes se siente victorioso. Confiesa que fue a la reelección para terminar con la erradicación de allegados en su comuna. ambiente. Hay cinco o seis horas de margen para evacuar a la comunidad”, apunta el casi experto nuclear De la Maza. Gracias a ese convenio entre la Comisión y el Municipio -y con el visto bueno de la Contraloría-, se liberaron terrenos municipales y otros que pertenecen a la Congregación de Hermanos Maristas. Cerca de 27 hectáreas, de las cuales sólo tres se ocuparán para instalar a 770 familias de escasos recursos. A cada clan, le tocaría casi 39 metros cuadrados. “Me gustaría que explicaran por qué están ampliando más terreno si necesitan sólo tres hectáreas -interrumpe Saitz-. Los terrenos de riesgo son más baratos porque ahí no se debe construir. Lo que han logrado es modificar una mísera parte con el argumento de las viviendas sociales, para subir el valor del uso del suelo”. El alcance del consejero regional no es menor. Quienes se oponen fehacientemente al proyecto piensan que las viviendas sociales son un chivo expiatorio. Porque “detrás se esconde la idea de construir viviendas suntuarias y no de corte social”, enfatiza Herman. Consultado al respecto, De la Maza descarta de lleno que se construyan casas lujosas en la zona “liberada”. Incluso adelanta que está negociando la compra de las hectáreas que tienen los Hermanos Maristas, “para seguir haciendo viviendas sociales”. Las familias “beneficiadas” tienen un perfil claro y deben cumplir con ciertos requisitos: tener su origen en Las Condes, vivir y trabajar ahí. Para postular a las viviendas necesitan una antigüedad mínima de diez años y contar con familiares que habiten en la misma comuna. Según los cálculos del municipio, en 2006 se instalará la primera tanda de allegados en el sector aledaño al reactor nuclear. RIESGOS LATENTES Villanueva se pone el parche antes de la herida: “No queremos que se levante la alerta en la población. El reactor nuclear cuenta con todas las medidas de seguridad. No hay riesgos para la gente”. La directora advierte que el centro sólo se usa para investigación médica. Tiene una potencia de cinco mega-watts, muy inferior a las tres mil unidades que posee una central con fines energéticos. Básicamente, fabrica radioisótopos que abastecen a las clínicas y hospitales de la Región Metropolitana. La directora apunta confiada: “Sus riesgos son mínimos. Aún así, la filosofía de seguridad es que cualquier escape quede atrapado dentro del edificio”. Sin embargo, un ingeniero que trabaja en el centro, admite -a condición de anonimato- que en el caso de un grave accidente (cosa que nunca ha ocurrido), el 0,1% de la radiación se liberaría al ambiente. De todos modos, “este reactor está mejor preparado que el de Chernobyl. Con el sistema que tenemos, ese desastre no hubiese ocurrido”, apunta orgulloso otro operario de la planta. El arquitecto Héctor Arroyo agrega que fuera del país las medidas de seguridad son distintas. “La Agencia Norteamericana de Energía Atómica es más exigente: un centro nuclear debe estar rodeado de áreas verdes y libres de viviendas. También advierte sobre los riesgos de traslado de una instalación atómica: se pueden producir radiaciones, filtraciones, volcamientos, infiltraciones”. Arroyo asegura tener una visión integral del tema. Como miembro de la Comisión de Vivienda del Colegio de Arquitectos, pone sobre la mesa el tema sísmico. “Cualquier terremoto o temblor que ponga en peligro la instalación representa un riesgo. Además, está ubicado al pie del monte cordillerano. Ahí hay problemas de avalancha, deslizamientos de agua y de tierra. Puede que eso no ocurra, como que suceda algún día”. De hecho, un estudio elaborado por el Departamento de Geología de la Universidad de Chile, habla de los riesgos que presenta la zona. Rodrigo Rauld -autor del estudio-, cuenta que está trabajando en un proyecto para “tener una evaluación del peligro sísmico asociado a la falla San Ramón. Cualquier decisión sobre construir o no, o cómo construir, debería definirse tomando en cuenta los antecedentes y resultados de este proyecto. Así, fijarían parámetros técnicos que aseguren una buena respuesta de las construcciones a cualquier evento sísmico”. Lástima. El municipio de Las Condes ya está preparando su postulación al Serviu, para que los más desposeídos puedan tener vivienda definitiva sin deuda.