Defendamos la ciudad

por Claudia Urquieta Chavarría La ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBMA) y el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tuvieron su puesta en marcha en 1994, cuando el entonces Presidente instauró lo que sus críticos han denominado la “doctrina Frei de los impactos ambientales consumados”, que en síntesis apunta a que ninguna inversión se detendría por consideraciones ambientales. Este espíritu, explica que en la práctica el SEIA no esté diseñado para rechazar proyectos, sino para “mejorarlos ambientalmente”, y que -al mismo tiempo- se haya despojado el sentido original de la iniciativa, pensada para garantizar la prevención de impactos ambientales. Pero en definitiva, esta política sólo ha logrado destruir la confianza ciudadana en el sistema y, lo que es aún más grave, ha coartado la iniciativa de participación en dichos procesos. Casos emblemáticos como la aprobación por parte de la Conama de proyectos altamente cuestionados por las comunidades, como el tranque el Mauro de la Minera los Pelambres, la planta de Valdivia de Celco-Arauco o el proyecto aurífero binacional Pascua Lama, avalan la percepción de que finalmente la participación de la ciudadanía más bien forma parte de un “blanqueamiento” de decisiones que ya están tomadas, más que de una herramienta que se valida y que logra cambiar el curso de las decisiones. Así lo refleja el proyecto “Diálogos ambientales: articulación y propuestas de participación ciudadana para la reforma ambiental chilena", apoyado por el Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil 2007, de la División de Organizaciones Sociales (DOS) y ejecutado por las organizaciones no gubernamentales (ONG) Ecosistemas, Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), Fundación Terram y la agrupación ciudadana Acción por los Cisnes. Su objetivo fue generar un espacio para recoger la evaluación y recomendaciones para la reforma ambiental en curso-iniciada tras el Acuerdo de Chagual acordado con diversas entidades y la Presidenta Michelle Bachelet en 2006, que como primer paso crea el Ministerio del Medio Ambiente y la superintendencia del área en base a la experiencia de comunidades involucradas en conflictos ambientales, específicamente en el ámbito de la participación ciudadana. Nula incidencia en las decisiones Luego de tres meses de recoger las impresiones de civiles que participaron en algún estudio de impacto ambiental (EIA), las conclusiones fueron lapidarias. En primer lugar, existe un generalizado nivel de frustración y desconfianza debido a la escasa o nula incidencia de los argumentos ciudadanos en las decisiones de las autoridades, proporcional a las enormes expectativas que tienen de influir en las decisiones de aprobación o rechazo de los proyectos. Esto se traduce en que se termina desincentivando, neutralizando o instrumentalizando la participación. Así se constata que el sistema opera para “mejorar ambientalmente” los proyectos y no para rechazarlos. De hecho, al verificar que existe casi imposibilidad de que los proyectos sean rechazados-salvo en casos donde existe una enorme presión ciudadana, como el freno al proyecto Alumysa, en la Región de Aisén, la conclusión es que esta instancia más bien busca validar el proceso. Para evitarlo, se propone “recuperar el sentido original de la participación ciudadana ambiental y que el Estado garantice el derecho de participación, expresado en la posibilidad de influir de forma directa y relevante en las decisiones”, según especifica el informe. Esta percepción se ve reforzada por la composición política de las comisiones regionales del medio ambiente, instancias encargadas de gestionar el SEIA, cuyos integrantes corresponden en su mayoría a cargos de confianza del Ejecutivo. Por ello, la solución que se contempla, es democratizar la elección de las autoridades regionales e incluir representantes de la sociedad civil en cada Corema. Cero objetividad de los estudios Otro punto que descoloca a los ciudadanos es la parcialidad técnica de los EIA, ya que son realizados por consultores financiados y contratados por las propias empresas, lo que se agrava con el hecho de que no se contempla ninguna instancia donde se exponga públicamente el resultado de las resoluciones asumidas por las autoridades. Es más, es bastante común que las empresas presenten en talleres públicos su postura convocados por la Conama, sin ningún contrapeso sobre la información presentada. Más aún, “pueden incluso presentar información incompleta o derechamente falsa, sin ningún reparo de los funcionarios públicos. El resultado es que los talleres de participación terminan neutralizando las inquietudes ciudadanas y favoreciendo la desinformación de la comunidad”. Para evitar esto, se propone que los estudios sean realizados con autonomía de los interesados y que los organismos públicos rindan cuentas de su posición técnica, difundiendo sus críticas a los EIA, fundamentando sus resoluciones e incluso promoviendo la presencia de expertos independientes en las actividades. Es mejor actuar al margen Por otra parte, hay una enorme desigualdad con respecto a los recursos para participar, ya que las comunidades deben echar mano sus propios medios y capacidades. Realidad muy distinta a las enormes herramientas con que cuentan los interesados y que se traducen en fuertes campañas comunicacionales y acciones para “comprar conciencias”. “En esta desigualdad, las comunidades que logran incidir en los procesos de evaluación ambiental son aquellas que se comprometen vitalmente, movilizando todos los recursos de que son capaces y dando origen, por lo general, a conflictos ambientales de impacto mediático. Es decir, son excepcionales”, detalla el estudio. Por eso, es fundamental que las comunidades tengan acceso a la información y a los recursos técnicos y operacionales necesarios. Quizá la conclusión más decidora sea que una vez que las comunidades han copado todos los espacios de participación ciudadana disponibles “llegan tarde o temprano a la conclusión de que la mera argumentación científica y legal no basta, y que para incidir en la decisión sobre los proyectos deben recurrir a la presión política y la movilización social”. Así, “los ciudadanos comprenden que, más que entrar en una discusión técnica rigurosa, que incluso obligaría a reconocer que no todos los aspectos de los proyectos son negativos ni todos los impactos son perjudiciales, lo que conviene al propósito de las comunidades es simplemente negarse y oponerse a los proyectos sin importar los argumentos que se utilicen. En definitiva, en los hechos se incentiva la participación y movilización ciudadana al margen del SEIA”.