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Dos diputados en ejercicio, el contralor general de la República y la alcaldesa Virginia Reginato aparecen dentro del largo listado contenido en la solicitud ingresada ante el Ministerio Público. La causa se abrió tras una querella en la que se acusa a la administración comunal de aprobar presupuestos adulterados para ocultar un multimillonario déficit.
Más de una veintena de autoridades, funcionarios y exfuncionarios podría ser citada a declarar en el marco del caso “Presupuestos Falsos de la Municipalidad de Viña del Mar”, luego de que el abogado querellante, Javier Gómez, ingresara una solicitud ante el Ministerio Público, a fin de que presten testimonio en calidad de testigos.
La investigación se abrió tras una querella criminal presentada por el propio Gómez en la que se acusa a la administración comunal de la ciudad jardín de aprobar presupuestos municipales adulterados entre 2011 y 2018, a fin de ocultar el déficit, que según destapó la Contraloría alcanzaba los $17.500 millones.
Así las cosas, en un escrito de 10 páginas, dirigido al fiscal Patricio Toro -perteneciente a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público y quien reemplazó al antiguo persecutor Claudio Rebeco, removido tras presentarse una querella en su contra- Gómez solicitó que sean citados en calidad de testigos los concejales Marcela Varas, Sandro Puebla, Macarena Urenda, Jaime Varas y Víctor Andaur.
A ellos se añade la propia alcaldesa Reginato y el exconcejal y actual diputado Andrés Celis (RN). Este último reconoció en una entrevista otorgada en 2018 a El Mercurio de Valparaíso que en sus tiempos como edil “el Departamento de Finanzas maquillaba mucho las cifras”.
Contralor Bermúdez y Osvaldo Urrutia (UDI)
El listado también lo integran el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, junto a otros ocho funcionarios del organismo de control que elaboraron el informe que destapó el déficit municipal en 2018.
Esto último, a fin de que “rectifiquen o ratifiquen” extractos de dicho documento que -entre sus conclusiones- apunta a que “se constató que, a lo menos desde el año 2015, la alcaldesa y el Concejo Municipal tomaron conocimiento de parte del déficit presupuestario que afectaba a la Municipalidad de Viña del Mar”.
También se suma otro actual diputado, Osvaldo Urrutia, además de Tomás Ochoa Capelli y Miguel Abumohor, todos funcionarios actuales o de la época de la Secretaria Comunal de Planificación Comunal (Secplac), a fin de que señalen si “constaban esos déficits en las cuentas públicas realizadas por la alcaldesa (…) o si bien, se entregaban sumas adulteradas dando cuenta de superávit inexistentes”.
A la solicitud de declaraciones se agrega también la petición para que brigadas de la PDI practiquen una serie de auditorías que aclaren los movimientos financieros de la casa edilicia.
Aún desformalizada
De este modo, sólo resta que la solicitud sea acogida o rechazada por el Ministerio Público, desde donde indicaron que la presentación aún está en análisis.
Respecto de la causa, aseveraron que la indagatoria se mantiene con diligencias en curso y que ésta aún no ha sido formalizada, por lo tanto no existe un plazo definido.
Precisamente el avance de la causa fue criticado por el abogado querellante, Javier Gómez, quien sostuvo que “es fundamental apurar la investigación” al no tener “ningún tipo de resultados, como ha sido la tónica en el Ministerio Público en la Unidad Anticorrupción en estas causas de delitos que están vinculados a la política”.
“Son reacios a formalizar, a investigar y terminan estas causas cerrándolas por vía administrativa, que es lo que nosotros no aceptaremos. La corrupción hay que combatirla, hay que sancionarla, los tratados internacionales nos obligan y no se están cumpliendo”, aseguró el también presidente de la Fundación Viña Transparente.
Consultada la alcaldesa Reginato al respecto, aseguró que “esto es un tema jurídico”. “Yo normalmente no contesto, porque contestan las personas que corresponden”, sostuvo escuetamente.
En tanto, el diputado Andrés Celis dijo estar “dispuesto” a declarar “y poder entregar mi parecer sobre todo el tema del presupuesto municipal hasta el año 2016 (año en que dejó el cargo)”.
“Es la obligación de uno (…) Todo lo que sea en pos de la transparencia, de la probidad y que se refiera con fiscalización y llegar a la certeza jurídica de lo que ocurrió con los presupuestos municipales me parece que está bien, no tengo ningún reparo, ninguna objeción”, añadió.
Radio Bío Bío intentó obtener una respuesta del diputado Osvaldo Urrutia, sin resultados.