Defendamos la ciudad

Decenas de ciudadanos de distintas comunas de Chile pasaban por lo mismo. Entonces, se unieron y levantaron la voz, pidiendo, más bien exigiendo, participación ciudadana efectiva en las decisiones locales. “El principal objetivo que tenemos es que en la ley se incluya el plebiscito y que sea vinculante, esto es, que el resultado sea obligatorio para nuestros representantes, que los hemos elegido y que no tienen ningún derecho a decidir cosas en nombre nuestro cuando son temas esenciales que afectan nuestra vida”, afirma Edgardo Condeza, presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos y miembro de esta red de organizaciones. Condeza aclara que, si bien en al actualidad la Presidenta y el Parlamento tienen las atribuciones de llamar a un plebiscito, resulta indispensable que esta posibilidad se amplíe a los ciudadanos para poder decidir también los temas que se consultarán y cuándo se hará. “Esto no es una concesión del gobierno ni del Estado, es un derecho natural que tenemos porque ellos no han cumplido con su deber porque no han consultado a la ciudadanía sobre esos temas”, señala. La Fundación Defendamos la Ciudad es otra de las organizaciones que adhiere a esta campaña, su presidente, Patricio Herman, sostiene que la decisión de instaurar plebiscitos de iniciativa ciudadana “pasa por la disyuntiva de si nos regimos bajo un régimen autoritario o bajo un régimen democrático”. “Lamentablemente en Chile a los ciudadanos se les llama, ‘vendiéndoles pomadas’, para elecciones políticas y la ciudadanía vota sin saber lo que está haciendo, por la falta de información”, dice Herman. Aclara que en el tema urbano y ambiental las decisiones necesariamente las deben tomar los principales afectados, es decir, las y los vecinos “porque los ciudadanos son los propietarios de la comuna”, dice Herman. En este sentido, los plebiscitos comunales serían una herramienta para “ir democratizando la gestión municipal, que hoy día es netamente autoritaria”, señala el presidente de Defendamos la Ciudad. Ejemplos “fantasmagóricos” ¿Por qué la urgencia en hacer efectiva la participación ciudadana en los municipio? Basta conocer algunos ejemplos para comenzar a comprender. Verónica Adrián una de las fundadoras de la Red Ciudadana por Ñuñoa. En mayo de 2006 un grupo de habitantes de esta tradicional comuna capitalina, consternados por el explosivo aumento de las construcciones de edificios de gran altura, decidieron ir a hablar con el alcalde y los concejales. Siguieron el conducto regular y se lanzaron a recolectar las cien firmas que exige la ley para llamar a audiencia pública. Verónica cuenta que en dos horas consiguieron mil firmas. La preocupación de los vecinos era evidente. No obstante, las cosas no saldrían como pensaban. “El alcalde encontró la manera para desvirtuar esta audiencia pública, convocarla él y limitar la cantidad de personas que estuvieran presentes en esa instancia. Desde un principio nos dimos cuenta que el alcalde no iba a estar abierto a escucharnos y tampoco tenía la práctica de la participación ciudadana incorporada a su política”, dice. Luego de meses en pugna lograron cambiar el Plan Regulador, pero Verónica cuenta que sólo se trasladaron los permisos de construcción a la periferia de la comuna, ampliando aún más superficies para edificaciones en altura, por consiguiente, beneficiando a las constructoras. En la actualidad se encuentran realizando los trámites para convocar a un plebiscito comunal. No obstante, la ley pone una serie de trabas: el 10% de la población de la comuna debe firmar ante notario, lo que en Ñuñoa significan doce mil firmas, que hay que pagarlas, y es vinculante sólo si participa el 50% más uno de los inscritos en los registros electorales del municipio. Asimismo, los plebiscitos no se pueden realizar en años de elecciones municipales y únicamente a partir del noveno mes previo a una elección presidencial. Pero están decididos a seguir adelante. “Ese es el último recurso que tenemos”, subraya Adrián. En Vitacura tendrán un plebiscito municipal en marzo de 2009. Para llegar a esto debieron pasar por lo que califican como “un verdadero vía crucis”. Luego de meses en disputa con las autoridades edilicias por la planificación urbana de la comuna, las y los miembros de la agrupación Salvemos Vitacura decidieron realizar el procedimiento legal para convocar a plebiscito. Y lo consiguieron. No obstante, el alcalde se negó a convocarlo. Finalmente, fue la Contraloría General de la República la que se debió pronunciar para que los vecinos tuvieran derecho a ejercer su participación ciudadana. Otro caso emblemático en Santiago es el de la Plaza Las Lilas, en la comuna de Providencia. Frente al inesperado cambio en el Plan Regulador, los vecinos de este exclusivo y apacible sector de la capital vieron cómo se derrumbaba el histórico cine para dar paso a la construcción de torres. Desde entonces, la organización Defendamos la Plaza Las Lilas ha estado en pie de guerra con el municipio. Denuncian corrupción, falta de transparencia, incluso, mafias. “Eso se da básicamente en las comunas más ‘pirulas’ donde hay más negocios inmobiliarios, porque las presiones son tremendas y, de una u otra formas, los funcionarios han sido capturados por los intereses privados de las inmobiliarias y estos funcionarios, que se deben a los vecinos, niegan la información, que es carácter pública porque han recibido instrucciones de los privados que hacen negocio en términos de que se mantenga bajo secreto”, cuenta Patricio Herman, quien asesora a los vecinos de Providencia. Herman califica de “fantasmagórico” que el Director de Obras de ese municipio haya argumentado que no podía entregar la información a los vecinos porque había recibido instrucciones de la inmobiliaria o que se estén construyendo torres de más de sesenta pisos de altura en el centro de la comuna, sin permisos de edificación. “Estamos llegando a un grado de descomposición social tremendo. Lo peor es que no vemos al gobierno arreglar este asunto”, declara. Pero no sólo en las comunas de mayores recursos ocurren estas cosas. Hasta la Villa Portales, en la comuna de Estación Central, llegó el Programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda. Este programa pone a disposición de los vecinos grandes sumas de dinero para mejorar sus barrios y enfatiza en la participación ciudadana en la toma de decisiones. No obstante, Mariel Sagredo, del Comité de Desarrollo y Protección de Villa Portales cuenta que en este caso no fue así. "En Villa Portales, hito arquitectónico a nivel mundial, hemos vivido una clara muestra del autoritarismo. Siendo la participación la esencia de este Programa, el equipo gubernamental apareció con los programas listos, los cuales no apuntan a las reales necesidades de los vecinos. Más bien cubren intereses del Proyecto de Plan Regulador de Estación Central”. Cuentan que dentro de este proyecto se ofrece construir una plaza por 600 millones de pesos, “seguramente la plaza más cara de Chile”, dicen, y un paseo por 900 millones. Mientras, los blocks de la villa sufren serios problemas de emanaciones de gas, no tienen ascensores y las construcciones se están deteriorando. “Este tipo de prácticas son bastante corrientes, el problema estriba en la falta de participación ciudadana, en el verdadero canal que tiene la ciudadanía en expresar cuáles son sus necesidades y, por lo mismo, eso no está siendo captado por la autoridad. En el país se está produciendo esta llegada desde las políticas centrales a generar soluciones locales que generalmente no son las adecuadas”, opina Verónica Adrián. Mociones legales Quienes trabajan por que en la Constitución se incluyan los plebiscitos comunales, regionales, incluso nacionales, de iniciativa ciudadana, argumentan que no sólo harían efectiva la participación de las personas en las decisiones, también ayudarían a descentralizar el país y, por cierto, a ponerlo al nivel muchas naciones que realizan comúnmente esta práctica. Edgardo Condeza relata que fue observador internacional en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos y que, en esa ocasión, se realizaron paralelamente más de cien plebiscitos ciudadanos. Lo único que requirieron fue agregar una papeleta al momento de votar. Eso es lo que espera implantar en Chile y lo que ha estado haciendo desde 1987 con el Comité de Elecciones Libre, en plena dictadura. Desde entonces Condeza ha encabezado decenas de plebiscitos en varias ciudades de Chile y asegura que se trata de un procedimiento fácil, barato, efectivo y, sobre todo, democrático. Las organizaciones que adhieren a esta cruzada ya están haciendo lobby con parlamentarios para incluir mociones en los proyectos de ley de participación ciudadana y de ley orgánica de municipalidades, donde se incluyen estas materias, que faciliten los procedimientos, amplíen los plazos en que se pueden realizar los plebiscitos, disminuyan el número de firmas necesarios para convocarlos y que se integren a las elecciones políticas. Un papelito más, afirman, le cambiaría la cara a nuestra democracia.