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presentadas por la concejala Gisela Vila desde 2018, con la excusa de que primero la Contraloría tenía que pronunciarse por las denuncias presentadas por esa misma concejala.
En la práctica eso implicó que el plazo de 2 años que establece el artículo 53 de la ley Nº 19.880 expiró para una parte de esas solicitudes de invalidación, permitiendo que se consolidaran diversas situaciones ilegales que afectarán a terceros.
La Contraloría acaba de dictaminar, ver documento adjunto, que esa paralización de las tramitaciones no tiene sustento jurídico y que debe adoptar las medidas que correspondan, por ejemplo, dar curso a las solicitudes de invalidación que todavía estén dentro de los 2 años y ampliar el plazo de tramitación si es necesario como lo ha señalado la Corte Suprema.
