Defendamos la ciudad

Por Claudia Urquieta En pie de guerra se encuentra el concejal Hugo Unda (PPD) y listo para usar toda su artillería contra el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza (UDI), al que acusa, entre otros puntos, de tener intereses incompatibles con su cargo. Por ello, iniciará dos acciones legales en contra del ex samurái de Joaquín Lavín: una querella ante el Ministerio Público y, paralelamente, una presentación ante el Tribunal Electoral, lo que podría desembocar en la inhabilitación del edil. Las acciones tienen como respaldo la ratificación que la Contraloría General de la República a la denuncia presentada por el representante concertacionista, en la que acusó a De la Maza de tener participación en una serie de empresas inmobiliarias y constructoras, omitiendo su vinculación a ellas, además de no haberse inhabilitado a la hora de votar las modificaciones al plano regulador en su rol de concejal y, posteriormente, alcalde. No conocía la ley La contienda se inició el 17 de agosto de 2006, cuando Unda advirtió al órgano fiscalizador un eventual conflicto de intereses del jefe comunal, tras lo cual el gremialista negó rotundamente los cargos. Legalmente, alcaldes y concejales deben presentar una declaración de intereses y patrimonio, que debe contener el detalle de sus actividades profesionales y económicas. En el caso de que se entreguen datos relevantes inexactos o se omita información, los funcionarios pueden ser sancionados con la destitución. Luego de nueve años ocupando cargos en la Municipalidad de Las Condes, primero como concejal (1996-2000) y luego como alcalde (desde 2000), De la Maza entregó en enero de 2005 y junio de 2006 sus declaraciones de intereses y patrimonio, en las cuales reconoció estar ligado a cuatro compañías. Pero no incluyó su vinculación a otras cuatro empresas, ya que, según lo respondido a la Contraloría, estimó que no eran relevantes y argumentó desconocer la obligación de informar inversiones a través de personas relacionadas, ya que ignoraba el alcance de la norma legal. En ese sentido, el alcalde consideró que no era necesario declarar algunas empresas que estaban inactivas y, por lo tanto, no producían renta o beneficio económico. En vista de lo anterior y sólo a raíz del informe del organismo, se hizo asesorar por profesionales expertos, tras lo cual concluyó que debió haber actuado distinto. Sin embargo, dos de las tres compañías que efectivamente terminaron su giro, lo hicieron meses después de que presentara su segunda declaración de propiedad y patrimonio. Frente a la necesidad de inhabilitarse al votar las modificaciones al plano regulador -a pesar de tener intereses en el sector inmobiliario-, el edil de la Alianza por Chile explicó que no tuvo ni tiene razón para excluirse, pues el proceso “es de carácter técnico y profesional y (...) no tiene ninguna importancia el interés personal”. Además, señaló que su opinión sólo era una más dentro de las personas involucradas y que los efectos en el negocio inmobiliario tras los cambios a los planos reguladores fueron más restrictivos, agregando limitaciones y exigencias. Al respecto, dice no comprender cómo se puede entender infringido el principio de probidad administrativa si los resultados son más gravosos para ese sector. Y precisó que tener intereses en ese rubro no significa que esas sociedades hagan negocios en la comuna. Contraloría no da tregua Respecto del desconocimiento de la ley a la que alude el edil, la Contraloría sostiene que los argumentos con que “la autoridad municipal pretende desvirtuar los fundamentos de la observación formulada carecen de validez y no pasan de constituir meras explicaciones, toda vez que ella misma reconoce que en las declaraciones de interés y de patrimonio que efectuara, no se consignaron todos los datos que debía considerar”. En relación con la no abstención en las votaciones del concejo municipal al realizarse las modificaciones al plano regulador, las razones entregadas por el funcionario no convencieron a la entidad, ya que afirma que, como él mismo reconoce, posee participación en sociedades cuyo giro es el negocio inmobiliario, que además no incluyó en sus declaraciones de interés y de patrimonio y que -a pesar de eso- no se inhabilitó del trámite mientras ejerció como concejal y alcalde. Ni pensar en una reelección Para el Concejal Unda, las conclusiones de la Contraloría son contundentes y "dejan constancia absoluta de que existe una omisión inexcusable". Asegura que sólo con este informe, las supuestas aspiraciones de repostularse del otrora alcalde rebelde de la UDI “se le van a las pailas. No podría tener la frescura de presentarse a una reelección”.