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La Tercera Sala del máximo tribunal, presidida por Sergio Muñoz, ratificó la legalidad del proyecto “Lomas de Peñalolén”. Vecinos acusan que la construcción amenaza un corredor biológico y que apenas se levantó la cuarentena en Santiago, la empresa arrasó con las especies nativas del sector.
El pasado miércoles 26 de agosto el ambiente estaba intranquilo en parte de las obras del proyecto inmobiliario “Lomas de Peñalolén”, desarrollado por la Inmobiliaria Pocuro en esa comuna.
En un terreno de 13 hectáreas, ubicado al lado poniente de la entrada del Parque Quebrada de Macul, vecinos del sector vienen desde hace años dando una constante pelea contra la iniciativa que pretende construir más de 200 viviendas en el sector. ¿La razón? Las agrupaciones vecinales denuncian la destrucción de una importante cantidad de bosque nativo esclerófilo en el lugar, cuya biodiversidad constituiría un corredor biológico en la zona.
La trama partió en 2014, cuando los habitantes del sector, alertados por el otorgamiento de un permiso de edificación por parte de la Municipalidad de Peñalolén para construir en la zona, se movilizaron con el objetivo de que los proyectos inmobiliarios se sometieran al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para evaluar su pertinencia y los efectos colaterales que traería la construcción.
“El proyecto de la Inmobiliaria Pocuro ingresó al SEA a través de una Declaración de Impacto Ambiental, que es la forma más leve de entrar. Cuando se ingresa de esta forma, necesariamente se le pide una gran cantidad de información, pero no hay un proceso de participación ciudadana obligado. Éste sólo se abre en el caso de que 10 personas naturales o jurídicas lo pidan y lo justifiquen. En este caso, lo solicitamos más de 90 personas naturales y 2 o 3 personas jurídicas, y el SEA rechazó esa solicitud, es decir, no permitió que hubiese participación ciudadana porque estimó que no habría personas afectadas por el proyecto, lo cual a todas luces es absurdo. Está aguas arriba de mucha gente, por lo que pase con las aguas lluvias, con el ruido y otros factores va a afectar a una población y eso es evidente. Sin embargo, se rechazó ese proceso”, afirmó Eduardo Giesen, un vecino del sector miembro del colectivo Viento Sur y participante del movimiento que se ha generado en defensa de la Precordillera.
Según explicó Giesen, fueron dos años de evaluación que terminó en 2018 con la aprobación, obteniendo la empresa una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. En ese sentido, los vecinos critican que la alternativa para paliar los efectos de la construcción haya sido a través de un plan de manejo que implica plantar árboles en otro sector.
“Lo que nos parece más grave es que lo aprueban en el contexto de un plan de manejo. Es una interpretación absurda que hace Conaf y que fue respaldado por los tribunales. Esto implica eliminar la totalidad del bosque nativo y plantar una cantidad similar de árboles de especímenes en otro lugar de la región. En el mejor de los casos, esos árboles van a crecer y van a llegar a tener las mismas condiciones de aquí, lo cual sabemos que no va a ocurrir. Pero aún cuando así fuera, lo que aquí se está eliminando no son sólo esas especies, sino también funciones ambientales que no se van a reproducir de ninguna manera en otro lugar, menos si esa zona no es la precordillera de Santiago. Se elimina la biodiversidad, la flora de menor tamaño y obviamente una enorme cantidad de fauna silvestre”, argumentó Giesen.
Así, tras presentar un recurso de protección con orden de no innovar, la empresa quedó impedida de continuar con las obras en octubre de 2019. Pero éste fue rechazado por la Corte de Apelaciones en mayo, cuyo fallo fue ratificado en julio por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco.
“Esto le dio la razón a la compañía, quien sólo se vio impedida de continuar con las obras por la pandemia. Una vez que se levantó la cuarentena, ellos no esperaron ni un minuto para destruir aceleradamente la fauna nativa del sector”, lamentó Giesen.
El diputado Tomás Hirsch (AH), anunció que, junto a las organizaciones vecinales del sector, intentarán llevar el caso a la Contraloría para que investigue si se han cumplido todos los pasos legales para autorizar el proyecto, a su vez que confirmó que pediría reuniones con el Ministerio del Medio Ambiente, Conaf y la Municipalidad de Peñalolén para que se justifique esta decisión.
“Este gobierno dice defender y proteger el medioambiente, el bosque nativo, la naturaleza y la sustentabilidad del desarrollo. Sin embargo, esas son palabras totalmente vacías, cuando se permite que un proyecto inmobiliario en los faldeos precordilleranos, destruya el poco bosque nativo esclerófilo que va quedando en la zona central chilena, y particularmente en el Gran Santiago. Somos una capital privilegiada, que tiene bosque nativo en la ciudad, que todavía ha logrado resistir el avance urbano. Pero se permite que una empresa constructora destruya este bosque para en su reemplazo poner ahí 200 viviendas ABC1, y como una única compensación se le exige que plante algunos árboles en la comuna de Alhué, a más de 150 kms del lugar en el que están destruyendo”, afirmó.
En esa línea, Hirsch describió que “la inmobiliaria, sin ningún escrúpulo ni consideración, en el primer día que se levanta la cuarentena en la comuna de Peñalolén, inmediatamente mete sus maquinarias a destruir de una forma brutal los árboles de este bosque nativo, que es único en este sector de la Región Metropolitana”.
Consultada la empresa por INTERFERENCIA, desde la Inmobiliaria Pocuro señalaron que “Lomas de Peñalolén cuenta con todos los permisos y estudios necesarios para construir viviendas en esta área urbana y zona residencial de la comuna de Peñalolén. Es un proyecto acotado de tres etapas y un total de 210 casas”.
A su vez, recordaron que “el proyecto fue sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y posee Resolución de Calificación Ambiental (RCA N° 318/2018) aprobada. Además, cuenta con Permiso de Edificación (15/2020), y la Autorización de Obras Preliminares y/o Demolición (35/2020), ambos otorgados por la Dirección de Obras Municipales de Peñalolén”.
A partir de ello, la empresa recalcó que “de la misma forma, se considera un plan de manejo y reforestación de bosque para ejecutar obras civiles aprobado por Conaf (N° 8/341 - 20/19), el cual cumple con las disposiciones de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Este plan de manejo contempla las especies quillay, litre y espino, las que ya fueron plantadas en la comuna de Alhué, en un terreno de la misma superficie del sitio de Peñalolén. De acuerdo al informe de la empresa Cultiva, 7.656 ejemplares de las especies mencionadas fueron plantadas durante julio de 2019”.
Por otra parte, desde Pocuro apuntan que “adicionalmente, Lomas de Peñalolén incluye un terreno de cerca de una hectárea que no será intervenida. Se trata de una franja de protección de 40 metros a lo largo de la quebrada La Gringa que se preservará de manera íntegra. También cabe destacar que el plan de arborización del proyecto considera que las especies sean en gran parte nativas del territorio”.
Finalmente, la inmobiliaria señaló que “es importante mencionar que ante un recurso de protección interpuesto por algunos miembros de la Comunidad Ecológica, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema señalaron que el proyecto no se ubica en una zona protegida, lo que fue ratificado por todos los organismos pertinentes. Desde el comienzo del desarrollo del proyecto hemos estado abiertos al diálogo con todos los vecinos del terreno. Esto seguirá siendo así en el futuro, pues estamos dispuestos a aclarar cualquier duda”.